El presidente del Instituto Nacional de Colonización (INC), Eduardo Viera, sabe que tiene por delante el desafío de solucionar la situación en la que se encuentra: el conflicto con el artículo 200 de la Constitución, que imposibilita a los directores generales del Estado "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen" con el organismo que dirige.

Viera es colono —arrendatario—, y este fue un problema que la semana pasada advirtieron senadores del Partido Nacional y Partido Colorado, y que generó un ida y vuelta entre el oficialismo —que respaldó en bloque al jerarca— y la oposición, que exigió su renuncia para solucionar la incompatibilidad con la carta magna.

La postura de blancos y colorados es a su vez respaldada por la mayoría de los constitucionalistas y especialistas jurídicos que han opinado sobre el tema—el catedrático Martín Risso ya advirtió que el jerarca "tiene que renunciar" si se pretende resolver la contravención constitucional—, pero el gobierno de Yamandú Orsi ha manifestado que el camino que se iba a buscar para salir del paso era que Viera dejara la actividad como colono.

En un primer momento —el miércoles 21— el presidente dijo que Viera no podía "seguir más en su situación de colono". El secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, señaló al otro día que Viera podía traspasar el contrato a un familiar o que "la explotación de su tambo la lleve adelante una tercera persona", pero en palabras de Orsi el pasado viernes no es aceptable para el gobierno que coloque en su campo a un "testaferro". "Él tiene que poner a alguien a explotar esa unidad, que no puede ser él", fueron las palabras de Orsi, que también advirtió que Viera vive en su colonia y que no se lo puede "tirar a la calle por esto".

El posicionamiento del gobierno responde a un análisis jurídico hecho en la Torre Ejecutiva, por el cual se plantearon tres escenarios para resolver este caso —señalaron a El País fuentes del Poder Ejecutivo—, partiendo de la base de que "la designación es legítima" y que hay un problema de "incompatibilidad": el primero es la renuncia al cargo, el segundo es la renuncia a su calidad de colono y el tercero es que "no ejerza" como tal.

Pero como el asunto es materia de debate jurídico, en Presidencia también se solicitaron informes a dos constitucionalistas para estar seguros de lo que el jerarca puede o no hacer en relación al campo del que es arrendatario.

En el directorio del organismo esperan que la resolución final que tome Viera sea comunicada en la sesión de este miércoles.

En caso de que Viera opte por la transferencia a un familiar directo de su contrato con Colonización no sería de recibo para la oposición, cuyos senadores de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca esperan la visita del ministro Alfredo Fratti y el propio Viera el próximo 2 de junio para hablar de este tema y de la compra del campo en Florida por US$ 32,5 millones, que blancos y colorados cuestionaron por varios motivos.

"No se puede utilizar una pantalla jurídica, una ficción, para evadir una norma", dijo por ejemplo el senador colorado Pedro Bordaberry, consultado por El País por esta posibilidad.

"Es lo que la doctrina alemana llama disregard of legal entity y en Molles llamamos 'el mismo perro con distinto collar'", afirmó el senador de Vamos Uruguay.

Robert Silva, también senador colorado, aseguró en tanto que si la solución de Viera es que alguien cercano a él pase a explotar su colonia sería hacer "una trampa a la Constitución". "Sigo sosteniendo que tiene que renunciar. Esa es la solución", reafirmó.

Lo mismo cree Sebastián Da Silva, el senador blanco más activo con este tema. "No hay otra solución" que la renuncia, subrayó.