El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, habló ayer sobre la necesidad de mejorar la institucionalidad fiscal del país y anunció que la cartera está elaborando una propuesta con cambios al respecto, de cara al proyecto de ley de Presupuesto. Así lo expresó en “Propuestas para continuar fortaleciendo el marco fiscal en Uruguay”, un evento organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como parte de un proceso de diálogo técnico y divulgación pública, en el Hotel Radisson.

El BID acompaña y recomienda la implementación de ajustes al marco fiscal que se ha propuesto el gobierno en estos meses, lo que comenzó en la istración anterior.

El evento además del ministro Oddone, contó con la participación, del representante del BID en Uruguay, Luiz Ros, entre otras autoridades y técnicos de ambos organismos; en la audiencia estaban presentes sobre todo economistas.

El ministro afirmó, como en oportunidades anteriores, que la política económica de esta nueva istración se basa es acelerar el crecimiento económico de Uruguay (estancado en 1% promedio anual en la última décadar), para mantener la convivencia social.

“La única manera de sostener el modelo de convivencia y mejorar nuestros sistemas de protección social es que tengamos un nivel de crecimiento superior al que hemos tenido en la última década y el corazón está en la inversión privada. Por eso, las reglas macroeconómicas y la estabilidad macroeconómica e institucional son factores cruciales”, dijo Oddone.

Observó que la estabilidad fiscal institucional está en el centro del debate público y que el MEF está recogiendo recomendaciones de organismos internacionales, como el BID, para las mejoras que plantearán en ese ámbito próximamente.

Aunque no dio detalles sobre la hoja de ruta fiscal (actualmente en proceso), sí mostró hacia dónde irá. Destacó la importancia de fortalecer y darle más autonomía y recursos al Consejo Fiscal Asesor (CFA), así como brindarle más lineamientos al Comité de Expertos para hacer más robustas las estimaciones que están detrás de la regla fiscal. Habló de la importancia de trabajar conjuntamente con el Banco Central (BCU) y mencionó que la institucionalidad fiscal debe ser “más transparente, medianamente restrictiva, pero que al mismo tiempo que tenga la flexibilidad necesaria”, para poder manejar mejor los shocks económicos externos.

Su propósito, según afirmó luego de mencionar uno a uno los integrantes del equipo económico, es cumplir con la meta de llegar al proyecto de ley de Presupuesto 2025 con una propuesta concreta, que incluya metas y métricas más claras, además del planteo de la independencia que debería tener el CFA, entre otros aspectos.

Foto: MEF.

Oddone, en otras ocasiones, se refirió a la importancia de llegar a una definición de “nivel de deuda prudente”, lo que seguramente estará priorizado en los objetivos del MEF.

Esta definición no es nada fácil y en otros países se ha realizado teniendo en cuenta las dinámicas del mercado, el tipo de cambio (esto sería especialmente importante para un país dolarizado como Uruguay), descalces sobre la deuda bruta y los activos, entre otras variables.

Una delegación del Fondo Monetario Internacional (FMI) se encuentra en Uruguay esta semana, y Oddone reconoció que se trata una “autoridad técnica importante, que puede ayudarnos”, refiriéndose a la asistencia técnica en finanzas públicas. “La orientación de Washington es que podemos trabajar juntos”, agregó.

El ministro enfatizó que los accidentes fiscales han sido el inicio de las crisis económicas en Uruguay, pero que en la actualidad hay más conciencia de que reforzar el marco de la institucionalidad fiscal es central para la estabilidad interna, y para los inversores. La apuesta por el crecimiento del país pasa, de hecho, por aumentar las inversiones externas.

“Uruguay es consciente de que el marco de la institucionalidad fiscal, en términos de transparencia y de productividad, es crucial para el a los mercados, para la transmisión de señales adecuadas a los inversores y, por supuesto, también para poder establecer políticas basadas en la equidad”, afirmó Oddone.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Por su parte, los representantes del BID destacaron que están trabajando con gobiernos de varios países de la región que buscan mejorar las capacidades de los ministerios de Economía o Hacienda, y reducir sus vulnerabilidades.

Ros afirmó que para que el crecimiento económico sea sostenible, el pilar fundamental es una "buena regla fiscal y un marco fiscal bien definido", y que el BID acompañará el proceso de mejora que impulsa este país en esa línea.

El cambio climático y los riesgos geopolíticos (como las guerras, aranceles impuestos y demás) son algunos factores que llevan a realizar más evaluaciones de riesgos en la región últimamente, en cuanto al impacto de estos fenómenos en las finanzas públicas y en la sostenibilidad de las deudas.

El BID ha sido activo a la hora de asesorar en estas materias ya que, después de la pandemia del covid-19, la gran mayoría de los países de América Latina incumplió sus reglas fiscales y se enfrentan al dilema de reinstaurarlas, o de embarcarse en reformas más profundas de sus marcos de responsabilidad fiscal.

El evento de ayer contó con dos es enfocados en la materia: lineamientos de reglas fiscales en los países, a cargo de Oscar Valencia, especialista fiscal principal del BID en Washington D.C.; y las oportunidades para el fortalecimiento del marco fiscal en Uruguay con Jorge Rodriguez y Hermann Gonzalez, consultores BID.

Una consultoría del BID viene trabajando con las autoridades uruguayas en una hoja de ruta para reforzar la institucionalidad fiscal desde el año pasado, cuando Azucena Arbeleche estaba al frente del MEF.

Ya en agosto de 2024, en un evento sobre el tema en Montevideo, el BID valoró como positivo el hecho de que Uruguay tenga una regla fiscal, pero observó como punto de mejora que debería contar con un “nivel óptimo o prudente” de su deuda, el cual oficie como ancla fiscal.

Otro punto que destacó el organismo internacional en ese momento fue que Uruguay debería mejorar la evaluación del PIB potencial; esto es, la estimación de la cantidad máxima de bienes y servicios finales que una economía puede producir operando a su máxima capacidad.

En esa línea, instó a acotar el uso de factores extraordinarios en el balance estructural y advirtió del riesgo de que éstos se vuelvan permanentes. De ahí la importancia de, por ejemplo, los consejos fiscales asesores autónomos, para que puedan monitorear o alertar sobre esa evolución, así como las de “cláusulas de escape”, a las que se recurre ante coyunturas específicas (como ocurrió durante el covid-19), pero que en algunos países suelen continuarse por razones políticas y no técnicas.

Existen ocho consejos fiscales asesores en América Latina, aunque no todos ellos están enfocados en la evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, dado que también desempeñan otras funciones. Esto requiere redireccionamiento, manifestó el BID en el mencionado evento en el pasado agosto.

El BID es partidario de que el oportuno a la información del MEF por parte del CFA sea establecido legalmente, y que ese consejo tenga al menos un par de participaciones directas al año en el Parlamento.

En Chile, el nivel de deuda prudente es el 45% del Producto Interno Bruto (PIB), y fue definido a partir de recomendaciones del CFA.