Redacción El País
Gabriela Salsamendi, directora de Educación Inicial y Primaria, respondió este viernes sobre cómo se siente a nivel personal al saber que jerarcas no pagan el Impuesto de Primaria, luego de que salieran a la luz la falta de pago de este tributo por parte de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y el director de la OPP, Rodrigo Arim.
"El impuesto lo tenemos que pagar todos a quienes nos corresponde, independientemente de el cuadro de fútbol, el partido político, seas autoridad o no seas autoridad. Es una cuestión ética", aseguró Salsamendi.
"En lo personal me parece que la gente está tratando de cumplir con sus obligaciones. En algunos casos que han aparecido a la luz pública se han resuelto de algún modo", agregó la jerarca en entrevista con Arriba Gente (Canal 10).

Sin embargo, para Salsamendi "hay una mirada con lupa sobre casos puntuales" mientras "están pasando otras cosas" que no se están "mirando con la misma lupa". Consultada sobre este punto, la directora de Primaria apuntó que "hay una cosa de mirar a las nuevas autoridades y ver cómo están sus pagos y no pagos" que no había observado que se hiciera en gobiernos anteriores.
"Sí me interesa que el Impuesto de Primaria se pague", remarcó, y agregó enfática: "por suerte tengo todo pago". "Hay un compromiso ético de hacer lo que corresponde. Ese impuesto es vital para la alimentación de los niños y niñas de la escuela pública".
Proyecto de ley para verificar obligaciones tributarias
El diputado colorado Felipe Schipani presentará este viernes un proyecto de ley que obliga a todas las personas que desempeñen cargos públicos o de particular confianza a entregar certificados que verifiquen que están al día con sus obligaciones tributarias y contributivas.
La iniciativa, a la que accedió El País, comprende a todos los funcionarios políticos o de confianza que se desempeñen o sean designados en la istración Central, el Poder Legislativo, el Judicial, la Corte Electoral, Entes Autónomos y Servicios Descentralizados y cualquier otro organismo, incluyendo las personas públicas no estatales.
En caso de aprobarse la iniciativa quedarán obligados a presentar, en un plazo máximo de 60 días a partir de su asunción, el certificado correspondiente. Aunque Schipani no lo menciona, su proyecto se presenta en un contexto político particular.

Días atrás Cecilia Cairo debió renunciar a su cargo de ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a raíz de que se conoció que no había regularizado las cuatro construcciones existentes en un terreno de su propiedad en la zona de Pajas Blancas. Según informó el programa radial La Pecera la ahora legisladora no pagó los tributos que le correspondían durante dos décadas, así como tampoco los aportes al Banco de Previsión Social.
Por su parte, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, habló en los últimos días tras una acusación similar por no tener regularizada una vivienda de veraneo en la zona de Solís, Maldonado. "La obra se desarrolló en varias etapas y se han pagado todos los tributos", añadió Arim, que señaló que incluso "hubo una inspección de BPS" que indicó que se venía cumpliendo con todas las etapas. Pero reconoció que de momento no ha pagado el Impuesto de Primaria porque "no correspondía" ya que la casa "no tiene final de obra" debido a "problemas constructivos".
El proyecto de Schipani implica que los organismos públicos deberán informar a la Junta de Transparencia y Ética Publica sobre el cumplimiento de esta disposición, a efectos de su contralor.