Apenas asumió, el gobierno de Yamandú Orsi puso su mirada en el combate al lavado de activosen el país, un punto que, según las actuales autoridades, venía con muchos “debes” en la agenda, de la istración anterior.La Estrategia Nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo se elaboró en 2023 y 2024, en base a una Evaluación Nacional de Riesgos realizada en 2022. Si bien la Estrategia Nacional es considerada en términos generales “válida” por el actual gobierno, está en revisión y se han introducido cambios que se proyecta sean aprobados pronto.

Entre ellos, está bajar el umbral de las transacciones del dinero en efectivo, revisar o eliminar la “debida diligencia simplificada” (es decir, menores controles en ciertos casos), facilitar las tareas para los “sujetos obligados” de control —financieros (bancos, as de créditos, asesores de inversión, aseguradoras, entre otros) y no financieros (contadores, escribanos, zonas francas, casinos, entre otros)— cumplan mejor su rol, desarrollar mecanismos de supervisión con mayor impacto y con menos tolerancia en los plazos de entrega de información requerida y llegar más al interior del país, entre otras medidas. También está bajo análisis la Fiscalía Antilavado, con opiniones a favor y en contra.

Otro punto de cambio será ampliar la cantidad de sectores o tipo de organizaciones identificadas como fuentes potenciales de riesgo, entre ellas: las organizaciones sin fines de lucro (que ya están incluidas), las sociedades por acciones simplificadas (SAS) —se habló de establecer una nueva reglamentación para mitigar riesgos a ese nivel—, las automotoras de alta gama (tema complejo al existir unas 1.400 en el país) y el trading vinculado al exterior, que está en auge.

Todos estos temas fueron abordados en “Perspectivas de la prevención de lavado de activos en Uruguay: visión del Estado y del sector privado”, un conversatorio organizado por la World Compliance Association (WCA), Capítulo Uruguay, con la participación de autoridades de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), abogados especializados en temas de prevención del lavado y otros que se desarrolló ayer.

Francisco Flores. El País.

Los expositores fueron Sandra Libonatti, titular de la Senaclaft; Daniel Espinosa, asesor de la Senaclaft; Ricardo Gil Iribarne, asesor de la Senaclaft; Diego Buela Trevisan, especialista en prevención del lavado de activos y moderador; Leonardo Costa, socio de Brum, Costa Abogados; Alejandro Montesdeoca, consultor internacional que elaboró la Estrategia Nacional; Lydia López, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Escribanos; Cristina Freire, presidenta del Colegio de Contadores, Economistas y es (Cceau); y Carlos Serra, especialista en Gestión de Riesgos y moderador.

Algunas declaraciones fueron dardos a la istración anterior: salió el tema de la estafa de Conexión Ganadera (un indicador de que en otros sectores puede pasar lo mismo, dijeron); los temores de que Uruguay entre en una lista negra; la baja percepción del riesgo en gran parte de los escribanos y contadores que son “sujetos obligados” a reportar operaciones sospechosas de lavado.

Además, criticaron que muchas veces las circulares del Banco Central (BCU) “exceden” con sus exigencias a la propia ley y a los decretos reglamentarios; de las operaciones sospechosas y sus controles en Argentina y su impacto en este lado del río, y más.

“¿Has ido a Ciudad del Este (Paraguay)? No te preocupes que Ciudad del Este viene a vos”, ironizó Montesdeoca al referirse al departamento de Rivera, un lugar complejo donde ya “no solo se hace contrabando de Garotos”, advirtió.

Libonatti reconoció que el sistema de prevención de lavado de activos no es efectivo en el país, siendo además muy bajo el nivel de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS). Asumió que, aunque el origen de esto es multicausal, el principal responsable es el Estado, porque así lo marca la ley.

En ese marco, los objetivos son una mejor coordinación entre los distintos participantes del sistema (para no duplicar funciones y hacer más transparente la información, dentro de lo legal), capacitar más para que los ROS sean más eficientes, y mejorar otros procedimientos de cara a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2030.

“El país tiene serios problemas de seguridad. El lavado de activos incide en distintos delitos, pero más que todo en seguridad”, señaló Libonatti, agregando que “no estamos atacando los riesgos que identificamos”. Se refería a que, por ejemplo, no se realizan estudios de tipologías por dónde están pasando los fondos y bienes.

Libonatti hizo énfasis en que la Senaclaft carece de carácter permanente y que su personal generalmente rota, dependiendo de cada istración. La propuesta, entonces, es que la entidad tenga estructura y presupuesto acorde.

La representante de la Secretaría Nacional Antilavado habló también sobre cómo los “sujetos obligados” de detectar operaciones sospechosas, con frecuencia completan check-lists, sin tener una percepción real del riesgo. “Apelamos a la profesionalidad, a que conozcan al cliente, que reporten bien. Tengan confianza en la confidencialidad de la información. No duden, el reporte no se va a filtrar”, afirmó.

No todos los escribanos o auditores estuvieron de acuerdo, en la medida en que algunos consideran que el Estado les ha “transferido” la carga de controlar y argumentan que no son ni policías ni detectives. López apuntó que muchos profesionales ven esa tarea como un peso burocrático, que además tiene un costo para ellos, y que si se entendiera mejor por qué se hace, se asumiría mejor.

Por su parte, Freire dijo que “como contadores sentimos que quieren que seamos detectives o detectores de delitos de defraudación. Hay cosas que exceden a nosotros. Pero, además, en Conexión ganadera quedó demostrado que el que no controla es el Estado”.

“A los contadores nos incluyeron (como sujetos obligados) y aceptamos, pero bajen un cambio, porque a veces las exigencias son difíciles de cumplir”, reclamó.

Para Freire, las nuevas exigencias a los sujetos obligados enrarecen las relaciones del profesional con sus clientes, lo que es un factor que incide en la actividad. “Hay profesionales que no toman riesgos con narcotraficantes como clientes y otros sí”, acotó. Y al referirse a este tema en otro momento de su exposición, dijo que nadie quiere “terminar en una cuneta”.

Varios expertos trajeron un tema espinoso: “los secretos del país”. En esa línea, Libonatti consideró que cierta información se debería compartir más, a nivel público-privado y privado-privado, para mejorar la coordinación del sistema en su conjunto.

“No hay intención de cambiar el secreto bancario, ni el secreto tributario”, se atajó al referirse a este punto.

A su turno, Costa opinó en cambio que “el secreto tributario ha perdido su razón de ser”, o por ejemplo el por qué no se puede saber quiénes son los dueños de una sociedad determinada. “Existe un viejo Uruguay de los secretos que no deberían existir”, afirmó.

Espinosa fue incisivo al opinar que “en el período pasado se bajó un escalón (en los controles), no hubo voluntad política, los organismos no le daban al lavado la importancia que tiene”. Además, arremetió contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y la creación de la figura de “debida diligencia simplificada”, que promovió controles financieros más laxos.

De su lado, Gil Iribarne recordó delitos que fueron muy sonados en el país en los últimos años, en los que el Estado demostró inoperancia, al tiempo que los barrios Borro, Marconi o Centro Norte no son los únicos en lo que hay bocas de droga, sino también en las fiestas de Carrasco y Punta del Este, además de tiroteos que han ocurrido en plena rambla de Montevideo.

“No hay delitos de cuello blanco, son todos delitos de sangre”, dijo Gil Iribarne, parafraseando al consejero para Asuntos Políticos y Económicos de la Embajada de Estados Unidos, Eric Geelan, quien afirmó, precisamente, —en el lanzamiento del Capítulo Uruguay de la WCA en 2023— que el lavado de activos es un "crimen sanguinario", en lugar de uno de “cuello blanco” como se cree.

Francisco Flores. El País

Al igual que otros expositores, el asesor de la Senaclaft observó que los ROS son pocos, menos en cantidad que en 2019 (año en el que fue electo Luis Lacalle Pou), y que además “ninguno ha llegado a la Justicia”. “Si el sistema no se tensa, hay impunidad”, afirmó.

Montesdeoca planteó que, en un contexto de aceleración de fenómenos económicos y delictivos, se requiere reforzar el sistema para combatirlos, incluyendo nuevas tecnologías.

En esa línea, Costa destacó que uno de los principales desafíos de las nuevas autoridades será romper con la “inercia de la burocracia”, justamente en un momento en que la percepción del riesgo ha caído en el país. “La Comisión (Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo) se volvió a reunir después de mucho tiempo, pero se requiere también nuevos liderazgos”, señaló.

Los expositores coincidieron en que se debería dar directivas más claras a los “sujetos obligados” sobre lo que hay que hacer y por qué, para que den sentido a los controles de las transacciones sospechosas. “También es riesgoso aumentar la cantidad de sujetos obligados sin recursos suficientes”, opinó Costa.

El abogado advirtió asimismo que la ley no contempla el factor “monto de dinero”, cuando en realidad a mayor cantidad, mayor riesgo. Y ante las posiciones que buscan eliminar la Fiscalía Antilavado, se manifestó cauto. “La experiencia sobre la investigación que hacen allí, no es mala. Todos los países tienen Fiscalía Antilavado, la dejaría un poco más para evaluar”, defendió.

La baja percepción al riesgo que existe en el país, sobre todo en el interior, quedó evidenciada cuando alguien de la audiencia preguntó si en Uruguay había o no trata de personas, un delito concatenado al de tráfico de mercancías, de armas, delitos informáticos y demás, que ya fue detectado localmente desde hace algunos años.