Por Marcelo Casciotti/Director Ejecutivo de la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolio del Uruguay
Tras más de tres décadas de intentos frustrados, Brasil ha aprobado una reforma estructural de su sistema tributario de consumo mediante la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC 45/2019), promulgada a fines sde 2023. La reforma busca corregir fallas de origen del modelo vigente, considerado ampliamente como uno de los más complejos del mundo.

El cambio propone reemplazar cinco tributos —PIS, Cofins, IPI, ICMS e ISS— por dos nuevos impuestos sobre el valor agregado (IVA): 1) CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços), de alcance federal, y 2) IBS (Imposto sobre Bens e Serviços), recaudado por estados y municipios, con gobernanza compartida.

Este rediseño apunta a simplificar el sistema, aumentar la eficiencia económica, reducir la litigiosidad y mejorar la competitividad del país. Sin embargo, su implementación implicará desafíos significativos a nivel legal, operativo e institucional.

Durante décadas, el sistema tributario brasileño estuvo marcado por una alta fragmentación normativa. Cada tributo al consumo tenía su propio régimen jurídico, base de cálculo, tratamiento de créditos y formas de recaudación.

Además, el ICMS (estadual) y el ISS (municipal) eran istrados de manera autónoma por los 27 estados y más de 5.500 municipios del país, generando miles de regulaciones locales concurrentes.

Una empresa que operara en más de un estado debía lidiar con legislaciones distintas sobre el mismo impuesto, lo que exigía infraestructura contable, jurídica y tecnológica sobredimensionada.

Según el Banco Mundial (Doing Business), las empresas brasileñas destinaban más de 1.500 horas al año solo al cumplimiento tributario. Esta carga de trabajo es una de las más altas a nivel global, e impacta directamente en los costos operativos y en la toma de decisiones empresariales.

Foto: iStock

Además, la complejidad normativa generó una elevada judicialización de temas fiscales, con decenas de miles de causas en curso por diferencias interpretativas o disputas entre contribuyentes y autoridades fiscales. Esto aumentaba la incertidumbre jurídica, requería fuertes provisiones financieras y prolongaba la resolución de controversias.

El corazón de la reforma es el reemplazo de los cinco tributos existentes por dos impuestos tipo IVA con reglas unificadas, aplicación no acumulativa y crédito financiero integral.

El objetivo es acercar a Brasil a los estándares de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en materia de eficiencia y neutralidad tributaria.

Sin embargo, la transición será progresiva. Está previsto un período de coexistencia entre 2026 y 2033, en el cual se mantendrán vigentes los tributos actuales junto a los nuevos. Además, la redistribución del IBS entre estados de origen y de destino se hará gradualmente a lo largo de 50 años, reflejando las tensiones del federalismo fiscal brasileño.

En este escenario de transformación, algunas empresas comienzan a analizar jurisdicciones complementarias dentro de la región para determinadas actividades estratégicas, especialmente aquellas vinculadas a exportación de servicios, gestión de propiedad intelectual o funciones corporativas regionales.

Entre esas opciones, Uruguay ha sido considerado por ciertas compañías debido a su estabilidad normativa y legal, libre circulación de capitales, sistema tributario territorial a nivel empresa, y cumplimiento con estándares internacionales (OCDE y GAFI), lo que lo ubica fuera de listas de jurisdicciones no cooperantes.

Mercosur, Brasil y Uruguay. Foto: Archivo El País.

Además, Uruguay ofrece herramientas específicas —como zonas francas, puerto libre y regímenes promocionales para servicios— que pueden ser útiles en determinadas estructuras empresariales.

Cabe destacar que no se trata de una sustitución del mercado brasileño, sino de un análisis estratégico sobre cómo estructurar ciertas funciones operativas en entornos más estables durante el proceso de transición interna en Brasil.

La reforma tributaria brasileña representa una oportunidad histórica para avanzar hacia un sistema más eficiente y equitativo.

No obstante, los desafíos de implementación serán significativos y requerirán adaptación, inversión y planificación anticipada por parte del sector privado.

En ese proceso, evaluar otras jurisdicciones de la región —como Uruguay— puede ofrecer herramientas complementarias para mitigar riesgos, ganar previsibilidad y mantener competitividad en un contexto de cambio.

¿Brasil: la madre de todas las reformas?

Por Carlos Loaiza Keel/abogado tributario y corporativo
En este tercer número del año de #ConsultorTributario, abordamos un tema de suma relevancia para nuestro país. La faraónica reforma tributaria que introdujo Brasil a fines de 2023, y que, bajo la consigna de simplificar un régimen reconocido por su complejidad y dispersión, reemplaza cinco tributos al consumo por un sistema de dos impuestos al valor agregado, uno federal y otro recaudado por Estado y municipios.

El impacto de esta reforma todavía no puede evaluarse a cabalidad, pues la reforma tiene poco camino recorrido y en Brasil la reglamentación y aplicación por parte de los organismos de recaudación termina siendo un aspecto clave, que se suele definir a lo largo de los años.

De hecho, la complejidad seguirá siendo el signo distintivo del sistema brasileño, desde que está previsto hasta 2033 una desafiante coexistencia del régimen anterior con el nuevo, sin contar con que otros tributos de suma relevancia y dificultad no están alcanzados por la reforma.

Sin embargo, no puede desconocerse que es un paso muy relevante para un país que ha comenzado su camino de convergencia hacia la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) hace ya algunos años.

Y no solo en materia fiscal, pues aunque Brasil era un key partner de la organización desde 2007, en 2022 ha sido invitado a iniciar el proceso de como miembro pleno, con una hoja de ruta definida que involucra la revisión de su orden regulatorio por más de 25 comités de la OCDE, incluido el fiscal.

Para profundizar en estos aspectos, recibimos con mucha alegría la contribución de nuestro querido amigo, Marcelo Casciotti, compañero en la primera generación de abogados de la Universidad de Montevideo y máster en Derecho y Técnica Tributaria de la misma institución, hoy director ejecutivo de la Cámara de Asesores de Inversión y Gestores de Portafolio del Uruguay. Ahora, sin más, los invitamos a leer esta nueva edición de #ConsultorTributario.