En estos cien días de gobierno, la opinión pública se sorprende de los escasos golpes de timón realizados, después de una campaña en la que vendían que todo estaba mal. Lo que va quedando claro por ahora es la falta de un rumbo estratégico concreto, muy a diferencia del vigor transformador con que inició su gobierno Lacalle Pou en 2020, y aún a pesar de la pandemia que explotó a escasas dos semanas de su asunción.

Los temas de la política local han sido mayoritariamente de coyuntura, como la crisis de la Caja de Profesionales, que no se resolvió antes por la oposición enceguecida del FA al proyecto de la Coalición y que ahora pretende superarse con medidas más gravosas que las propuestas entonces. Pero atención, quienes creen que el FA en estos tres meses solo ha intentado apagar incendios y no ha cambiado nada, se equivocan.

El caso del famoso campo para el Instituto Nacional de Colonización es un buen ejemplo: como en el pasado, vuelven a dilapidar recursos públicos en apuestas dudosas, que benefician a un puñado de productores pero los retacean para reales urgencias presupuestales.

Aunque esta no fue la única iniciativa “vistosa” del gobierno.

Con perfil bastante bajo, se supo esta semana que el presidente Orsi y el ministro de Educación y Cultura Mahía derogaron un decreto promovido por Lacalle y da Silveira en noviembre del año pasado, que flexibilizaba la operación de las universidades privadas.

El objetivo de aquella propuesta estaba encuadrado en la estrategia del gobierno coalicionista de consagrar la libertad de enseñanza y fomentar el desarrollo de la educación terciaria y superior. El decreto habilitaba a las instituciones privadas que contaban con más de 20 años de autorizadas para funcionar, a solicitar al MEC su “autorización definitiva”, en tanto a lo largo de ese período nunca hubieran recibido observaciones graves de esa secretaría.

Obviamente la medida apuntaba a facilitar su gestión, en reconocimiento a su importancia y estimulando su desarrollo académico. Gracias a ese decreto, universidades como la Católica, ORT, UDE, Claeh y la de Montevideo quedaban habilitadas para incorporar nuevas carreras, diseñar maestrías en un año (pero manteniendo la carga horaria establecida) y programas de doble titulación, de manera mucho más dinámica. Además, ponía límites estrictos a la educación virtual asincrónica (impidiendo que alguien venga a vender carreras truchas basadas en videítos de internet), y generaba mecanismos más expeditivos para que se instalaran en el país universidades extranjeras. Esta apertura no impedía que el MEC siguiera ejerciendo el control, solamente abreviaba plazos y simplificaba trámites para que, por ejemplo, la puesta en práctica de una nueva carrera no le llevara a una universidad meses de idas y vueltas de expedientes.

Así lo entendieron rápidamente las universidades privadas, que en enero de este año ya elevaron al MEC las solicitudes de autorizaciones definitivas, las que fueron aprobadas por el gobierno anterior.

Pues bien, el actual no solo deroga el decreto, sino que además ¡hace caer las autorizaciones ya otorgadas!, una medida que es claramente inconstitucional por subvertir el principio de no retroactividad de las normas.

Orsi y Mahía fundamentan esta deplorable decisión en que el decreto anterior se formuló sin consultar al Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, un organismo que entre otros integra la Udelar (lo que hace que cualquier innovación que proponga una institución privada sea de conocimiento inmediato de la pública, con todo el tiempo para crear una oferta competitiva).

Sería bueno que el gobierno entendiera que ese Consejo es consultivo y no vinculante: esto quiere decir que el ministro tiene la potestad de pedirle asesoramiento si así lo desea, pero no la obligación de hacerlo, al menos dentro de los temas previstos por el decreto.

La situación actual es que prestigiosas universidades privadas como las ya citadas, que habían obtenido en enero sus autorizaciones definitivas, ahora asisten perplejas a que se las quitan retroactivamente. Y otra vez y como siempre, el gobierno no tiene previsto un plan alternativo, sino que tira la pelota hacia adelante, rumbo a otra “comisionitis” como las del diálogo social por la reforma previsional y la transformación educativa.

“Lo mismo que hicieron con la Biblioteca Nacional”, nos decía ayer una exautoridad del MEC, “primero rompen todo y después se ponen a discutir qué van a hacer”.

Improviso, luego existo.