Las críticas a la fiscal Stella Alciaturi, cuestionada por senadores del Partido Nacionalpor sus publicaciones en redes sociales mientras investiga al intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, puso nuevamente en discusión el conflicto que podría generarse entre el derecho a la libertad de expresión y el cumplimiento imparcial y ético en la función de los fiscales. El caso de Alciaturi está siendo investigado de oficio por parte de la Fiscalía para determinar si cometió una falta istrativa.

Pero este no es un debate nuevo ni tampoco se centra únicamente en las causas con implicancia política. No hace tanto la discusión fue álgida por los comentarios en la red social X de la ex fiscal Gabriela Fossati mientras investigaba al entonces presidente Luis Lacalle Pou. Pero también hubo polémica cuando se supo que el fiscal de Flagrancia, Fernando Romano, daba “me gusta” a tuits con insultos al presidente de Peñarol mientras investigaba hechos de violencia en el fútbol.

En Uruguay no existe una normativa para regular el uso de redes sociales por parte de los fiscales. El 11 de agosto de 2020 a instancias del entonces Fiscal de Corte Jorge Díaz, se creó una comisión que tenía como objetivo “regular el uso de redes sociales por parte de los funcionarios fiscales, a fin de salvaguardar su privacidad e intimidad, así como el impacto en el servicio”. Una semana después la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay planteó objeciones hacia dicha comisión, tanto en cuanto a los objetivos planteados como en su integración. En setiembre de ese año una resolución estableció que el cometido sería elaborar una “guía de buenas prácticas relativas al uso de redes sociales” y se itió que la Asociación de Fiscales tuviera dos representantes pero nunca los designó. La comisión nunca se reunió y fue el propio Díaz quien en junio de 2021 la disolvió.

Foto: F. Flores.

No obstante, el tema pareció saldarse cuando la Fiscalía hizo suya la Carta de Principios Éticos de los Ministerios Públicos Iberoamericanos. Esa carta de 19 páginas fue producto de un grupo de trabajo coordinado por la Fiscalía de Uruguay y es actualmente el marco que guía la conducta de los fiscales.

Tiene un capítulo específico sobre redes sociales. Allí se expresa que “en el uso de las redes sociales, en sus perfiles personales e institucionales, la actuación fiscal se ejercerá conforme con la prudencia y el respeto a las normas y principios propios de su investidura y rol institucional. El/la fiscal deberá recordar que la comunicación online, por su naturaleza, constituye un riesgo mayor que aconseja particular prudencia en su utilización, por sus características de inmediatez, informalidad, facilidad de difusión y eventual descontextualización de contenidos, y un uso incorrecto puede poner en juego el decoro, imagen e imparcialidad del o de la fiscal e influir negativamente en la confianza hacia el Ministerio Público dentro del sistema institucional de justicia”.

Fuentes de la Fiscalía consultadas por El País, en tanto, indicaron que por estas horas llegará a los 380 fiscales de todo el país una circular recordando seguir estas orientaciones que aconsejan “prudencia”.

La guía tiene otro apartado dedicado a la Exposición Pública, y allí se indica: “Todas las conductas de las personas que cumplen la función de fiscal, deberán ser acordes con la investidura propia del cargo, no solo durante el ejercicio de su función sino también en su vida privada. Por ser personas públicas deberán observar en todo momento una conducta irreprochable, caracterizada por la corrección, la dignidad, la prudencia y el decoro, tanto en el ejercicio de sus funciones como en su vida privada”.

Regular de manera más tajante el uso de las redes sociales personales podría confrontar con el derecho a la libre expresión. No obstante, la guía señala en ese sentido que: “En su participación en las redes sociales, soportes digitales online, y o con medios de comunicación social, escritos, radiales y televisivos, deberá pautar el ejercicio del derecho a la libertad de expresión de manera ponderada y compatible compatible con sus funciones, y abstenerse de conductas que pongan en riesgo los principios que debe defender y que pudieran afectar negativamente la dignidad de su función, su capacidad para ejercerla o la confianza de la comunidad en el sistema de justicia”.

Sin embargo, hay quienes son partidarios de una regulación definitiva. El 21 de marzo de 2023 el senador Charles Carrera fue entrevistado en el programa Doble Click de Del Sol FM sobre las conductas de la fiscal Fossati. “La fiscal no tuvo conductas decorosas al utilizar el Twitter, al poner un me gusta en una persona que calificaba de zapallo a nuestro presidente… algunas veces le digo a mis compañeros que extraño el decoro de los jueces. Hay cosas que el sistema político tiene que discutir, yo creo que los fiscales no pueden utilizar redes sociales porque nos tienen que dar garantías a todos. No lo tienen prohibido pero yo creo que deberíamos ir a eso porque hay una serie de normativas a nivel internacional aconsejan que no las utilicen. Cuando ponés un tuit así, qué garantías tenemos nosotros de que se va a actuar con objetividad e imparcialidad. Hay que hacer cambios al Código del Proceso Penal y en eso nos tenemos que poner de acuerdo…”

En Estados Unidos el Código de Conducta para Fiscales Federales les prohíbe comentar sobre investigaciones en curso o interactuar con partes involucradas en litigios. En el Reino Unido, la Fiscalía de la Corona prohíbe a sus fiscales realizar publicaciones en redes sociales que puedan poner en duda su independencia o generar desconfianza en el sistema judicial. Además, se recomienda no seguir o interactuar con políticos ni medios de comunicación que puedan comprometer su objetividad.

El presidente de la Asociación de Magistrados Fiscales, William Rosa, dijo a El País que en la fiscalía “no solo hay que serlo sino también parecerlo” y que los fiscales deben tener cuidado a la hora de usar sus redes sociales.

Foto: Archivo El País

“Hay una cuestión normativa sobre los límites que tenemos los fiscales pero también hay una dimensión ética. Entré a Fiscalía en 2013 y en ese momento un superior me dijo que no solo era importante ser sino también parecer, ya que uno es la imagen de su trabajo y de la institución. La guía vino a poner por escrito lo que antes estaba implícito, y es suficiente. Somos 380 fiscales y faltan charlas, talleres, capacitaciones. Hay situaciones que son comunes o inocentes pero que en determinado contexto pueden ser contraproducentes. Lo peor es que se utilizan para desviar el fondo del asunto. Lo importante es la investigación, pero estos elementos distraen y al final se termina discutiendo sobre lo lateral y no sobre el fondo. Cuando el debate está instalado no es momento de atacar el problema porque se pone el foco donde no se debe, este tema de las redes sociales hay que abordarlo cuando el agua baje”, indicó.

Rosa dijo que la Fiscalía está bajo ataque. “Nuestro trabajo debe ser sometido a la crítica, está bien. Pero se nos ha dicho que somos “el partido fiscal”, lo dijo el senador Javier García. Eso mismo hacían los kirchneristas cuando hablaban del partido judicial. Y después la exvicepresidenta Cristina Fernández termina procesada, pero por esos ataques a la Justicia hay un 30% de la gente que termina creyendo que es una víctima. No se puede minar la credibilidad de los fiscales, eso afecta la institucionalidad. Esto nunca surge cuando procesamos por hurto o rapiña, esto aparece en casos de corrupción pública, que son los peores porque priorizan el bien personal por encima del bien común. Es esto lo que amerita una reflexión urgente: no se debe afectar la credibilidad de la Justicia, porque se está jugando con algo que no tiene repuesto”, indicó.