Redacción El País
La fiscal Ana Karen Martínez archivó la investigación por el caso de las llamadas "fotomultas", que hace poco más de un año generó una polémica en Río Negro y que ameritó que el intendente, Omar Lafluf, anunciara que no se cobrarían las 11.000 infracciones constatadas por las cámaras y radares.

La Fiscalía informó que "luego de haber solicitado múltiples informes a diferentes organismos" la denuncia se archivó porque "no es posible concluir que la conducta desplegada por los representantes de la empresa contratada y de la Intendencia de Río Negro" pueda ser catalogada como delito.

En enero de 2024, Lafluf anunció que no se cobrarían 11.000 multas producto de sanciones por exceso de velocidad, luego de una crítica de parte de la ciudadanía y la oposición política en el departamento. Esto pese a que, a su entender, las multas estaban "bien cobradas", ya que organismos de diversas índole auditaron los radares y funcionaban correctamente.

"Las multas cobradas están bien cobradas porque están avaladas por el organismo nacional que se encarga de medir si es real o no. Vino el LATU y certificó por segunda vez y después vino Unasev (Unidad Nacional de Seguridad Vial) y vio de qué forma se registraba la multa", aseguró el intendente, según informó el medio local Impacto Noticias.

Las declaraciones de Lafluf tuvieron lugar luego de una comparecencia ante la Junta Departamental por las llamadas "fotomultas" que, según los denunciantes, eran aplicadas incorrectamente a través de radares.

Pese a entender que las multas fueron bien aplicadas, el intendente informó en ese momento que las que aún no habían sido pagas y tampoco se habían cargado en el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive), no se cobrarían.

Estefania Leal/Archivo El Pais

La causa comenzó a gestarse en octubre de 2022, cuando un hombre presentó una denuncia penal por hechos presuntamente delictivos por parte de la Intendencia de Río Negro y la empresa T.I.S.A. "vinculados al sistema de fiscalización del tránsito por medio de cámaras y cinemómetros que se había implementado meses atrás con el consecuente cobro de multas a los ciudadanos".

Según alegaba el ciudadano, se había cobrado multas injustificadas. Además, agregaba que "el sistema se habría implementado y puesto en marcha sin que los equipos cumplieran con lo estipulado" en la normativa y sin "verificación del LATU".

Luego de la investigación primaria, la fiscal concluyó que no hay elementos suficientes como para "sustentar un pedido de formalización".

Entre otras cosas porque "el pliego del llamado a licitación se ajusta a la normativa vigente". Además, "de los informes remitidos por el LATU surge que en el mes de agosto de 2022 el Decreto 252/022 aprobó el reglamento técnico metrológico para los cinemómetros".

En marzo de 2023 se verificaron 18 cinemómetros, "resultando que todos ellos cumplían con lo dispuesto en el reglamento técnico en cuanto a los errores máximos tolerados en las mediciones".

Finalmente, la fiscal indicó en su dictamen que las multas que presuntamente fueron cobradas de forma irregular —según los denunciantes— deben apelarse y "seguir el trámite correspondiente para su reclamo en vía istrativa".