Redacción El País
Mientras el senador Miguel Uribe Turbay sigue internado en estado delicado tras el atentado a balazos que recibió el sábado, la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo, aseguró ayer lunes que la investigación apunta a un grupo criminal organizado y que las autoridades están enfocadas ahora en esclarecer quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
Hasta ayer el único detenido era un adolescente, autor material de los disparos. “Somos perfectamente conscientes de que este muchacho que fue aprehendido es apenas un ejecutor material”, afirmó Camargo, y agregó que su “propósito es poder establecer quién determinó esa acción criminal”.
La fiscal explicó que se trata de una investigación de gran escala que cuenta con al menos 180 funcionarios entre investigadores de la Fiscalía, agentes de inteligencia y de la Policía Nacional: “estamos realizando una investigación juiciosa, transparente y seria, con todas nuestras capacidades”, aseguró.
Durante la indagación las autoridades trazaron el recorrido completo del menor de 15 años que disparó contra el senador del partido Centro Democrático desde su casa hasta el parque en Modelia, donde ocurrió el atentado, y luego su ruta de escape.
El adolescente se encuentra actualmente en un hospital siendo tratado por una herida de bala en su pierna y bajo estrictas medidas de protección debido a amenazas recibidas tras la difusión de su identidad en redes sociales.
Ayer le imputaron los cargos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas, dijo la Fiscalía. Agregó que el adolescente “podría exponerse a una pena de 8 años” de cárcel.
Hasta ese momento, su custodia “está garantizada” por el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) y la Dirección de Protección de la Policía, “no será internado en un centro para menores porque no se puede garantizar su seguridad en esas condiciones”, por lo que la fiscal propondrá moverlo a “una zona especial del búnker de la Fiscalía, aislado de población adulta y bajo vigilancia permanente”, explicó la fiscal Camargo.
La pistola usada en el atentado contra Uribe fue adquirida en Arizona (Estados Unidos) en 2020.
“La Policía ya identificó dónde fue adquirida el arma y se investiga cómo llegó a Colombia y en qué otros hechos delictivos podría haber estado involucrada”, indicó la fiscal.
Reiteró que ya se han realizado 23 entrevistas, incluyendo testigos presenciales y familiares del menor, y se han examinado más de 1.000 videos: “Estamos perfilando a quienes podrían ser los determinadores del crimen. Buscamos una cadena de responsabilidad completa”.
El senador Uribe Turbay, herido el sábado en un acto político, permanece en estado crítico en la Fundación Santa Fe de Bogotá. La gravedad del ataque ha sacudido al país y ha encendido alarmas sobre la seguridad en el proceso electoral hacia 2026.
Uribe fue impactado por dos proyectiles en la cabeza y otro en la rodilla. El político de 39 años pasó por una primera cirugía la madrugada del domingo.
La clínica Fundación Santa Fe de Bogotá informó ayer lunes que Uribe “ha tenido una escasa respuesta a las intervenciones y los manejos médicos realizados”. “Su situación reviste de la máxima gravedad. Por lo tanto, el pronóstico continúa siendo de carácter reservado”, agregó en un comunicado.
Petro denuncia
En tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció ayer lunes que el dispositivo de seguridad de Uribe “fue disminuido extrañamente” antes de ser baleado el sábado.
Petro aseguró que el número de escoltas fue reducido “el día del atentado”. Pasó de “7 a 3 personas” previo al ataque, dijo en la red social X.
En Colombia la seguridad de políticos de alto perfil o personas amenazadas está a cargo de una entidad oficial llamada Unidad Nacional de Protección (UNP).
El abogado de Uribe dijo este lunes que presentó una denuncia penal contra el director de la UNP. (Ver nota en esta página).
Sin embargo, la fiscal Camargo dijo a periodistas que Uribe tenía un esquema de seguridad igual al de otros congresistas: siete escoltas y dos automóviles blindados. La fiscal no mencionó que el dispositivo se haya reducido.
Un adolescente de 15 años fue capturado por los guardaespaldas de Uribe como sospechoso de intentar asesinar al aspirante presidencial para las elecciones de 2026. En videos de cámaras de seguridad se ve que lo persiguen una decena de personas.
Una de las hipótesis es que fue contratado por una “red sicarial” que busca a menores de edad para ejecutar “conductas tan graves como” el atentado contra Uribe. EFE, AFP
Atacante fue a “jóvenes en paz”
El presidente Gustavo Petro informó ayer lunes que el menor que atentó el sábado contra Miguel Uribe Turbay formó parte del programa “Jóvenes en paz”, creado por su Gobierno, y aseguró que “demostró una personalidad completamente conflictiva”. Este programa busca implementar una ruta de atención para jóvenes de comunidades vulnerables. Petro agregó que, según el informe de los profesionales, el adolescente “demostró una personalidad completamente conflictiva, sin capacidad de establecer vínculos intersociales”. “Duró dos meses, no asistió a ninguna clase, y se retiró voluntariamente”, agregó.
Demanda penal de la familia
La familia de Miguel Uribe Turbay presentó ayer lunes una denuncia penal contra la Unidad Nacional de Protección (UNP), adscrita al Ministerio del Interior, por presunta negligencia respecto a las peticiones del político.
“Durante 2025 hicimos más de 23 solicitudes de reforzamiento de protección. La última se presentó el 5 de junio del presente año”, dijo el abogado de la familia, Víctor Mosquera, desde la Clínica Fundación Santa Fe, donde Uribe Turbay se encuentra en estado crítico tras ser disparado el sábado en un mitin.
Según explicó el abogado, esas solicitudes advertían que Uribe, considerado desde 2023 como un dirigente en “riesgo extraordinario”, debía contar con medidas especiales al convertirse en precandidato de oposición. Sin embargo, aseguró que todas las respuestas por parte de la UNP eran “un copy-paste”, descartando el refuerzo. “La UNP no tuvo en cuenta que en octubre de 2024 ya era candidato presidencial y que debía mejorar sus condiciones de seguridad”, añadió Mosquera.
El abogado denunció que Uribe Turbay viajó sin escoltas a Cartagena en mayo para asistir a la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia y que la negativa a cubrir esos desplazamientos dejó al precandidato “en estado absoluto de indefensión”. Por ello, la familia solicitó a la Fiscalía abrir una nueva línea de investigación para esclarecer si hubo omisión institucional que facilitó el ataque. EFE
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