La sala de la entrada del edificio del Consejo de Salarios estaba atiborrada de gente, como todas las otras sedes ministeriales que esta semana vienen siendo escenarios de presentación de los ministros del nuevo gobierno de Yamandú Orsi. El calor era igual de asfixiante que el que hubo este miércoles en el Ministerio de Economía y Finanzas o en el Palacio Santos, de lo cual tomó nota el ministro Juan Castillo, que se encargó de que el aire acondicionado fuera suficiente.

En su discurso, que ha sido de los más largos de las presentaciones del nuevo gabinete —casi 20 minutos y medio— hizo varios anuncios vinculados a su cartera. Algunos aludieron objetivos concretos que se perseguirán en esta istración, como por ejemplo la anunciada “batería de medidas” para dar respuesta a “la situación de las más de 500.000 uruguayas y uruguayos que ganan menos de $ 25.000 pesos por mes”, algo enmarcado “una política nacional de empleo que atienda los problemas inmediatos de los altos niveles de desempleo juvenil y de las mujeres, la realidad geográfica, pero también el trabajo del futuro”, para lo cual se buscará entablar un amplio diálogo con la sociedad.

Ese diálogo no será el único, porque como fue anunciado en campaña electoral, lo recordó días atrás el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y consta en el programa del Frente Amplio, también se convocará “a la ciudadanía a participar organizadamente para una discusión integral sobre la seguridad social”. Esto implicará, dijo entre otras cosas el flamante titular de Trabajo, “recuperar derechos que fueron afectados” por la reforma jubilatoria aprobada por el presidente Luis Lacalle Pou, entre ellos “el valor de las jubilaciones y las pensiones” más bajas.

“La seguridad social tiene que garantizar derechos —agregó el dirigente comunista y exsindicalista—. Tenemos que recuperar el principio del principio de solidaridad, al decir del doctor Américo Plá Rodríguez, la seguridad social es en esencia solidaridad. Si no, no lo es”.

Foto: Francisco Flores

En la sala escuchaban estas palabras Diego O’Neill, presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales y el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, con expectativas contrapuestas. El primero, como ya se verá, preocupado de que no se aborden cambios en “las pasividades”, y el segundo con cierto sentido de urgencia. “Para nosotros —dijo Abdala a El País—, es importante que el diálogo se convoque en marzo”.

Quienes no escuchaban porque no estaban fueron los referentes de la coalición republicana; de esta alianza de partidos que gobernó hasta la semana pasada solo se hizo presente, y unos pocos minutos, el diputado cabildante Álvaro Perrone, a diferencia de otras asunciones ministeriales, como fue la de Oddone (ver recuadro).

Las reticencias a participar de este ámbito por parte de los líderes de la oposición ya son conocidas.

El senador blanco Javier García, por ejemplo, ya adelantó en una columna publicada en El País a principios de febrero que “no siempre corresponde enredarse en cabildeos si el que invita no pone claramente un mapa de ruta” y que “el diálogo por sí solo no dice nada”. Que puede ser “una perdida estéril de tiempo, y una frustración que enrarece más de lo que ayuda. El diálogo natural es en el Parlamento y en sus comisiones”, definió.

El excandidato Álvaro Delgado mostró dudas similares ante la consulta de los medios esta semana. “Hasta ahora han planteado menos que titulares”, señaló el senador nacionalista.

En otras filas coalicionistas, como en el Partido Independiente, de Pablo Mieres, consideró que “ya hubo diálogo hasta para tirar para arriba” en el período anterior, y que en todo caso confiaba en que no habrá modificaciones “sustanciales” a la reforma jubilatoria del gobierno anterior.

El diálogo será convocado formalmente por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y estará a cargo de una comisión sectorial de protección y seguridad social que encabezará Hugo Bai, el economista que representó al Pit-Cnt en la comisión de expertos que en el período pasado fue convocado por el gobierno de Lacalle Pou para luego llevar adelante la reforma que subió a 65 la edad mínima jubilatoria.

Bai ya adelantó en rueda de prensa que la intención es poner a funcionar este ámbito “de forma inmediata”, aunque sin precisar fecha, lo que tampoco hizo Castillo.

La discusión es amplia y tendrá en cuenta “todos los componentes de la seguridad social, porque abarca desde que las personas nacen hasta que mueren”, dijo Sánchez en una rueda de prensa que hizo este lunes, y en la que aseguró que la convocatoria, como quiere Abdala, será durante este mes.

Lo que es un hecho, señalaron por su parte fuentes del Ministerio de Trabajo a El País, es que se volverá a debatir al menos dos de los tres ejes que conformaron el plebiscito contra la reforma de Lacalle Pou: el retorno de la edad mínima jubilatoria a 60 años —una promesa de campaña de Orsi— y “la demanda que existe” en ciertos sectores del Frente Amplio “de eliminar el fin de lucro de las AFAP”, señalaron los informantes.

Asimismo, se buscarán introducir modificaciones para que mejoren las jubilaciones más bajas que hoy quedaron “aplastadas” tras la reforma y que constituyen una de “las preocupaciones más importantes” en el equipo del ministro Castillo.

El presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, O’Neill, sin embargo, señaló a El País que no imaginan que los cambios sean “por el lado de las pasividades” porque a su entender ese es un “tema laudado”. “Hay una ley que se aprobó hace menos de dos años después de un proceso de diálogo con un comité de expertos y un trámite parlamentario. Luego hubo un plebiscito contra el sistema de seguridad social que lo rechazó el 60%. No nos parece que esa sea una materia en la que haya que intervenir. Puede haber algún ajuste u otra cosa, pero para nosotros no sería saludable avanzar demasiado en una modificación”. No obstante, agregó que sí participarán del diálogo cuando se los convoque.