Trascendió que la fiscal Sandra Fleitas va a “formalizar” la indagación del Dr. Charles Carrera por los actos que, desde el cargo que ejerció en el Ministerio del Interior, ordenó al Hospital Policial respecto al ciudadano rochense Víctor Hernández, malherido por una bala presuntamente originada en una fiesta de jerarcas policiales. Por resolución sin norma que la habilitara, el señor Hernández estuvo 4 años internado en el Hospital Policial, mientras su familia recibía $ 20.000 mensuales en tickets de alimentación.

La defensa del exsenador respondió con el anuncio de recusación y denuncia penal contra la Dra. Fleitas. Argumentó que en los 8 meses corridos desde que se fue del Senado, el Dr. Carrera estuvo defendiéndose de la imputación por abuso de funciones que blandió la anterior fiscal del caso, Dra. Silvia Porteiro. Adujo que se le afecta su derecho de defensa al cambiar esa figura genérica por las muy precisas de fraude, falsificación ideológica de documento público y utilización indebida de información privilegiada.

Por encima de quién tenga razón en ese debate jurídico, la situación del Dr. Carrera es singular. La anterior fiscal, Dra. Silvia Porteiro, pidió al Senado su desafuero. Antes que se empezara el trámite, el involucrado adoptó la digna actitud de renunciar a su banca y su candidatura. Pero la Fiscalía no pidió “formalizarlo” y lo dejó 8 meses en un limbo jurídicamente malsano.

Ahora bien. Las lesiones que dejaron lisiado al señor Hernández fueron patéticas y buscar repararlas saltándose leyes y reglamentos fue deplorable, pero esa tragedia de la vida ahora está pariendo ruidosas amenazas contra la fiscal competente. Y eso es un dislate.

Desgraciadamente, en las causas importantes se ha hecho costumbre poner en la picota pública al titular de la acción penal. Pasó en la Operación Océano. Pasó en el caso Astesiano. Pasó en la causa Penadés. Con ello se hace bajar a la Fiscalía del limpio pedestal de su magistratura a la sucia vereda de las pulseadas y los linchamientos mediáticos. Para frenar enjuiciamientos, se usa el ataque al fiscal, forma perversa del enfrentamiento, que ya deleznaban los lógicos del Derecho Romano. Hoy se ha hecho costumbre embadurnar a lengua suelta, perdiendo el respeto al fiscal actuante, al juez casi no actuante y al sistema penal todo. Pero no nos engañemos. Esta rebaja del concepto jurídico purificado a un cachascán impresentable no nos infecta por casualidad. Es uno de los malos frutos del Código del Proceso Penal que soportamos hace casi 8 años.

El Código ha hecho que el Derecho Penal de primera instancia ya no se elabore en el alma de los jueces sino en Fiscalías a las que la ley no les pide verdad fáctica ni jurídica sino construcción de acusaciones. Peor aún: ahora el proceso penal no busca recomponer el orden ético-jurídico violado por el delito sino resolver lo que se encara como un simple conflicto de intereses, donde generalmente la majestad de las sentencias se reemplaza por transas.

El caso de Charles Carrera es una confirmación más de que el actual Código del Proceso Penal fracasó entero y debe reemplazárselo con sensibilidad y urgencia.

¿O hay que esperar más disparates para decidirnos a restituir al Poder Judicial sus fueros constitucionales y salvar la esencia del Derecho Penal, en un Uruguay atropellado por delitos de todos los calibres?