El Frente Amplio (FA) pretende relevar todo el Estado para conocer qué alcance tuvo el vínculo entre el pasado gobierno y la Fundación A Ganar. La coalición de izquierda se mostró en el pasado quinquenio crítica con las adjudicaciones hechas a esta organización, señalando repetidamente nexos entre sus directores e integrantes de la istración liderada por el Partido Nacional. Los cuestionamientos cobraron fuerza en los últimos días, al conocerse una serie de contrataciones definidas en las últimas horas de la pasada gestión, pero que deberán ser asumidas por los actuales responsables de varias oficinas públicas.

El pasado 13 de enero la fundación resultó favorecida en una licitación abreviada, abierta por la Secretaría Nacional del Deporte (Senade) de Presidencia de la República, en la que fue la única oferente, para brindar servicio de atención integral a instalaciones deportivas en Montevideo.

Según la resolución, a la que accedió El País, el importe total de la adjudicación es por $ 3,7 millones, por un período de seis meses de contratación. El proceso fue intervenido preventivamente por el Tribunal de Cuentas (TCR).

No fue la única. El 19 de febrero fue adjudicada otra licitación abreviada en la Senade, para el mantenimiento de espacios verdes de ese organismo en Montevideo por $ 2,2 millones.

Ante esta situación, el senador Eduardo Brenta (Vertiente Artiguista), cursó uno de los primeros pedidos de informes de la actual legislatura. Fue drigido al TCR, la Agencia Reguladora de Compras Estatales y a todos los ministerios e intendencias departamentales. Esos organismos deberán relevar e informar sobre las compras realizadas por el Estado a la Fundación a Ganar entre el 1° de mazo de 2020 y el 28 febrero de 2025 y se pide explicar la modalidad del contrato realizado, su objeto, monto y duración.

El pasado 25 de febrero el entonces presidente Luis Lacalle Pou autorizó la compra directa, por excepción, a Fundación a Ganar. La decisión, tomada cuatro días antes del cambio de istración, comprometerá a la actual gestión durante su primer año.

La resolución, a la que accedió El País, es por la "gestión y seguimiento" de hasta 230 cupos en centros y hogares residenciales de larga estadía, a los efectos de "ofrecer continuidad asistencial acorde y de calidad" a personas que "que presentan diagnóstico de cuidado permanente"-

El contrato estará vigente hasta el 2 de diciembre de 2025, y supone unos $ 153 millones a valores de julio de 2024, que se pagará en seis partidas. La decisión tomó "por sorpresa" a las recién asumidas autoridades ministeriales, que analizan qué margen tienen para revisarla.

El pedido de Brenta apunta sobre a los vínculos de esta fundación con varias intendencias nacionalistas. Por ejemplo la de Maldonado, en donde la coalición de izquierda afirma que hay unas 1.000 personas trabajando bajo esa movilidad. O en Paysandú, donde se apunta a unas 500 contrataciones.

La vinculación de la fundación con la intendencia sanducera motivó la formación de una comisión investigadora en la junta departamental y posterior denuncia, presentada por varios ediles del FA, que hablaron de que el llamado por el que se contrató a la fundación fue "calcado" con el realizado en otras comunas - "hasta con las mismas faltas de ortografía", realizado "sin publicidad, con cun corto período de apertura" y con la "rareza de que en todos existió un único oferente".

Otro caso cuestionado es el de Rocha. Brenta apeló en este caso las críticas que, en su momento, había hecho Valeria Ripoll, cuando aún era la presidenta de la Federación Nacional de Empleados Municipales. La que dos años después sería candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional se presentó a mediados de 2022 en la Junta Departamental de Rocha. y acusó a la comuna de ser "pionera de la peor forma de precarización laboral", al contratar mediante la fundación a trabajadores que antes se desempeñaban en forma directa para la intendencia y cuyos contratos no fueron renovados. El fundamentó, había dicho, era el ahorro de los aportes patronales.