Redacción El País
El Congreso de Ecuador, de mayoría oficialista, aprobó ayer martes una reforma constitucional para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras, que deberá ser avalada ahora en referéndum.
El presidente Daniel Noboa propuso en octubre el cambio en la Constitución para levantar la prohibición que existía sobre las bases militares, con el objetivo declarado de fortalecer su guerra contra el narcotráfico.
La Asamblea Nacional, unicameral, aprobó la reforma con el apoyo de 82 de sus 151 en una votación. “Este es un aporte decidido a la seguridad, en contra del crimen transnacional y para el retorno de la paz al territorio” ecuatoriano, señaló el Parlamento en su cuenta en la red social X.
La Corte Constitucional deberá ahora examinar el texto sobre la reforma que será sometida a referéndum, y que será convocado por Noboa en un plazo de 45 días, tal como establece la actual Constitución vigente desde 2008.
El expresidente Rafael Correa (2007-2017) impulsó esa prohibición. También dio por terminado un acuerdo que permitió a Estados Unidos el uso durante una década de una base de la Fuerza Aérea Ecuatoriana en el puerto pesquero de Manta para operaciones militares antidrogas hasta 2009.
El correísmo, que cuenta con 66 escaños al igual que el partido en el gobierno (ADN) pero que tiene el apoyo de otros sectores, se opuso a la iniciativa de Noboa. “Lo mejor es que haya cooperación entre los países de América Latina para evitar las bases militares o el armamento nuclear”, dijo en el debate Ricardo Patiño, exministro de Defensa y Relaciones Exteriores de Correa.
Por su parte, el oficialista Nataly Morillo destacó que con la aprobación de esta reforma, el Estado “dará un paso importante en su lucha contra el crimen organizado trasnacional, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el tráfico de armas y toda la violencia que emerge de estos mercados criminales que afecta a la vida cotidiana”.
La mayoría de legisladores coincidió en la necesidad de combatir a los “ejércitos criminales”, dotados de armas de guerra, flujos financieros millonarios y redes globales, reza un comunicado de la Asamblea Nacional.
La legisladora Nuria Butiñá, del opositor movimiento Revolución Ciudadana (RC), liderado por Correa, advirtió que la reforma constitucional podría dejar abierta la posibilidad de que decisiones políticas coyunturales comprometan de forma irreversible la soberanía territorial y militar del Estado.
Sin embargo, los legisladores precisaron que la propuesta no restringe derechos ni garantías constitucionales, apuntaron que el 90% de los homicidios están vinculados al narcotráfico y recordaron que, durante la operación de la Base de Manta, “las incautaciones de cocaína aumentaron en un 498%”, dice el escrito. El Legislativo señaló luego en un comunicado que dio luz verde a la reforma constitucional “con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado transnacional”.
“Esta reforma constituye un camino hacia el establecimiento de bases militares extranjeras y la recuperación de la seguridad nacional mediante la cooperación estratégica, el intercambio de inteligencia y la transferencia tecnológica, lo cual permitirá fortalecer las capacidades operativas del Estado”, agregó.
El documento aprobado ayer deberá ser remitido a la Corte Constitucional, que tiene 20 días para el análisis.
En una gira por el exterior en mayo, Noboa afirmó que Israel quiere “ayudar” a Ecuador con inteligencia para aplicar en esa lucha contra el narcotráfico. El mandatario, quien se autodefine de centroizquierda, también ha buscado estrechar lazos con Estados Unidos.
Ante la violencia desatada por una veintena de bandas con nexos con carteles internacionales, que a sangre y fuego se disputan el poder, Noboa -en el cargo desde noviembre de 2023 y reelegido hasta mayo de 2029- declaró el año pasado a Ecuador en conflicto armado interno, lo que le permite mantener a las Fuerzas Armadas en las calles. AFP, EFE
Arrestan a hermano y familiares de Fito
La justicia ecuatoriana ordenó la prisión preventiva para un hermano y familiares políticos del narcotraficante José Adolfo Macías Villamar (Fito), líder de la banda criminal Los Choneros, una de las más grandes del país, quien lleva más de un año prófugo tras fugarse de la cárcel. Las detenciones tuvieron lugar el lunes en el marco del denominado operativo “Centinela VI” ejecutado en la provincias de Manabí, Guayas y Pichincha (cuya capital es Quito) para atacar la economía de la estructura criminal de Fito. Entre los detenidos figuran Yandry Nicomedes Macías Villamar, hermano del líder de Los Choneros, investigado por presunto lavado de activos, así como Verónica Narcisa B.Z. pareja sentimental de Fito. Asimismo, fueron arrestados Jorge Alberto P.T. (cuñado), Hermelindo B.B.y Dolores Onila Z.S. (padres de la pareja de Fito) y José Gregorio B.Z. (hermano de la pareja de Fito).
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