"La guerra contra el narcotráfico está perdida”, dijo esta semana el futuro ministro del Interior, Carlos Negro. La sentencia extractada generó polémica. Para las actuales autoridades es inaceptable y una mala señal en el comienzo de la gestión. El autor de la frase y el propio presidente electo, Yamandú Orsi, señalaron la descontextualización del titular, y precisaron que la opinión se enmarca en un razonamiento más generalista y hasta filosófico sobre el fenómeno global del narcotráfico y el fracaso de las estrategias en clave bélica para erradicarlo. El cruce se generó, además, en una semana en la que la guerra territorial vinculada al tráfico de drogas en Cerro Norte recrudeció.

Pero más allá de los cruces políticos en medio de la transición y el espiral de violencia en los barrios, ¿cuál es la realidad del narcotráfico en Uruguay? El actual gobierno pasa raya y es en materia de represión del tráfico de pasta base donde puede exhibir sus mejores números.

Entre 2020 y 2024 se desarticularon 4.671 bocas de pasta base, a un ritmo de 2,5 por día. El número supera cuatro veces el total de bocas cerradas en la gestión a cargo del Frente Amplio entre 2015-2019. Ese quinquenio culminó con 1.162 bocas desarticuladas.

Pero el principal resultado se mide en kilos ya que el actual período marcó un récord en decomiso de pasta base, la sustancia más dañina que circula en el mercado y la que explica gran parte del lucrativo negocio de la droga en los barrios.

El volumen de esta droga que se sacó de circulación en cinco años superó las 4,7 toneladas, nueve veces más de lo incautado en el período anterior, que culminó con apenas 531 kilos decomisados.

Los logros son producto de un cambio de estrategia con respecto al tráfico interno de droga en Montevideo y el área Metropolitana.

Fuentes del Ministerio del Interior explicaron a El País que este cambio de estrategia consistió en dejar de ir únicamente por la boca, que es el último eslabón de la organización, para pasar a perseguir a toda la organización.

En ese sentido se elaboró un Plan Nacional de lucha contra el Narcotráfico, determinando objetivos y líneas de acción para su cumplimiento, se volvieron a crear las Brigadas Departamentales Antidrogas de Montevideo y Canelones para fortalecer la fuerza represiva, lo que además fue apoyado por la creación de dos fiscalías especializadas en estupefacientes.

En las investigaciones se fortaleció el seguimiento del dinero, de manera de golpear el patrimonio de las organizaciones. También se potenció el trabajo de inteligencia, con apoyo de tecnología, en las investigaciones criminales sobre el microtráfico.

“Esto nos permitió establecer quiénes eran los líderes; aquellas personas que nunca vamos a encontrar en una boca vendiendo droga, aquellos que nunca la tocan y que son los dueños de la droga y líderes del clan familiar u organización”, se indicó.

Las organizaciones dedicadas a la venta de pasta base están compartimentadas: quienes venden o vigilan la boca no saben dónde está el acopio, el dinero o las armas, y quien la distribuye no conoce al capitalista dueño del cargamento ni a sus os dentro y fuera de fronteras.

Para descabezar las organizaciones se estableció una categorizaron con requisitos para considerarlos grupos criminales. Finalmente, en un trabajo que no tiene precedentes en el país, fueron mapeados 46 grupos criminales, algunos con el manejo de hasta 30 bocas de pasta base, y se concluyó que la gran mayoría son clanes familiares por su vínculo sanguíneo o afinidad.

“Utilizando mucha inteligencia táctica comenzamos a golpear a la organización; desde las cabezas hasta el último eslabón”, indicó la fuente.

Esta estrategia condujo a la mayor incautación de pasta base en la historia del país. Ocurrió en noviembre, cuando la investigación apuntó a una embarcación pesquera atracada en la playa de San Luis donde fueron encontrados 36 bolsones conteniendo 530 ladrillos de pasta base (1.070.050 kilos) que serían destinados a Europa y representaban un valor de 13 millones de euros. En ese operativo se incautaron armas y dinero; fueron detenidas diez personas y resultaron heridos dos funcionarios policiales.

Foto: Leonardo Mainé/Archivo El País.

Desde hace tres décadas que Cerro Norte es un problema para la Policía. En los noventa del siglo pasad “mandaba” allí Gustavo de Armas, un peligroso traficante de drogas que llegó incluso a tener un supermercado. Y, cada vez que caía en prisión, manejaba sus “negocios” desde la cárcel. De Armas tuvo como lugarteniente a Néstor Peña Otero, tristemente conocido como “el Rambo”. Este individuo protagonizó un motín en la cárcel donde mantuvo de rehén a un periodista y a una camarógrafo de un canal. Muerto De Armas, “el Rambo” cre- ció en el Penal de Libertad. Su lugarteniente era Alejandro de Armas, “el Ale”. Años más tarde, el “Ale” se enemistó con Peña Otero. Ultimó al “Rambo” con una pistola 9 milímetros que, misteriosamente, apareció dentro del Penal de Libertad. En ese entonces ya asomaba la figura de Luis Alberto Suárez Correa, alias “el Betito”, como capo del Cerro Norte. Suárez Correa tiene un historial delictivo por participar en bandas de asaltantes. Esta “generación” de delincuentes vio asomar una nueva figura: el sicariato. Adolescentes y jóvenes que matan por $ 3.000 y un puñado de dosis de pasta base. Ahora la puja es entre los Suárez y los Colorados por dominar el tráfico de drogas en Cerro Norte, según fuentes policiales.