El gobierno busca comenzar este año con el plan piloto de la campaña nacional de alfabetización en cárceles, indicó la coordinadora del Programa Nacional de Educación en Cárceles (PNEC) del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriela Pasturino, en diálogo con El País.

Lograr que más presos aprendan a leer y escribir, o sean capaces de realizar cálculos básicos, es una de las 63 medidas prioritarias de la istración de Yamandú Orsi. Un informe del MEC en algunas cárceles, presentado en 2023, arrojó que el analfabetismo funcional o total llegaba al 53,5 de la población carcelaria.

Tras relevarse recientemente, nuevamente, todas las cárceles, se concluyó que estas cifras están estables. “Más o menos, la mitad de la población carcelaria está en esa situación”, dijo Pasturino.

El gobierno busca alfabetizar a 3.500 reclusos en este quinquenio. La Dirección Nacional de Educación, liderada por Gabriel Quirici, inició un trabajo con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), el que encabeza Ana Juanche.

“La educación en cárceles no solo busca reparar trayectorias educativas interrumpidas, sino también habilitar a las personas para su integración social plena, en el más amplio de los sentidos”, remarcó el MEC en un comunicado.

Pasturino reconoció que no se llegará al 53,5%, que hoy serían casi 9.000 personas. Sin embargo, la funcionaria valoró que se busca “empezar por algún lugar”, y hacerlo lo “antes posible”.

“Podríamos decir ‘vamos a llegar a todas las personas’, pero eso es improbable. Buscamos alcanzar una cifra que sea un desafío para la política pública, pero que es un objetivo lograble y necesario”, destacó.

“No es una cifra para nada menor, es muy interesante. Aunque se pueda poner hoy toda la fuerza docente para cubrir todo el universo, tampoco sería viable por las resistencias de los reclusos”, dijo Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, en declaraciones a El País.

Petit presentó 40 medidas para cambiar el sistema. Y, entre ellas, pidió “reforzar las acciones para atender los casos de personas analfabetas o con serias dificultades”. También recomendó hacer un “programa específico de educación formal en cárcel”.

“En la cárcel todo se hace con solicitudes escritas. Esas personas están en el fondo del fondo”, graficó Pasturino sobre el impacto del analfabetismo. “El lenguaje media con la sociedad, y nos permite reflexionar sobre lo que hacemos, lo que somos, y nos construye identitariamente”, manifestó.

Ahora marcarán las grandes líneas del plan entre MEC, INR y ANEP, para luego incluir otras instituciones, como la Udelar. También se van a evaluar los antecedentes nacionales e internacionales, para luego ver qué técnicos harán el dispositivo del piloto.

“No tenemos acordada la fecha, pero sabemos que queremos hacer el piloto este año. Todas las instituciones entendemos la premura de la situación y estamos alineadas a empezar lo antes posible”, dijo.

Si bien desde el ámbito político “se pueden trazar las líneas o prioridades”, aclaró que será el “ámbito técnico el que va a terminar definiendo cómo serán esos dispositivos”, y que se va “corregir lo necesario” para llegar a los 3.500 presos.

“El a internet o a un salón de clases no es sencillo. La idea es pensar un dispositivo que pueda adaptarse a la infraestructura”, acotó.

Pasturino y Petit valoraron que los cursos de alfabetización no deberían ser obligatorios. “La educación como proceso de transformación personal no es un proceso que pueda hacerse obligado”, dijo la coordinadora.

“No hay nadie que dude que la situación del INR es muy compleja y que hay que abordarla con urgencia. Esto no abarca solo lo educativo, pero también en este sentido”, enfatizó.

“Este informe muestra datos que nos alarman, pero que fundamentalmente deben ocuparnos con sentido de urgencia y con sentido de oportunidad”, comienza diciendo el relevamiento del analfabetismo en presos, encomendado por la istración de Luis Lacalle Pou, el que contó con financiamiento del gobierno de Corea del Sur.

En marzo de 2023 se conocieron los datos de la prueba de detección de analfabetismo, que incluyó escritura, comprensión lectora, cálculos matemáticos y geometría, realizada a 413 reclusos del ex Comcar (Unidad 4) y de la cárcel de Salto (Unidad 20), durante el 2022.

“Más de la mitad de quienes la realizaron (53,5%) son analfabetos”, destacó el informe, a partir del cual luego la DNE, encabezada por Gonzalo Baroni, realizó “sugerencias” tales como “elaborar planes contextualizados”.

Más de la mitad de los analfabetos tenía menos de 32 años y el 44% entre 18 y 27. Solo un 16% dijo haber participado en propuestas de educación formal y un 8,4%, en las de educación no formal. También surgió que solo el 53,8% de los analfabetos dijo haber aprobado algún año de Primaria.

Este modelo de detección de analfabetismo se replicó a la totalidad de las cárceles y los datos no variaron. Es preciso "reforzar los procesos educativos mediante una currícula específica orientada a la alfabetización en lectoescritura, cálculo y resolución de situaciones", concluyó luego el MEC.