Redacción El País
Como se esperaba, la guerra del presidente Donald Trump con la Universidad de Harvard se trasladó a los tribunales. Una jueza bloqueó ayer viernes de manera temporal la decisión del gobierno de Trump de impedir que Harvard matricule y acoja a estudiantes extranjeros.
El jueves, la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, revocó la potestad de Harvard para matricular a extranjeros, amenazando el futuro de miles de estudiantes y los valiosos recursos que inyectan a la institución.
Pero Harvard presentó una demanda en contra de la medida y la jueza Allison Burroughs, del tribunal federal de Massachusetts, prohibió “a la istración Trump implementar (...) la revocación de la certificación SEVIS (Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio)”.
La decisión gubernamental ha quedado suspendida hasta una audiencia judicial preliminar el 29 de mayo. “Harvard ha demostrado que, a menos que su petición de restringir temporalmente (la orden de Trump) sea aceptada, sufrirá un daño inmediato e irreparable”, apuntó la jueza.

Más de un cuarto de los alumnos de Harvard son extranjeros.
Horas después de darse a conocer la decisión de la jueza, Trump calificó en el Despacho Oval de “ridículo” que se le haya pagado a Harvard “miles de millones de dólares”, y afirmó que en la universidad hay alumnos que “no pueden sumar dos más dos”.
“¿Cómo puede alguien que no sabe sumar o tiene habilidades muy básicas entrar en Harvard? Luego ves a esas mismas personas gritando contra los Estados Unidos. Son antisemitas y no queremos alborotadores aquí”, expresó.
Trump está furioso con Harvard, de donde han salido 162 premios Nobel, por rechazar su exigencia de que se someta a supervisión en materia de isiones y contrataciones. Para el mandatario, la universidad es un foco de antisemitismo.
Su gobierno ya amenazó con revisar 9.000 millones de dólares de financiación a Harvard, congeló una primera partida de 2.200 millones de dólares en subvenciones y 60 millones de dólares en contratos oficiales, y deportó a una investigadora de la Facultad de Medicina de esa universidad.
Este es “el último acto del gobierno en clara represalia por el ejercicio de los derechos de Harvard, amparados por la Primera Enmienda, al rechazar las exigencias del gobierno para controlar la gobernanza, el currículo y la ‘ideología’ de su profesorado y estudiantes”, afirmó la universidad en su demanda.

Harvard pedía a la justicia “detener la acción arbitraria, caprichosa, ilegal e inconstitucional del gobierno”.
La pérdida de estudiantes extranjeros podría resultar costosa para Harvard, que cobra decenas de miles de dólares anuales de matrícula.
El subdirector de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, cuestionó la decisión de la jueza federal. Al conceder una pausa temporal, “una jueza comunista ha creado un derecho constitucional para que extranjeros (...) sean itidos en universidades estadounidenses financiadas con dólares de los impuestos estadounidenses”, dijo Miller.
El veto se dio mediante la revocación a Harvard de la certificación del programa SEVIS, que permite a los estudiantes extranjeros estudiar en Estados Unidos.
La revocación impediría a la universidad recibir a estudiantes internacionales con visados de no inmigrante F o J para el curso académico 2025-2026.
El presidente de Harvard, Alan Garber, condenó ayer viernes la “acción ilegal e injustificada” del gobierno de Trump.
“Pone en peligro el futuro de miles de estudiantes y académicos de Harvard y funciona como advertencia para innumerables personas de universidades de todo el país que han venido a Estados Unidos para continuar su educación y cumplir sus sueños”, señaló.

La secretaria de Seguridad Interior de Trump dijo el jueves que el gobierno “responsabiliza a Harvard por fomentar la violencia, el antisemitismo y la coordinación con el Partido Comunista Chino en su campus”.
Los estudiantes chinos representan más de una quinta parte de la matrícula internacional de Harvard, según cifras de la universidad. AFP, EFE
Princesa belga entre estudiantes afectados
La princesa heredera de la corona belga, Isabel, hija mayor del rey Felipe, es una de las estudiantes extranjeras de la universidad de Harvard, cuya situación quedó bajo un manto de incertidumbre ante las nuevas normas del gobierno de EE.UU. La princesa belga, de 23 años, cursa una maestría en políticas públicas en la escuela Kennedy, de Harvard, y aún tiene un año para finalizar sus estudios. Un vocero de la corona belga apuntó que el palacio real estaba “analizando” la situación.
Columbia también en la mira del Gobierno
La istración de Donald Trump ha acusado a la Universidad de Columbia, en Nueva York, de violar la Ley Federal de Derechos Civiles al mostrar “una deliberada indiferencia ante el entorno hostil que enfrontan sus estudiantes judios”.
En un comunicado, la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU. acusó al centro universitario, uno de los más prestigiosos del país, de violar el Titulo VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación por motivos de raza, color y origen nacional en programas y actividades que reciben fondos federales.
Según la Oficina de Derechos Civiles (OCR) la Universidad de Columbia “ha fallado continuamente en la protección de los estudiantes judíos”, citando “extensos hallazgos de una investigación” realizada desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha, cuando se produjo el ataque terrorista de Hamás contra Israel y el inicio de la guerra en Gaza.
“Los hallazgos documentan cuidadosamente el ambiente hostil que los estudiantes judíos de la Universidad de Columbia han tenido que soportar durante más de 19 meses, lo que ha afectado a su educación, seguridad y bienestar”, declaró Anthony Archeval, director interino de la Oficina de Derechos Civiles del HHS citado en el comunicado. “Alentamos a la Universidad de Columbia a colaborar con nosotros para llegar a un acuerdo que refleje cambios significativos que realmente protejan a los estudiantes judíos”, subraya.
La OCR estima que el centro universitario no logró establecer mecanismos efectivos de denuncia contra el antisemitismo hasta el verano de 2024, no cumplió debidamente con sus propias políticas y procedimientos al responder a las quejas de estudiantes judíos y no investigó ni sancionó debidamente el vandalismo en sus aulas, que incluye la reiterada representación de esvásticas y otras imágenes de odio universalmente reconocidas, entre otras cosas.
Según la OCR, esta advertencia forma parte de una iniciativa más amplia del Grupo de Trabajo Conjunto multiinstitucional de la istración para combatir el antisemitismo.
Durante el año pasado, manifestantes propalestinos en la Universidad de Columbia iniciaron una ola de manifestaciones que se propagó a los campus universitarios de todo el país y que culminó en campamentos y arrestos masivos.
Columbia se encuentra en negociaciones para recuperar los fondos federales que Trump le canceló. EFE
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