Redacción El País
La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) aguarda con expectativa la reunión que mantendrán hoy con representantes del gobierno. El encuentro permitirá conocer si las autoridades aceptan la propuesta de los sindicatos de estatales de dejar sin efecto por seis meses el nuevo régimen de licencias médicas aprobado por la anterior istración y que comenzó a regir desde el 1° de abril de este año.

La normativa, que es rechazada por los trabajadores y que motivó una queja de COFE ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), establece que los funcionarios estatales solo cobrarán la totalidad de su sueldo si se certifican por razones de salud por un máximo de nueve días al año. A partir de la décima jornada, percibirán el 75% de su salario.

El reclamo ante la OIT abrió un proceso de conciliación convocado por el organismo internacional entre COFE y el nuevo gobierno que comenzó en abril y se extenderá por seis meses.

“Nosotros tenemos la esperanza de que se acepte por parte del gobierno la propuesta que ha realizado COFE de que mientras estamos en este período de negociación se deje sin efecto la aplicación de la norma a la vez que estamos negociando y esperamos construir una nueva norma en acuerdo con el Poder Ejecutivo”, expresó Martín Pereira, quien fue reelecto como presidente de COFE en el Congreso que la confederación celebró el pasado 24 y 25 de abril.

Según Pereira, hasta ahora la implementación del nuevo régimen de certificaciones medicas ha sido “dispar” en el Estado. “Por ejemplo, en el Poder Judicial se le aplica a los istrativos y no a los jueces. En Cancillería, rige para el personal istrativo y no para los diplomáticos”, detalló.

El cambio tuvo un “afán recaudatorio -evaluó Pereira- que realmente salió mal porque no hay grandes números (por los descuentos) ni hubo un aluvión de funcionarios públicos reintegrándose porque estaba esta norma, sino que hay trabajadores que van a trabajar enfermos para que no les descuenten”.

De acuerdo a datos de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC) citados por el presidente de COFE, si se excluye al Ministerio del Interior -que tiene unos 4.000 funcionarios certificados al mes- el ausentismo por licencia médica en el Estado ronda el 9% o 10% mensual. “La media es la misma que en todo el sistema laboral privado en Uruguay”, comparó. “Ahora, cuando incluís al Ministerio del Interior los guarismos se van al 18% o 19%”, señaló.

Como propuesta de fondo para atender las situaciones de licencias médicas injustificadas, COFE plantea establecer “mayores controles” sobre el trabajador que se ausenta y el médico que hace la certificación.

En tanto, la nueva normativa “no recaudó ni solucionó el problema de los pocos abusos que hay”, aseguró Pereira. “Quisieron generar el relato de que defendíamos lo indefendible y desde el primer día fuimos muy claros: el trabajador que está estafando con una licencia médica que no corresponde, que es falsa, no tiene lugar dentro del Estado, porque no solo atenta contra el Estado, sino también contra sus propios compañeros y la población que ve demorada su atención”, afirmó.

En la primera reunión entre el gobierno y COFE, las autoridades indicaron que tenían que evaluar el planteo de suspender la aplicación del nuevo régimen en conjunto con los ministerios de Trabajo, Economía y la ONSC. “Nos dijeron que van a tratar de tener respuesta para el día 5”, anticipó Pereira.

Consultado sobre el escenario a futuro en caso de que no se alcance un acuerdo, el presidente de la confederación fue cauto. “Estamos apostando a que el diálogo pueda avanzar en la conciliación y que podamos informar a OIT que llegamos a un acuerdo, pero se verá con el tiempo”, concluyó.