Redacción El País
Con sus votos, el Frente Amplio (FA), el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente aprobaron este miércoles, en términos generales, el proyecto de ley de reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios (Cjppu). Hasta allí llegaron las coincidencias en una sesión que terminó con la misma incógnita con la que empezó: quién será el sector o estamento que asuma los mayores costos del salvataje de la institución.

La falta de mayorías a un lado y otro provocó que el oficialismo y los tres partidos de la oposición mencionados se bloquearan mutuamente sus respectivos esquemas, que colocaban ese peso en los afiliados activos y pasivos -en el primer caso - o en el aporte del Estado y el financiamiento externo que pueda lograr la caja, en el segundo.

En resumen, lo aprobado solo prevé financiamiento estatal y la posibilidad de que la institución, con garantía del Estado, pueda tomar préstamos internacionales o emitir deuda para pagar jubilaciones.

Lo aprobado, gracias al apoyo particular de Cabildo Abierto y al retiro de sala de los dos diputados de Identidad Soberana, supone que el 70% del esquema de financiamiento previsto por el gobierno, por lo pronto, fracasó.

Todo quedará, entonces, en manos del Senado, en donde el Frente Amplio (FA), que tiene mayoría, deberá articular un acuerdo, en lo que varios legisladores han descrito como el "segundo tiempo" de la discusión.

El único aspecto vinculado al financiamiento que pudo prosperar fue un sustitutivo, promovido por la oposición, que plantea una aporte por parte del Estado de poco más de US$ 5 millones para este ejercicio, y a partir del 1° de enero de 2026, del equivalente a lo recaudado por IASS entre los pasivos, calculado en unos US$ 39 millones anuales.

Foto: Gianni Schiaffarino

"La Caja de Profesionales se encuentra frente a una crisis estructural y una situación crítica desde el punto de vista financiero y actuarial", advirtió en el informe en mayoría, presentado por el Frente Amplio (FA), el diputado Joaquín Garlo. Allí se insistió en que, sin medidas correctivas inmediatas, la caja no podrá pagar sus obligaciones a partir de julio. Así, a 50 días de haber asumido, el gobierno impulsó un proyecto que, se afirmó, asegurará la estabilidad del subsistema por los próximos 20 años.

En el informe del FA se consideró válido preguntarse cómo se llegó a esta situación. Para ello, el oficialismo se remontó a la fundación misma de la caja, en 1954. "La caja se crea para dar cobertura a profesionales independientes, que carecían de ella", se afirmó. Los dependientes, se indicó, sí contaban con ella a partir de otros subsistemas. "Bien vale rechazar la idea de que la caja surgió como un intento de obtener beneficios de privilegio por parte de los profesionales" se aseguró, al recordar que esto lo plantearon muchos colectivos que pasaron en estas últimas semanas en el Parlamento.

Así, prosiguió el informe, la caja surgió como un "esquema cerrado de seguridad social", con potestad para definir la inclusión de nuevos profesionales, lo que terminó por acotar el espectro de soluciones posibles a la crisis. A esta situación, el FA le agregó la evolución demográfica que afectó a todos los subsistemas y al hecho de que el cálculo de la jubilación se efectúa sobre los últimos tres años de actividad, con lo que hoy, un jubilado recibe entre dos y tres veces lo que aportó en actividad y logra recuperar en siete años lo aportado a lo largo de su vida.

Foto: Leonardo Mainé

El FA defendió la salida diseñada por el gobierno. "Debe ser, y es equilibrada. Es necesario que todos los actores sean parte de la solución a un problema que los involucra directamente. Hay hasta una razón de sentido común para esto", se apuntó. Así, la reforma busca "distribuir esfuerzos en proporción a las capacidades de cada actor involucrado".

El pensamiento fue resumido este miércoles por el presidente Yamandú Orsi, consultado en rueda de prensa. "No somos tan rígidos de no aceptar modificaciones que el Parlamento considera, siempre y cuando sea viable y sin recargar a la población con más peso" dijo. Orsi remarco que "hay sectores de la sociedad que no soportan más carga" y sostuvo que la salida para la caja "debe repartir la carga de manera equilibrada y justa" ya que, ejemplificó, "tampoco es un traje a medida que a todo el mundo le va a caer bien".

Desde el Partido Colorado, el diputado Conrado Rodríguez rechazó la comparación que, desde el oficialismo, se hizo entre la forma de contribución que existe en la Caja de Profesionales con respecto al Banco de Previsión Social (BPS). “Son actividades diferentes”, indicó, y añadió: “Hay profesionales que pueden ganar bien un mes y nada en los dos siguientes. Y aún así tienen que contribuir todos los meses”. Rodríguez apuntó que “no se le puede decir a los profesionales que son unos privilegiados y ‘a ver cómo se van a arreglar’. Han contribuido con la sociedad, con los impuestos y también con el IASS”.

A su turno, el nacionalista Pablo Abdala, con un tono conciliador, indicó: “Nos enfrentamos a una urgencia y no me parece lo más atinado ponerse a repartir culpas o cuentas entre distintos actores”. No obstante, destacó “con respeto” que la oposición está “dando hoy” en la discusión lo que no recibió en el “pasado más cercano” cuando era gobierno. Y explicó: “Pudiendo dar un portazo, sin embargo, vamos a votar en general y construimos una alternativa”.

Foto: Leonardo Mainé/El País

Las cifras del gobierno indican que, para este año, la caja cerrará con un déficit de US$ 51 millones, que se elevará a US$ 120 millones en 2026 y a US$ 150 millones en 2027. Así, si no se toman medidas, el déficit acumulado proyectado superaría los US$ 4.500 millones en los próximos 25 años.

La Caja de Profesionales tiene hoy 64 mil cotizantes activos, que sostienen las pasividades de 16 mil jubilados y de 5 mil pensionistas.

Cabildo Abierto fue uno de los partidos que este miércoles no votó el proyecto de ley en general, ni casi ningún artículo referido al financiamiento. “Quiero decirle a los profesionales que no quedaron en el tratamiento del proyecto en una diferencia política entre gobierno y oposición", afirmó el diputado Álvaro Perrone. "Lo que quedó expuesta es una lucha de poder entre las dos cámaras, la de diputados y senadores”", agregó.

Perrone cuestionó que "los senadores no aceptan que los temas se definan en la Cámara de Diputados”. “Los senadores siempre son los que definen y los que tienen el poder final. Ven que, con esta conformación de las cámaras, pierden poder. Eso lleva a exponer a sus propios diputados. Hoy, en esta sala, hay diputados que no podrán sus posiciones cuando el proyecto vuelva del Senado porque los senadores llegarán a acuerdos y van a mandatar a hacer lo que ellos dicen. Es la forma de quitar poder a Diputados y retomar el control total en el Senado”, afirmó.

Foto: Leonardo Mainé/El País