La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU)enfrenta una situación crítica, con pérdidas acumuladas de US$ 108 millones en los últimos dos años. Sin intervención, sus reservas se agotarían en julio de este año, con un déficit proyectado de US$ 50 millones entre julio y diciembre.El debate sobre cómo resolver esta crisis ha generado gran expectativa en el Parlamento, entre jubilados, profesionales jóvenes y el público en general, ya que las decisiones adoptadas podrían implicar aportes significativos desde las rentas generales y afectar al conjunto del sistema de seguridad social, aún sensible tras la reciente reforma.

Tras su aprobación parcial en Diputados, la propuesta se encuentra ahora en discusión en el Senado, donde podrían reintroducirse artículos clave rechazados en la primera instancia.

El proyecto de Ley inicial

El Proyecto de Ley inicial establece ajustes claves para buscar la sostenibilidad financiera a largo plazo de la CJPPU. La iniciativa propone una reconfiguración integral de las fuentes de financiamiento del sistema, combinando mayores aportes por parte de los afiliados activos y pasivos, así como una nueva forma de asistencia estatal.

Específicamente, entre los principales ajustes propuestos se encuentra el incremento de la tasa de aportación de los activos del 16,5% a 22,5% del salario ficto. Si bien desde 2022 se encuentra vigente un aumento transitorio del 2% autorizado por la Ley 20.130 —que llevó la tasa efectiva a 18,5%—, la nueva propuesta fija este incremento como permanente.

En cuanto a los pasivos, se establece una contribución obligatoria para jubilados y pensionistas que perciben más de 6 BPC ($39.456), con una estructura progresiva de alícuotas y una expectativa de recaudación entre 40 y 45 millones de dólares anuales.

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Otra de las principales fuentes de financiamiento de la caja son los timbres profesionales, que representan aproximadamente el 30% de sus ingresos. En lugar de ajustarse únicamente por la variación del IPC, como ocurre actualmente, el proyecto propone que su actualización se realice según la semi-suma del Índice Medio de Salarios Nominales (IMSN) y el IPC, con el objetivo de reflejar mejor la evolución de los costos del sistema.

Adicionalmente, se introduce un régimen de asistencia financiera por parte del Estado, que aportaría a la caja $110 millones mensuales por el resto del ejercicio 2025 y una suma igual a dos tercios del nuevo aporte de los afiliados pasivos a partir del 1° de enero del 2026.

Asimismo, se introduce una nueva escala de 15 categorías de sueldos fictos, con incrementos de categoría cada dos años, en lugar de los tres años previstos en la escala vigente. Accederían a esta nueva escala aquellos habilitados para el ejercicio de su profesión a partir del 1° de enero de 2026. Aquellos profesionales habilitados con anterioridad al 1° de enero del 2026 se mantendrían en su escala actual, pero con el nuevo aporte del 22,5%. Sin embargo, se plantea una tercera escala de salarios fictos a la que estos podrían acceder, donde afrontarían el mismo aporte que en su situación original.

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Se incluyen, además, otros cambios, como la Revisión del Sueldo Básico Jubilatorio, aumentos progresivos en cuanto a la edad de retiro (en línea con la reforma de la SS), y una reducción del tope de gasto de la istración, todos en la misma línea de aumentar los ingresos percibidos y reducir los egresos.

Modificaciones en la Comisión Especial de Diputados

El proyecto fue analizado por una comisión especial de Diputados creada específicamente para ejercer esta labor. Dentro de la comisión, la oposición propuso una serie de 11 cambios con respecto a la propuesta base del Poder Ejecutivo, de los cuales el oficialismo aceptó únicamente 8. Entre las modificaciones incorporadas destacan:

• Cambio en el ajuste de los timbres, que pasarían a actualizarse solo por IMSN.
• Aumento de la asistencia estatal a $125 millones mensuales en 2025 y al 80% de lo recaudado por los pasivos desde 2026.
• Creación de un régimen de endeudamiento de hasta 2000 millones de UI mediante títulos públicos y préstamos multilaterales, con garantía soberana del Estado.

Se mantuvieron sin cambios el aumento en la tasa de aportes de los activos y el aporte de los pasivos, pese al rechazo opositor, ya que el oficialismo tenía mayoría en la comisión especial. Solo se ajustaron levemente algunas franjas de ingresos.

Algunas modificaciones recogieron propuestas del Colegio de Contadores, como la actualización de timbres según el IMSN. Sin embargo, otras ideas —como ampliar la base de aportantes o establecer una asistencia estatal reembolsable— no fueron incorporadas en el texto aprobado por Diputados.

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Discusión en la Cámara de Diputados

El 28 de abril, el proyecto ingresó al plenario de la Cámara de Representantes con las modificaciones propuestas por la comisión especial. Se aprobaron artículos como el nuevo mecanismo de ajuste de timbres y la habilitación de endeudamiento por hasta 2000 millones de UI. Sin embargo, no se alcanzaron los votos necesarios para aprobar los dos puntos centrales del oficialismo: el aumento en la tasa de aportes de los activos y la contribución obligatoria de pasivos. En cambio, la oposición logró aprobar un aumento de la asistencia estatal a $220 millones mensuales en 2025, que desde 2026 se ajustaría según la recaudación del IASS actualizada por el IMSN.

El proyecto pasará ahora al Senado, donde el oficialismo tiene mayoría. Allí podrán reinstalarse propuestas rechazadas por Diputados. De aprobarse con cambios, el texto volverá a la Cámara Baja, que solo podrá aceptarlo o rechazarlo. Si es rechazado, podría recurrirse a la Asamblea General, aunque en ese ámbito el oficialismo no cuenta con la mayoría especial requerida para su aprobación.

Responsabilidad compartida y lecciones sobre una crisis anunciada

El debate en torno a la CJPPU refleja dos visiones de fondo sobre quién debe asumir la responsabilidad del ajuste: una que pone el foco en los afiliados activos y pasivos —al menos parcial—, y otra que asigna un mayor rol al Estado y al conjunto de la sociedad. Esta diferencia se traduce en propuestas divergentes respecto a la distribución del esfuerzo financiero, el alcance del apoyo estatal y el uso de fondos públicos.

Aunque el deterioro financiero actual se presenta como una urgencia, la situación era conocida desde hace tiempo. En 2023 se presentó un proyecto de ley elaborado por la propia CJPPU, consensuado con el Ejecutivo, pero su tratamiento fue postergado. La falta de acción oportuna agravó el problema, y hoy el rescate, se lleve adelante cualquiera de las soluciones debatidas, implica un costo que será asumido por toda la sociedad a través de rentas generales.

En este contexto, el debate en el Senado no puede limitarse a ajustes técnicos. Es necesario considerar también criterios de equidad y sostenibilidad intergeneracional, así como las lecciones que deja esta crisis. La sostenibilidad del sistema previsional sigue estando en primera plana, y exige más que recortes y reformas paramétricas: requiere una mirada integral que distribuya los costos de forma justa y evite que fallas de gobernanza o de diseño financiero vuelvan a comprometer la estabilidad del sistema.

- Kevin Maciel y Sofía Harguindeguy. Grant Thornton Uruguay y Paraguay