Las pocas decisiones que hemos conocido en estos casi 100 días de gobierno parecen tener un denominador común: el privilegio del interés corporativo por sobre el interés general.

No es un defecto exclusivo del Frente Amplio, más bien se trata de un desafío permanente que la democracia representativa debe sortear. Políticos, que son abordados por pequeños grupos organizados que aspiran a obtener regulaciones que les garanticen privilegios. Claro que esto no se plantea así: cada grupo manifiesta que en realidad es por el interés general; un grupo que pretende prohibir una importación de alimentos dice que es en nombre de la “soberanía alimentaria”, u otros que quieren prohibir plataformas de movilidad lo hacen a favor de la “seguridad y calidad del transporte público”.

En estas semanas el gobierno viene tomando pocas medidas, pero al menos tres van muy claramente a reforzar este viejo problema de la economía política uruguaya.

La berretada de la compra de un nuevo campo para colonización es el caso más emblemático. Se profundizó una política a favor de unos pocos con un relato viejo y romántico en la que el gobierno ya tiene invertidos casi USD 400.000 por colono y que no tiene ninguna evaluación de impacto que justifique tal brutal inversión. Lo gastado en la Estancia María Dolores se asemeja a todo lo que costó realojar el asentamiento Kennedy en Maldonado. ¿De verdad alguien no ve cuánto más justo y eficiente es realojar asentamientos a embarcarse en ese camino sin ninguna garantía de retornos?

El aumento salarial del 33% que recibieron los funcionarios del Mides es otra pésima asignación de recursos atendiendo al lobby de unos pocos. Breve contexto: en 2024 los funcionarios contratados por el Mides que quisieran podían pasar a ser presupuestados con todas las ventajas que esto tiene. Claro, ser funcionario público implica cumplir con el estatuto de 40 horas semanales. El novel ministro Civila, alegremente, definió que no era necesario que trabajen 8 horas diarias y que podían trabajar 6 manteniendo el sueldo tal como reclamaba el sindicato.

Pero el miércoles vimos otro episodio, el Ministerio de Educación (respondiendo al lobby retrógrado de ANEP y Udelar) deshizo cambios normativos que permitían más universidades y con más alternativas pedagógicas en este país. Lo que el ministro Mahía nos propone es volver a la regulación universitaria de 2014, previo a la pandemia. ¿De verdad no cree que alguna cosita cambió en el mundo de la educación estos años? Que, quizás, se podría flexibilizar algo con respecto a lo que se pedía en 2014. Porque no se optó por una nueva regulación que ajustara lo que no les gustaba. Se reincorporaron las normas prepandemia tal como quieren los que no quieren que nada nuevo pase.

Claro que todos los partidos tienen problemas con algún lobby. Al Partido Nacional le puede costar más meterse con los gobiernos locales y al FA con los sindicatos públicos. Pero la cosa más o menos avanza si quien llega al gobierno no restaura el privilegio al lobby que el otro cambió.

Veremos cómo sigue esto, pero parecería que estamos ante un gobierno con mucho oído para el reclamo corporativo bien organizado. Claro, los privilegios o recursos que se dan a esos grupos siempre serán pagos por el resto de la sociedad no organizada.