Aunque todavía no se anunció exactamente cómo se resolverá el conflicto en que se vio envuelto el presidente del Instituto Nacional de Colonización, el gobierno de Yamandú Orsi reconoció que Eduardo Viera no estaba respetando la Constitución al dirigir el organismo y al mismo tiempo dedicarse a la producción de su tierra como colono, y la solución encontrada a este embrollo es el jerarca evite la explotación del campo que arrienda.

Qué grado de contravención de la Constitución —que en su artículo 200 prohíbe a los directores generales del Estado "ejercer simultáneamente profesiones o actividades que, directa o indirectamente, se relacionen con la Institución a la que pertenecen"—, es algo sobre lo cual hay matices en el gobierno, porque para el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, no hay incompatibilidad en el hecho de que el jerarca sea colono (ver recuadro), mientras que para el presidente Orsi —que habló al respecto este miércoles—, Viera no podía "seguir más en su situación de colono", algo que anunció que cambiaría.

Pero más allá de ese matiz entre ambos, el tema tiene ahora una segunda discusión jurídica, con el telón de fondo de la compra del campo de 4.400 hectáreas en Florida —por unos US$ 32,5 millones, para que se instalen allí productores lecheros—, una decisión cuestionada por la oposición, y que de alguna manera es la polémica madre que desencadenó el debate que por estos días tiene el foco puesto en Colonización.

En la última sesión de la comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del Senado, los legisladores de la coalición republicana —particularmente, el colorado Pedro Bordaberry— plantearon que la contravención a la Constitución en que había incurrido Viera desde que tomó posesión del cargo hasta la fecha podría tener impacto en las decisiones tomadas como presidente del INC. En concreto, que sus actos "pueden ser pasibles de nulidad", afirmó Bordaberry en una sesión en la que se dispuso citar al ministro Alfredo Fratti para que ahonde en las explicaciones sobre la compra del campo en Florida pero también por el tema anterior, para lo cual se definió citar al mismo tiempo al propio Viera —quienes irán a esta comisión el próximo 2 de junio.

"Lo que sucedió es que alguien violó la norma interviniendo, votando en un directorio, cuando no podía hacerlo de acuerdo a la Constitución, y esto ocurrió respecto de la decisión de comprar el campo", dirá más tarde Bordaberry en la misma sesión, manifestando una preocupación compartida también por el Partido Nacional, en especial por el senador Sebastián Da Silva, quien preside este ámbito.

"Un riesgo de nulidad puede ser responsabilidad para el Estado, y por eso tenemos que prevenirlo", acotó también Bordaberry.

La discusión jurídica de fondo es compleja y, como suele ocurrir, hay dos bibliotecas.

La que sostiene el constitucionalista Martín Risso, por ejemplo, es que, pese a que el asunto "es discutible", puede "sostenerse que son nulos" los actos istrativos ejecutados por Viera. "No sé quién tendría legitimación para reclamarlo —agregó el catedrático—, pero puede haber una nulidad".

Esto correría, sin embargo, para el caso de que la contradicción con la Constitución sea resuelta, lo que a juicio de Risso solo sucederá si el titular de INC "renuncia a su condición de colono" (ver aparte).

Pero otros especialistas en derecho, como Daniel Ochs y Adrián Gutiérrez —constitucionalista el primero y istrativista el segundo— entienden que no habría un problema de nulidad con los actos promovidos por el titular del INC.

"La respuesta que daría es casi categórica —dijo Ochs—: los actos que este señor suscribió son validos. No pueden ser anulados porque ahora se advierta una irregularidad en su designación. Es algo que muchas veces se ve en el derecho istrativo, cuando personas que asumen una posición en la istración luego son cesadas con efecto retroactivo, y jamás se ha sostenido que sus actos tengan que caer".

Gutiérrez, por su lado, entiende que el hecho de que exista un problema constitucional no quiere decir que "se afecten" los actos istrativos generados por Viera. "Podría decirse que hay un vicio de competencia, porque quien lo dictó era incompetente, pero no es el caso. Puede haber un vicio de irregularidad —insistió—, pero eso no afecta el acto".

Además de respaldar la adquisición de las tierras en Florida, Alejandro Sánchez recordó que la compra que hizo Colonización implicó la suspensión de un negocio entre privados y que eso dejó sin efecto una comisión millonaria, que es la que se habría cobrado si se concretaba la compra de la estancia que estaba por cerrar el dueño del frigorífico Las Piedras, que tiene un predio lindero.

El artículo 35 de la Ley 11.029, que da la preferencia al INC para la compra de ciertas tierras, genera inevitables "enojos”, dijo el secretario de Presidencia. “Se enoja el que va a comprar”, porque pierde su negocio y quien promovió la venta porque no cobra una comisión —de 3% del vendedor y 3% del comprador— ya que cuando compra el INC eso no se paga. La comisión en este negocio ascendía a unos US$ 2 millones.

“Hubo muchas llamadas por teléfono desde el 24 de abril hasta el 14 de mayo”, período en que se analizó la compra y luego se tomó la decisión, agregó Sánchez este jueves en diálogo con Radiomundo.

“Entiendo el enojo del empresario nacional que hizo una negociación y se lo queda Colonización, y mucho más entiendo el enojo de quien iba a cobrar una comisión por la venta de ese campo”, insistió luego Sánchez en una rueda de prensa.