El Parlamento está considerando un proyecto de ley para regular el ingreso a la función pública en los Gobiernos Departamentales. Se manifiesta el objetivo de terminar con los abusos observados en el segundo nivel de Gobierno y en el tercero de istración. Dicho así suena precioso. Se vota la ley y de modo mágico se termina todo abuso con fines electorales. Nadie más entrará a dedo.

Nada de esto es así. Primero que nada, porque el asunto ya está regulado. Lo está en la Constitución. No en la Ley. Está en la Constitución como corresponde. El artículo 59 dice que la ley establecerá el Estatuto del Funcionario. El 62 dice que los Gobiernos Departamentales sancionarán el Estatuto para sus funcionarios. Las Intendencias y las Juntas Departamentales sancionarán el Estatuto para cada uno de los Departamentos. Estatutos votados por los dos tercios de votos de cada Junta Departamental regulan todo lo atinente a los funcionarios de los Gobiernos Departamentales. Tiene lógica. A los funcionarios del gobierno de un Departamento los regula el Departamento. Es de mínimo respeto. El asunto es que todos los Departamentos ya votaron sus Estatutos de Funcionarios. Todos los votaron cumpliendo todas las formalidades y mayorías especiales requeridas, y todos los Estatutos contemplan el sorteo y el concurso como modo de ingreso.

El país ya vivió una experiencia similar. Aquella vez un intendente de cada Partido pidió la declaración de inconstitucionalidad de la norma. Tabaré Vázquez (Montevideo-Frente Amplio), Mario Carminatti (Río Negro-Partido Colorado) y Jorge Larrañaga (Paysandú-Partido Nacional). Por supuesto las obtuvieron en sentencias clarísimas de la Corte. Después vino la derogación del atropello legal. No hay 2/3 de mayorías circunstanciales que puedan justificar que un Gobierno Departamental no pueda regular la istración, nada más ni nada menos que de sus propios funcionarios.

Todos los Estatutos recogen la experiencia de los problemas que se presentan en las istraciones locales. Además del sorteo y el concurso, hay departamentos donde se incorpora el análisis de lo social.

No es justo que quede afuera del trabajo una madre sola con hijos a cargo, y que sabe hacer las cosas, e ingrese un vagoneta que ni se fue a anotar para el concurso. No es justo que a las istraciones de los municipios más pequeños ingrese gente de otros lugares porque tuvo más posibilidades de estudio. Reproduciremos el triste espectáculo de los maestros rurales que ya no viven en la zona. Que no gastan en la zona. Que no conocen la zona. Lo peor, el retaceo de oportunidades a los humildes. No se han puesto a pensar cuántos policías ingresan desde el barrio Borro, o el Maracaná. Cabe cuestionarse si acaso ellos no merecen la oportunidad del empleo público. Con esta ley se les dice que no son dignos de ser funcionarios.

También todos los Estatutos prevén las necesarias excepciones. Si se certifican todos los funcionarios de un cementerio local, a los muertos hay que sepultarlos igual. Hoy el jerarca dispone que otros funcionarios pasen a desempeñar la función. Mañana los convocados se negarán con todo derecho. Algunos dirán que entraron en el sorteo para la recolección, y otros aducirán que entraron en el concurso de la poda. A los muertos que los entierren los responsables de esta imprevisión.

La salida vendrá por el lado de la contratación de empresas proveedoras de mano de obra, o de ONGs creadas a los efectos del nuevo curro que se genera. Es la manera de terminar con el empleo municipal. No es la forma de terminar con el acomodo. Van a liberarlo. Terminan con el funcionario municipal. Los dolores de cabeza serán mayores. Basta imaginar que a los registros automotores los llevarán muchachos provistos por empresas, que cambian a cada rato, y que no tienen las obligaciones y las responsabilidades del funcionario público. Lo mismo todo lo atinente a los libros de nacimientos y defunciones, o los vinculados a las habilitaciones de comercios, hogares de ancianos, restaurantes, carnicerías, panaderías, por mencionar solamente algunas de las áreas bajo la responsabilidad de los Gobiernos Departamentales y Municipales, que deben ser desempeñadas por funcionarios públicos. Con el conocimiento, la responsabilidad, el apego a la función y la vocación de servicio de funcionario público.

A la convicción descentralizadora hay que ejercerla en cada acto. Estamos hablando de la libre determinación de los pueblos. Estamos hablando del reconocimiento de la capacidad de istrar lo que les incumbe. Seguiremos asistiendo al triste espectáculo de legisladores que se llenan la boca con la palabra Descentralización y no se cansan de recortar todo al Interior. Las últimas décadas han visto desaparecer cientos de escuelas rurales para bancar las metropolitanas, 137 juzgados de paz para pagar los de género, dos o tres días semanales de recorte en los servicios del Banco República en 27 sucursales del Interior, la casi desaparición del Hipotecario y la ANV en el Interior. No quedan maternidades, es decir no nacen niños, salvo en las capitales departamentales. Llegaron al colmo de desaparecer la Policía Rural. La devolvió Jorge Larrañaga. Ahora la atacan de nuevo por el lado de las Bepras. Todo para tener más PADO capitalino. Las Zonas Francas todas concentradas en el sur. No se les pasa por la cabeza intervenir el caro e ineficiente Sistema de Salud con sus seis meses de espera para ver un especialista o los dos años para ser operado. Tampoco los servicios policiales que renuncian a la lucha contra la delincuencia, o los profesores que faltan un día por semana a la clase. En eso no meten el dedo. Se animan contra el Interior.

Este proyecto de ley no es para cambiar nada. Es contra las Juntas Departamentales. Es para decirles que no son capaces de controlar y tienen que venir los legisladores nacionales a hacer lo que ellos no hacen. Es para recortarles su margen de acción.

Esta ley se mete con el derecho de determinación de cada pueblo. Declara incompetentes a los Legisla-tivos Departamentales. No controla el eventual problema. Anula las sa-bias previsiones de cada Departa-mento. No mejora la suerte electoral de nadie.