La jueza Ximena Menchaca emitió un fallo condenatorio contra el exintendente de Soriano, Agustín Bascou, consta en la sentencia judicial a la que accedió El País. Lo condenó a 12 meses de libertad a prueba por el delito de conjunción de interés privado y público, en un caso que data del año 2017 durante su gestión (entre 2015 y 2020).

La jueza también dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por cuatro años y una multa de 100 Unidades Reajustables (UR), unos $ 180.000 .

Bascou había sido denunciado durante su gestión por comprar combustible para la intendencia en una estación de servicio que era de su propiedad. El fallo es apelable.

El condenado fue intendente interino de Soriano y luego titular (asumió en julio de 2015). A su vez, era dueño de tres estaciones de servicio con sello de Ancap. Dos de ellas estaban en Mercedes y la tercera en Dolores. El fallo concluye que aunque él no creó el convenio por el que las estaciones de servicio se beneficiaron, no hizo nada —cuando asumió— para frenar la conjunción de intereses que se generaba a partir de él. De hecho, durante su mandato, ese convenio se prorrogó, "beneficiándose económicamente por ello"

Además, destacó la magistrada Menchaca, el exintendente omitió informar a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) "el giro de actividad cumplido" por las empresas, una de ellas "era la venta de combustible que tenía entre sus clientes principales a la Intendencia de Soriano, cuando su condición de empresario y de jefe comunal al mismo tiempo podía generar un conflicto de intereses", dándose "una situación de incompabatibilidad para el ejercicio simultáneo de ambas actividades".

Por lo que concluyó "sin duda" que Bascou "tuvo plena conciencia de que su actuación podía resultar antijurídica" y pese a eso continuó "en forma contemporánea con el ejercicio de ambas actividades, no habiendo desplegado acción o acto alguno para impedir que sus empresas se vieran o pudieran verse beneficiadas económicamente al mantenerse tal situación".

Del caso participaron la misma jueza de la causa iniciada contra el intendente electo Guillermo Besozzi y la misma fiscal, Stella Alciaturi. Tanto Bascou como Besozzi son defendidos por los penalistas Juan Fagúndez y Pablo Vera.

La jueza también destacó que, según surge de la declaración del propio Bascou y otros funcionarios jerárquicos de la comuna, antes de asumir el cargo de intendente existieron reuniones que tenían como objetivo "delimitar si existía incompatibilidad o conflicto de intereses entre su condición de intendente y socio de las mencionadas empresas". La conclusión a la que llegaron tras haber tenido una conversación con el intendente de Tacuarembó, Wilson Ezquerra, y un estudio realizado por el Estudio Delpiazzo Abogados, es que no existía conjunción porque Bascou "no contrató el suministro de combustible con una empresa con la cual se encuentra vinculada en tanto ese contrato fue celebrado con Ancap".