Mientras el presidente Yamandú Orsi recorría el departamento de Salto y el Frente Amplio preparaba su cierre de campaña en Montevideo y varios otros departamentos, el gobierno terminó de definir dos anteproyectos de ley que serán enviados al Parlamento "a la brevedad" luego de las elecciones de este domingo, señalaron a El País fuentes oficiales.

Las iniciativas fueron definidas en la segunda reunión de la comisión contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, organismo que es presidido por Jorge Díaz como prosecretario de Presidencia. Y ahora serán remitidas a Orsi para su valoración, antes de que sean recibidas por el Poder Legislativo.

En el encuentro donde esto quedó acordado, que tuvo lugar ayer jueves de tarde en Torre Ejecutiva, y en el que participaron representantes de ministerios como el de Interior, Defensa y Cancillería y otros organismos como la Secretaría Nacional contra el lavado y la Fiscalía General de la Nación, lo que se terminó de ajustar fue la redacción de un par de modificaciones para dos normativas vigentes y aprobadas los dos anteriores gobiernos del Frente Amplio (2010-2020) : la Ley de Lavado de Activos y la Ley de Inclusión Financiera.

En el primer caso, lo acordado por el gobierno es proponer la eliminación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos que había sido creada por la Rendición de Cuentas de 2021

La propuesta, que este viernes llegó al "consenso" de todo el gobierno, fue planteada por la actual fiscal subrogante de Corte, Mónica Ferrero, por razones que surgieron tras los dos años de experiencia de funcionamiento de esa fiscalía —que se instaló recién en el año 2023, y cuya titularidad es hoy ejercida por Enrique Rodríguez.

Una de ellas es la baja cantidad de condenas logradas por esta fiscalía en el tiempo que lleva funcionando, lo que no tiene conforme a Ferrero.

El diagnóstico arriba de la mesa es que "se ha generado un embudo que no deja pasar nada o que pasa todo muy lento", dijo una fuente del gobierno consultada por El País. "Los resultados no están a la vista", se valoró en ese sentido.

Pero otra razón tiene que ver con la forma de trabajo —la forma de investigación— que quedó instalada con la creación de esta oficina, y que en los hechos implica que los delitos de lavado de activo se indaguen en forma paralela a los ilícitos precedentes de esa figura, algo que va en sentido contrario a las "recomendaciones internacionales".

Esto ha tenido como consecuencia, en la práctica, dificultades para llevar adelante investigaciones en departamentos del interior, en donde en una primera instancia, ante denuncias, los fiscales locales intervienen de urgencia tomando medidas cautelares —o no tomándolas— sin seguir el criterio que hubiera aplicado el fiscal titular en Montevideo, que es el que luego centraliza todas las causas.

"Nadie está conforme" en el gobierno con cómo ha funcionado esta oficina, dijo la fuente.

La modificación a la norma sobre inclusión financiera apunta, como ya lo anunció Díaz tras el último Consejo de Ministros semanas atrás, a acotar el monto permitido para hacer transacciones en efectivos, un margen que la Ley de Urgente Consideración (LUC) aprobada por el gobierno de Luis Lacalle Pou —en un artículo que se buscó derogar en el referéndum que fracasó en las urnas en marzo de 2022— amplió.

El tope actualmente está fijado en 1.000.000 de Unidades Indexadas —unos US$ 150.874, a valor actual—, una cifra considerada excesiva por el Frente Amplio, que ya en sus Bases Programáticas para este período, presentadas en campaña electoral, se consignaba entre las acciones prioritarias a implementar la búsqueda de "mecanismos para reducir los topes de transacciones bancarias" junto con el objetivo de "desestimular las transacciones en efectivo". Para llevar eso adelante, ya se proyectaban "las modificaciones legales y los cambios institucionales que permitan" este cambio y otras líneas de acción que tengan como meta "potenciar el sistema de contralor vinculado a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos".

El texto está pronto, pero el nuevo máximo no está escrito, porque esto último será definido por el primer mandatario, algo que el prosecetario de Presidencia ya había adelantado en el encuentro del gabinete del 22 de abril pasado.

Esta iniciativa se plantea en paralelo a la que hace algunas semanas presentó la bancada de senadores del Frente Amplio, encabezada en este tema por el legislador Eduardo Brenta. El tope propuesto en ese caso fue de US$ 20.000.