Con los votos de casi todos los partidos, la Cámara de Representantes aprobará hoy el proyecto de ley de reforma para la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu). La decisión habilitará que la iniciativa siga su trámite en el Senado y que allí pueda encontrarse una solución de consenso para una institución que, en poco más de un mes, ya no podrá hacer frente a sus obligaciones.

La sesión de este miércoles inicia con una incógnita inédita: cuál será el articulado que llegará a la cámara alta. Las principales dudas están sobre el esquema de financiamiento previsto para la caja, en donde ninguna de las dos alternativas planteadas tiene mayoría para su aprobación. O planteado de otra manera, dónde recaerá el peso de ese salvataje.

Con 48 votos seguros en 99 integrantes, la salida que propondrá el Frente Amplio (FA), que es la del gobierno, prevé un esquema que podría recaudar US$ 164 millones anuales para la caja. El 40% de esa fórmula se basa en el aporte de los afiliados activos, el 27% en el de los pasivos, y el 33% en "aportes de la sociedad", principalmente a través de Rentas Generales.

Blancos, colorados e independientes, con 47 votos seguros, plantearán un esquema alternativo, que prevé una recaudación de US$ 136 millones, basada en buena parte el de la institución a préstamos o endeudamiento y en el aporte estatal.

Para los profesiones activos, el proyecto del Poder Ejecutivo eleva la tasa de aportación de 18,5% a 22,5% del sueldo ficto de su categoría. Esto supondría una recaudación de US$ 33 millones anuales. Habilita a su vez a la institución a reducir en hasta dos puntos esta tasa si sus reservas financieras superan el 50% del presupuesto anual estimativo de sus obligaciones, y proyecte mantener ese nivel durante los siguientes tres años.

Blancos, colorados e independientes, en cambio, buscan mantener ese aporte e 18,5%, sabiendo que en enero de 2026 esa tasa, por ley, volverá a 16,5%. Por lo tanto, la fórmula opositora no prevé incremento de recursos por esta vía.

El proyecto del oficialismo apuesta para financiar a la caja a una "prestación de carácter pecuniario" a cargo de los jubilados y pensionistas, que gravará el monto de su asignación, de acuerdo a una escala, y que promediará 8%. En este caso, la recaudación anual estimada es de US$ 44 millones. La versión original de la iniciativa preveía un promedio de 9%. Si las reservas de la caja superaran el 50% de sus obligaciones y así siguieran por los tres años siguientes, esta "prestación" podría reducirse.

Blancos, colorados e independientes promoverán que este "impuesto" no sea creado. Por lo tanto, tampoco prevén recursos suplementarios para solventar a la caja por este vía.

El proyecto del gobierno, en tanto, establece una asistencia a cargo del Estado para este ejercicio por el equivalente hoy a US$ 36 millones anuales. Serán US$ 4 millones menos que lo previsto inicialmente, dada la reducción a la que accedió el oficialismo en cuanto al aporte de los pasivos. A partir de 2026, será igual a la suma del 80% del promedio mensual de los montos recaudados por la "contribución" de los pasivos.

En el otro extremo, blancos, colorados e independientes procuran, en cambio, una asistencia estatal mayor. Allí sugieren que sea equivalente a la recaudación del IASS que pagan los profesionales universitarios: unos US$ 39 millones anuales.

Ambos bloques coinciden en la recaudación prevista por los cambios paramétricos: US$ 32 millones anuales. En líneas generales, se adelantará el incremento en la edad de retiro con respecto al régimen general: los profesionales nacidos en 1967 se podrán jubilar a los 61 años, y así sucesivamente hasta los de 1973 y años siguientes, que podrán retirarse a los 65 años. Por otra parte, el nuevo régimen tomará el promedio de los últimos 20 años de aportes, en lugar de los últimos tres años.

La oposición buscó y obtuvo que el ajuste en el valor de los timbres profesionales sea a través del Índice Medio de Salarios, en lugar de por precios al consumo, y que los mismos se actualicen 10 puntos porcentuales desde julio desde este año durante cinco semestres consecutivos. Por este concepto se estima una recaudación de US$ 15 millones. La versión del oficialismo, en cambio, estima por esta vía unos US$ 18 millones anuales.

Otra fuente de financiamiento será la emisión de títulos de deuda por parte de la caja, o la obtención de préstamos con garantía del Estado, por US$ 50 millones al año.

El acuerdo también comprende a la prórroga en el plazo previsto para que los profesionales con deudas con la caja puedan acogerse a un plan de facilidades. Al respecto, la oposición afirma que, por esa vía, se llevan recuperados en el último semestre unos US$ 11,5 millones.

Por lo pronto, ni Cabildo Abierto ni Identidad Soberana votarán el proyecto en general, ni tampoco ninguna de las propuestas correspondientes al esquema de financiamiento. Incluso el diputado Gustavo Salle presentará su propio informe en minoría.

Este jueves el Senado tiene previsto darle ingreso al proyecto de ley de reforma de la Caja de Profesionales. Al igual que en Diputados, se copnformará una comisión especial para analizar el tema. Con 16 senadores más la vicepresidenta, el Frente Amplio (FA) cuenta con mayoría absoluta y está en condiciones de imponer sin cambios, sin quiere, la iniciativa del Poder Ejecutivo. Una decisión que parece simple pero que supone ciertos desafíos.

Cualquier modificación que el Senado haga deberá ser ratificada en Diputados, que como "tercera cámara" solo podría aprobar o rechazar todo el proyecto, sin posibilidad de introducir nuevos cambios. Si esos eventuales cambios se aceptan, la ley quedará sancionada. En caso contrario, quedará rechazado todo el proyecto.

Así, llegado el caso, la oposición podría hacer fracasar la iniciativa en esa tercera instancia, si considera que la ley no termin por recoger sus inquietudes.

El proceso prevé una última etapa. Ante un eventual rechazo en Diputados, el proyecto deberá ser sometido a consideración de la Asamblea General. Allí cualquier decisión, en uno o en otro sentido, deberá llegar con los votos de dos tercios de los legisladores.