La Justicia uruguaya exigió a fines de febrero a unos padres antivacunas de Carmelo (Colonia) que inocularan a su hija de dos años y medio con todas las dosis obligatorias que tengan pendientes. Les dio un plazo de 15 días, bajo riesgo de perder la patria potestad de la menor.

De las 16 vacunas indicadas para un menor de esa edad, según lo que establece el calendario del Ministerio de Salud Pública (MSP) —validado sin reparos por las asociaciones de pediatras—, el padre de la niña dijo a El País que ella solo cuenta con la de la BCG, la que se da al nacer. Según indicó, en ese momento, inocularon a la niña, que nació de forma prematura, sin su consentimiento. “Es la única vacuna que tiene, no le hemos dado ninguna otra”, dijo.

Tras la última decisión judicial del 20 de febrero los padres interpusieron el 26 del mismo mes recursos de reposición y apelación. En el escrito, al que accedió El País, se remarcó que la menor “no se encuentra en ninguna situación de riesgo” y que sus progenitores “cumplen cabalmente con los deberes inherentes a la patria potestad”.

“La niña presenta un estado de salud normal, sin alteraciones de ningún tipo. Es una niña sana, con un desarrollo acorde a su edad, bien alimentada, bien atendida y cuidada por sus padres, quienes le proveen de todo lo necesario para su bienestar. La sola omisión en vacunar a la niña no configura ‘per sé’ una omisión de los deberes de la patria potestad”, agregó el texto.

El pedido de la familia de Colonia a la Justicia es que se revoque la medida de febrero, que “no es ajustada a Derecho”, y que se “declare que la menor no se encuentra en situación de riesgo ni de vulneración de derechos, archivándose en definitiva estas actuaciones”.

Ahora el tiempo corre y el padre aseguró que no van a dar marcha atrás con su decisión, y que “diferentes organizaciones”, “diputados y medios de prensa independientes”, que los que no nombró, “se están moviendo” a favor de su causa.

El caso se remonta a un año atrás, cuando los padres inscribieron a la niña en un Centro de Atención a la Primera Infancia (CAPI) de Carmelo. Allí les exigieron que presentaran el certificado de vacunación de la menor, tal como ocurre para la inscripción en Inicial y Primaria y otros niveles. El padre dijo a El País que respondió que “lo único” que les iba a dar era el “carné de aptitud física” porque no la habían vacunado.

En el CAPI le permitieron que se anote igual y vaya a clases —a las que sigue concurriendo— para evitar un perjuicio a la niña, y le pidieron que presente una constancia médica de por qué no había sido vacunada. La pediatra que vio el caso derivó a los padres a una asistente social, quien a su vez les planteó que iba a pasar el caso a la Justicia, añadió el padre.

El 19 de junio pasado los padres recibieron la llamada de la Policía notificándoles que debían acudir a la Justicia. El 25 de junio, la jueza subrogante Judith Álvarez intimó a los padres al cumplimiento de “la vacunación preceptiva que la ley impone en todo el territorio nacional, en un plazo de 10 días (...), bajo apercibimiento de incurrir en la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad”.

La jueza hizo esto basándose en el decreto ley 15.272, de 1982, que creó el Programa Nacional de Vacunación (PNV) y estableció la obligatoriedad de ciertas vacunas que son de universal y gratuito. El Certificado Esquema de Vacunación (CEV) tuvo múltiples incorporaciones de dosis desde entonces.

Un Tribunal de Apelaciones respaldó el 6 de diciembre de 2024 el fallo de la jueza Álvarez, y el 20 de febrero la familia fue notificada.

La defensa de los padres destacó ahora en su defensa, entre varios puntos, un informe de INAU, del 26 de noviembre pasado, el que indicó que la niña “cuenta con control pediátrico al día” y está en “buenas condiciones”.

“Considero que estos padres cumplen con todas sus obligaciones inherentes a la patria potestad, con respecto a los cuidados en todos los aspectos de la vida de su hija, incluida su salud”, marcó un informe expedido por una pediatra.

"Nosotros creemos que la Justicia debería rever nuestro derecho constitucional y legal como padres responsables" a no darles las vacunas, dijo el padre, que no considera que sean antivacunas, pese a estar en contra de brindárselas. “¿Por qué jugar una ruleta rusa con nuestra hija?”, remarcó.

Esto, según dijo, amparándose en el artículo 11 de la Ley 18.335. Se establece allí que "todo procedimiento será acordado", y que "el paciente tiene derecho a negarse a recibir atención médica y a que se le expliquen las consecuencias de la negativa para su salud", entre otros puntos. Y también que esto va en línea con “una manera vivir sana”, que es opción de la familia.

Además, apuntó que el MSP "no hace una revisión activa de las personas inoculadas", algo que podría ser cuestionado dado que la cartera sí tiene entre sus tareas el seguimiento de los llamados Efectos Adversos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación e Inmunización (Esavi).

"No estoy en contra de los pediatras que defienden las vacunas", dijo por otra parte el padre de la niña. Y añadió: "Acá no es un tema de vacunas, sino un tema de fondo que es nuestro derecho como padres a ejercer la patria potestad sobre nuestra hija".

Frente a la consideración de que se podría estar vulnerando el derecho a la salud de la niña, el padre enfatizó: “Mi hija está en perfecto estado, no tiene problema ninguno y su sistema inmunológico está bien”.

Además, aseguró que “el tiempo ha corroborado que no necesita ninguna vacuna”.

Respecto a si evalúa darle las vacunas para evitar una posible pérdida de la patria potestad, el padre retrucó: “La verdad que no. No cambiamos la postura y creemos que estamos por buen camino”. Frente a una posible quita de la tenencia, planteó: “El INAU no es una garantía de que los niños hoy estén bien cuidados”.

“Creemos que el Estado uruguayo debería rever esa situación porque somos padres que no hemos faltado a los derechos de la patria potestad porque criamos responsablemente a nuestros hijos. No tenemos ninguna duda de que esto va a salir de la mejor manera para nosotros”, insistió.

“De no ser así, el Estado está coaccionando a padres responsables porque no quieren vacunar a una hija que está en perfecto estado”, desafió.

Sobre el planteo científico de que la inmunización previene las enfermedades, un estadio más grave o la muerte, el padre respondió: “Previene la enfermedad una buena alimentación, un buen descanso, un buen cuidado emocional, psicológico, un hogar constituido bien basado en el amor, en el respeto”.

“No estamos en contra de la medicina, ni mucho menos. Tenemos una filosofía de vida", insistió el padre, de 47 años, que hace más de dos décadas que tiene esta visión de las vacunas.

"Cuando haya un pediatra que certifique que se hará cargo a nivel judicial y patrimonialmente de los efectos adversos que pudieran pasarle a mi hija, lo estaremos hablando. Pero tienen que firmar, ¿no?”, añadió.

La pediatra Alicia Fernández, extitular de la Sociedad Uruguaya de Pediatría (SUP) y excoordinadora del Programa de Salud de la Niñez del MSP en parte del anterior gobierno, remarcó, en diálogo con El País, que “las vacunas salvan vidas” y, “más aún”, en los menores de cinco años por el riesgo de un mayor impacto en diversas enfermedades.

“Los que vimos morir niños por enfermedades prevenibles por vacunas tenemos la obligación ética de recomendar a los padres que cumplan con el esquema de vacunación”, remarcó Fernández.

Que los niños reciban las vacunas en el tiempo recomendado, es clave, señala Fernández, para que los niños reciban una adecuada inmunogenicidad. Pero, además, es lo que puede evitar que entren al país enfermedades que hay en otros países de la región, como es el caso del sarampión.

La pediatra se mostró “preocupada” de una posible quita de la patria potestad en casos como este porque esto “sentaría un precedente”, que “no sería menor”, en un escenario en que no solo está el caso de Carmelo, sino que hay “muchos” padres que deciden no vacunar a sus hijos.

“Si los padres toman una decisión de no vacunar a los niños, los pediatras tienen la obligación de intentar convencerlos de la importancia que tiene”, insistió Fernández.

“Los niños están sanos hasta que no lo están”, añadió, y resaltó que una vez que concurren a centros educativos, o realizan viajes fuera de fronteras, están expuestos a muchas enfermedades.