El directorio de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) confirmó formalmente y por escrito, al gobierno y el Parlamento, que ya no cuenta con resto financiero para asumir sus obligaciones en el mes de julio. El Poder Ejecutivo tomó nota y presentó en las últimas horas una serie de modificaciones que la propia istración elaboró para asegurar la sustentabilidad de la institución. O, como se definió, "un aporte para mejorar la búsqueda del consenso", dado que, tal como está, su iniciativa no cuenta con votos para ser aprobada en la Cámara de Representantes.

"Entendíamos que hay un conjunto de ajustes que se podrían incorporar al proyecto de ley", señaló este miércoles el subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, ante la comisión especial que analiza el tema en la cámara baja.

Tal como adelantó El País, la istración incorporó unartículo que habilita a la caja a endeudarse, con garantía dle Estado, para pagar jubilaciones. Además el gobierno propuso - al contrario de lo que preveía en su proyecto - mantener el régimen de incompatibilidad previsto hoy según la vigente ley de estructura orgánica de la caja, que se irá haciendo "algo menos severa" con el paso del tiempo. La intención, según declaró Vallcorba, es evitar que los profesionales se jubilen "en forma masiva", generando así un impacto aún mayor en las finanzas de la institución.

Según la caja, a partir de que trascendió el proyecto unos 100 profesionales han cesado en su actividad, pero no se han jubilado a causa de este régimen de incompatibilidad. El proyecto que había sido remitido por el gobierno proponía la derogación de este régimen. En síntesis, lo que ahora se plantea es aplicar el régimen para los nacidos hasta 1972. Y para los nacidos a partir de 1973, que la incompatibilidad se aplique exclusivamente para las actividades amparadas por la caja.

Con respecto al valor de los timbres profesionales, el gobierno presentó una alternativa, para explicitar que en el primer ajuste a partir de la aprobación de la ley - que sería el correspondiente a enero de 2026 - se considere la variación de los últimos 12 meses a setiembre. Como el último ajuste fue en julio de este año, eso le otorgaría a la caja un incremento algo mayor en sus recursos.

Este miércoles, en su segunda exposición en menos de un mes, el gobierno presentó en el Parlamento un informe con respecto a las consideraciones detrás de su propuesta y su impacto económico y financiero. Fue elaborado según las estimaciones de la propia caja, en base a sus modelos actuales con respecto al proyecto que el gobierno de Luis Lacalle Pou impulsó sin éxito en 2023.

El modelo, explicó Vallcorba, muestra un "resultado operativo muy rápido" de la caja, que luego se estabiliza relativamente. Así, el mayor deterioro se producirá este año y el que viene, mientras que los resultados negativos se extenderán "sistemáticamente" por los próximos 20 años.

El modelo incluye el impacto de cada una de las medidas previstas en el proyecto de ley, detalladas por quinquenio. Así, en lo que tiene que ver con el aceleramiento de la convergencia paramétrica, se proyecta que a partir de 2030 comenzará a verse una reducción de egresos del orden de los US$ 38 millones.

"Es un riesgo cierto que existe y que el proyecto de ley intenta mitigar" señaló Vallcorba, en relación a que el incremento en la tasa de aporte para los activos pueda derivar en un aumento en las declaraciones de no ejercicio. Así, en un "escenario conservador", las proyecciones indican que el 3,5% de los profesionales ubicados en las primeras nueve categorías que hoy tributan optarían por pasar a declarar no ejercicio y, por lo tanto, dejarían de aportar. En el caso de la categoría 10, la superior, el impacto seria el doble: 7%. Se trata de los profesionales que ya cuentan con condiciones para jubilarse.

El subsecretario recordó que, según el proyecto, los profesionales ubicados entre las categorías 3 y 10 tendrán la posibilidad de bajar de categoría y, por lo tanto, mitigar el impacto del aumento de la tasa. Algo que no tendrán los ubicados en las dos primeras categorías, que suponen el 45% de los profesionales que hoy aportan a la caja. El modelo, por otra parte, proyecta un incrementó en la recaudación del 10,7%.

En lo que respecta al impacto de la "prestación pecunaria" prevista para los pasivos, también se proyecta una relativa estabilidad hasta 2040, cuando empezará a reducirse en la medida en que caiga la cantidad de pasivos que aporten, producto de su eventual fallecimiento. La misma secuencia se proyecta en cuanto a los aportes que deberá hacer Rentas Generales para sostener a la caja.

Vallcorba sugirió por otra parte una "precisión" con respecto a la fórmula de cálculo del sueldo básico jubilatorio. También que el diseño de tasa de aporte de los pasivos refiera tanto a las jubilaciones actuales como a las futuras.

Los partidos que conforman la Coalición Republicana terminaron de ajustar este jueves una serie de propuestas que presentarán en las próximas horas como alternativa al proyecto de ley elaborado por el gobierno para que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (Cjppu) pueda afrontar la crisis que la arriesga a no poder enfrentar sus obligaciones a partir de julio.

La propuesta, a la que accedió El País, fue consensuada por los partidos Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto, y será entregada en las próximas horas al Frente Amplio (FA).

En líneas generales, plantea dejar de lado la "aportación pecunaria" que el Poder Ejecutivo propuso aplicarle a los profesionales pasivos, que en promedio se sitúa en 9%. También mantener la tasa de aportes de los pasivos en 18,5% -en lugar de incrementarla al 22,5%, como quiere el Ejecutivo - y hacerla retornar al 16,5% a partir de enero del año que viene. "Subir más este impuesto implica un fuga de profesionales al no ejercicio de la profesión o bajarse de categoría, y por tanto menor recaudación", se indicó.

Con respecto a los timbres y tasas, se propone actualizarlos por Índice Medio de Salarios, en lugar de por precios al consumo, y un "actualización de los mismos más diez puntos porcentuales" desde julio de este años durante cinco semestres.

La coalición planteó por otra parte volver a la compatibilidad de jubilación por edad avanzada y otra pasividad. También universalizar el cese de aportes con 65 años de edad y 30 de servicio y poder seguir trabajando. "Si bien la caja no recibe aportes, tampoco deberá pagar jubilaciones de forma adelantada", se afirma.

En cuanto a la asistencia financiera prevista por el Estado, la coalición entiende que deberá ser superior a la planteada por el Poder Ejecutivo. "En principio, podría haber acuerdo de que fuera la correspondiente los valores recaudados por IASS que pagan los profesionales jubilados - unos US$ 39 millones - y así comunicarlo", se indica.

En cuanto a las posibilidades de que la caja se endeude con garantía del Estado, la propuesta de la oposición es hasta US$ 50 millones por valor en 2026.

El proyecto alternativo prevé además un régimen especial de facilidades para el pago de adeudos, prorrogando el plazo previsto por dos años más. Según se indica, en un solo semestre de aplicación de este mecanismo se llevan recaudados US$ 11,5 millones. Todo esto, según se estima, supondría una recaudación de US$ 136 millones en 2026.

Por otra parte, la coalición propone mantener el esquema de gobernanza actual de la Caja de Profesionales, con siete directores honorarios, sin pago de viáticos.

Suponiendo que todas las fuerzas políticas logren que todos sus integrantes asistan a la sesión en que el tema se discuta en la Cámara de Diputados, la coalición superaría por un voto al FA: 49 a 48. Con dos diputados, Identidad Soberana, de Gustavo Salle, ya dejó en claro que no votará ningún proyecto.