La intención del Frente Amplio, y así lo plasmó en su cronograma la bancada de senadores, es que hoy la comisión especial que en el Senado analiza el proyecto de ley que reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) lo vote. Se busca llevar el texto aprobado al plenario el jueves y viernes para su sanción. Sin embargo, aún con avances, no está cerrado un acuerdo con la oposición.

Tanto los legisladores oficialistas como los opositores mantienen o permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas, en busca de un consenso que permita el salvataje de la institución, que en julio ya no podrá pagar sus obligaciones, y que todos coinciden deberá ser diferente al que seaprobó la semana pasada en la Cámara de Representantes, por considerarlo insuficiente. "Es pan para hoy y hambre para mañana", dijo este miércoles el senador nacionalista Sergio Botana, en línea con lo expresado la semana pasada por el ministro de Economía, Gabriel Oddone.

También se coincide en que, en mayor o menor medida, los profesionales activos y pasivos deberán hacer su aporte para que la salida funcione. Un aporte "sensato" como se mencionó a nivel parlamentario, en una estructura que deberá definirse en los próximos días. Una vez más, el debate gira en torno a cómo se estructura el peso de ese salvataje entre los diferentes actores.

El diagnóstico del ministro de Economía, hecho el jueves pasado en la comisión especial que analiza el tema en el Senado, no pudo ser más elocuente. La solución aprobada en Diputados con los votos de la oposición implica ingresos por unos US$ 30 millones, basados en aporte del Estado, cuando la caja prevé erogaciones de US$ 51 millones para este año. Para 2026 representaría US$ 39 millones, cuando las erogaciones previstas son por US$ 120 millones.

El Frente Amplio apunta a mantener la estructura financiera diseñada originalmente por el gobierno, que fracasó en Diputados, y que preveía recaudar unos US$ 33 millones anuales a través del incremento del 18,5% al 22,5% de los aportes de los afiliados activos, más otros US$ 44 millones por la "contribución pecuniaria" a crearse para los pasivos. El esquema se completaba con US$ 36 millones de aportes de Rentas Generales.

Fuentes del oficialismo indicaron a El País que existe disposición al diálogo y a, eventualmente, rediscutir ese esquema modificando los porcentajes de esos aportes. "Mover las perillas", como dijo un integrante de la bancada, en referencia a la famosa frase del expresidente Luis Lacalle Pou cuando gestionaba la pandemia por covid-19.

En el Partido Nacional hay consenso en que se deberá recuperar, en alguna medida, el incremento en la tasa de aportes de los profesionales y la creación de la "contribución" por parte de los pasivos. Al respecto, algunos legisladores pusieron sobre la mesa la posibilidad de que la carga mayor entre esas dos variables esté en los pasivos. Por lo pronto, con un tope de máximo del 8%, tal como lo había planteado el Poder Ejecutivo en su proyecto.

Una posibilidad que, por lo pronto, es vista con buenos ojos en la bancada de la coalición de izquierda. Esta última fórmula es impulsada por Aire Fresco y ganó apoyo en las últimas horas en otros sectores. La intención es, según señalaron fuentes partidarias, evitar que un mayor peso sobre los activos derive en un incremento de las declaraciones de no ejercicio.

Al respecto, el ministro Oddone -que en los últimos días conversó por teléfono, uno por uno, con todos los integrantes de la comisión - planteó como salida que esos "aportes" de los jubilados podrían, eventualmente, eliminarse en determinado plazo, si se encuentra alguna solución alternativa para reemplazar esos recursos.

Más allá de que se ite que "no hay otra salida", los blancos están dispuestos, en la discusión parlamentaria, a cobrarle al FA su rechazo al proyecto que, sobre la Caja de Profesionales, había propuesto el gobierno de Luis Lacalle Pou en 2023.

Sobre la mesa hay otras fórmulas posibles para generar el dinero que necesita la caja para ser viable en el mediano plazo. Al respecto, Botana propuso días atrás ampliar la base de aportes, o hacer que la institución pase a funcionar como una suerte de a privada (AFAP). "Desde el punto de vista jurídico, está muy cerca", reparó el senador.

Los blancos reunirán este miércoles a sus dos bancadas. La intención de los senadores es alinear a sus diputados para que, cuando el proyecto vuelva a la cámara baja, se refrenden los cambios que se están negociando. Los nacionalistas también consideran clave el respaldo de los colorados, ya que quieren evitar en lo posible votar la salida en el Senado solo junto al FA.

La Caja de Profesionales recibió el año pasado US$ 20 millones desde Rentas Generales, lo que supone el 0,46% de las transferencias estatales a la seguridad social. El grueso de esa cifra - US$ 15 millones - fue por el subsidio otorgado por la derogación del Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP).

La asistencia al subsistema quedó lejos de lo que recibió el Sistema de Servicios y Pensiones de las Fuerzas Armadas: US$ 550 millones. Según el informe de Rendición de Cuentas, a la "Caja Militar" fueron el 15% de todas las transferencias del Estado a la seguridad social. Otros US$ 100 millones se destinaron al pago de jubilaciones y pensiones militares que salen específicamente de Rentas Generales. Representó el triple de la asistencia que el Estado otorgó en 2024 al Banco de Previsión Social (BPS): US$ 183 millones.

El organismo estatal, a su vez, recibió menos asistencia que la Dirección Nacional de Asistencia y Seguridad Social Policial, a donde fueron el año pasado US$ 246 millones.

Por otra parte, a la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias fueron el año pasado US$ 10 millones, y a la Caja Notarial apenas US$ 30 mil.

El presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, planteó el lunes pasado ante la comisión especial el "fraude" que supone que se considere monotributistas o unipersonales a los trabajadores profesionales, obligados a facturar y a sostener una empresa cuando en realidad están en una relación de dependencia. Abdala apuntó sobre todo al Estado, muchas veces "el mayor desregulador de las relaciones laborales" ante las distintas formas de contratación que utiliza.

"Nunca pensé que iba a coincidir con el señor Marcelo Abdala", comentó la senadora nacionalista Graciela Bianchi. "No sé si es fraude laboral, pero se parece mucho. Quería dejar constancia que en este tema estoy de acuerdo con Marcelo Abdala", destacó.

La curiosa coincidencia fue destacada por el presidente de la comisión, Pedro Irigoin (MPP). "Es para mí un privilegio vivir este momento", comentó.