Redacción El País
El gobierno de Yamandú Orsi y el consorcio encargado del Ferrocarril Central alcanzaron un acuerdo por la deuda que el grupo empresarial denunciaba y con la que advertía de ir a un arbitraje internacional contra el Estado uruguayo.

En total el Estado acordó pagar US$ 144 millones para saldar el diferendo con el consorcio Grupo Vía Central, integrado por las empresas que llevaron adelante la construcción y puesta en funcionamiento del Ferrocarril Central.

Este consorcio había hecho un anuncio meses atrás que causó preocupación al gobierno incluso antes de asumir Orsi, cuando alertó que iniciaba un proceso de arbitraje a nivel internacional porque entendía que el Estado incumplió el contrato y le adeudaba US$ 160 millones.

En su momento, el entonces ministro de Transporte, José Luis Falero, dio sus explicaciones y descartó que haya habido incumplimientos, pero el hoy secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, alertó que la istración Luis Lacalle Pou les dejaba “un clavo” y la ahora titular de Transporte, Lucía Etcheverry, sostuvo que se buscaría llegar a una solución.

Foto: Darwin Borrelli

En las últimas semanas hubo avances hacia esa posible salida, que fue anunciada oficialmente este lunes en conferencia de prensa desde la Torre Ejecutiva.

A las 12:00 de este lunes estaba prevista la "firma del acuerdo en la Tercera Modificación bilateral del Contrato de Participación Público Privada de la obra tramo ferroviario Puerto de Montevideo – Estación Paso de los Toros entre el gobierno y consorcio Vía Central", según informó Presidencia.

De la conferencia participaron el presidente Orsi; Sánchez; los ministros Etcheverry y Gabriel Oddone, y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim. Del lado empresarial, estuvieron el presidente del consorcio, Jesús Contreras, y el director Alejandro Ruibal.

Pese a que su presencia no estaba anunciada, Orsi empezó la conferencia de prensa y comunicó la novedad de un acuerdo que se cerró con el consorcio fruto de una negociación "compleja".

"Nos toca a nosotros encontrar la salida para que Uruguay pueda seguir honrando los contratos, para que lo que se tenga que pagar se pague, y fundamentalmente para que el proyecto del ferrocarril y la producción nacional tenga futuro", indicó, argumentando que este problema se generó en el período anterior.

Orsi afirmó que este arreglo "tiene consecuencias" en las arcas del Estado y no era deseado. Pero "lo que no pasó, no pasó", y es necesario "resolverlo ahora".

Foto: Darwin Borrelli

El ministro de Economía y Finanzas, Oddone, fue quien explicó en detalle el acuerdo. Empezó diciendo que el período de diferencias se divide en dos partes: uno desde diciembre de 2023 hasta el 7 de agosto de 2024, y otra desde el 8 de agosto de 2024 al 31 de marzo de 2025. En el primer momento había un funcionamiento de prueba con cargas parciales y luego sí se firmó el acta de puesta en servicio.

Sobre la primera parte se acordó un pago de US$ 56,5 millones que está pendiente de aprobación por parte de un mediador que tendrá 60 días para pronunciarse sobre la cifra. Acerca de la segunda parte del período en cuestión, el gobierno acordó con el consorcio pagar "el 80% de lo que corresponde" y reconoció "algunos costos financieros asociados a demoras de pago".

Todo el proyecto debe remitirse al Tribunal de Cuentas, pero en total supone "un pago de US$ 144 millones", explicó el ministro.

Foto: Darwin Borrelli

Para Oddone, este acuerdo era necesario porque "estaba comprometida la honorabilidad del país" porque debía mantener la imagen de cumplimiento de contratos. Pero además "estaba comprometida la viabilidad financiera de empresas vinculadas a este proyecto y trabajo uruguayo vinculado a este proyecto".

Sin embargo, lamentó que un "tema que está pendiente desde diciembre de 2023" tenga "consecuencia fiscal para este año".

Sobre cómo se podrá hacer para afrontar este pago y otros que debe hacer el Estado, Oddone dijo el proyecto de presupuesto quinquenal estará pronto en agosto, pero consultado específicamente acerca de si aumentarán los impuestos, manifestó: "Forma parte de la discusión que tenemos para resolver los temas fiscales. Lo que se mantiene (como idea) es no aumentar la presión fiscal, lo que no quiere decir que no sea posible recurrir a cambios tributarios pero con una presión fiscal que debería mantenerse relativamente estable en términos del producto al final del quinquenio".

Contreras, presidente del consorcio, dijo que "por fin con este gobierno al final se pudo llegar a un acuerdo, en poco tiempo". Por este motivo agradeció "todo el trabajo de todos los equipos". "Fue una negociación muy dura pero justa", concluyó.

Por su parte, Ruibal señaló: "Lo que no te mata te fortalece". En este sentido, celebró que la negociación no fue tan larga como podía imaginarse y, por el contrario, fueron "pocos meses para arreglar un problema complejo".

"Es una gran obra que no merecía terminar así", dijo y agregó que ahora hay "un acuerdo que permite mirar para adelante con optimismo". "Estuvimos muy cerca de tener que detener absolutamente todo, pero la responsabilidad con que se actuó fue lo que permitió resolver esta situación relativamente rápido", concluyó.

Foto: Francisco Flores/Archivo El País