Redacción El País
El senador frenteamplista Óscar Andrade, integrante del Partido Comunista, hizo referencia este domingo a la investigación fiscal sobre el posible financiamiento del Partido Comunista con dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc) que está bajo la órbita del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) y las cámaras empresariales del sector.

“Robar es un delito y la difamación e injurias también lo es. La justicia va a investigar a fondo y cuando todo quede claro mucha tranquilidad de espíritu de no haber estado ni por un minuto difundiendo la versión de los sinvergüenzas. Tiempo al tiempo”, publicó Andrade en su cuenta de X, citando una publicación del senador nacionalista Sebastián da Silva que catalogó la noticia como “un escándalo”.

Según informó el semanario Búsqueda este sábado, al menos cinco de las personas que fueron citadas a declarar mencionaron al Partido Comunista con referencia al dinero del fondo. En particular, Santiago Bernaola –uno de los expulsados del Sunca por desvío de fondos– “se refirió al uso de dinero para financiamiento de la campaña del “Sí” a la reforma de la seguridad social, y de la campaña de las elecciones nacionales y de las internas del Frente Amplio”, apunta el semanario. Otros testimonios hacen referencia a financiamiento de campaña para el Partido Comunista.

La mayoría de las declaraciones mencionan a Bernaola como el cerebro de la maniobra. Sin embargo él, al declarar en la Policía, señaló a otros de los expulsados como responsables y mencionó posibles vínculos políticos, dijeron a El País fuentes cercanas al sindicalista.

En febrero de 2024 el Fosvoc —conformado por el Sunca, la Cámara de la Construcción del Uruguay (CCU) y la Liga de la Construcción del Uruguay (LCU)— tuvo un cambio de autoridades. En ese movimiento, la pata empresarial del mecanismo propuso la bancarización de todo el dinero que se manejaba. Es decir, se dejaba de utilizar efectivo o los cheques, y se pasaba todo a transferencia. Según supo El País, en un principio algunos sindicalistas presentaron reparos con respecto a esta medida, pero esta luego fue aceptada.

En diciembre del mismo año, Rey tomó licencia para realizarse una intervención quirúrgica de carácter estético. Durante su ausencia, quienes quedaron en su lugar descubrieron que se venían realizado transferencias para las que no existían comprobantes —las reglas internas establecen un sistema de doble firma para el retiro de fondos—, las que, como se señala en la denuncia a la que accedió El País, podían ser consideradas “sospechosas”. Tras esto se hizo una auditoría que confirmó la irregularidad, y luego se presentó el caso a la Justicia.

Foto: Lorena Zeballos Báez

Por haber recibido dinero en el marco de la maniobra, el Sunca expulsó a Jhon Fernández, Santiago Bernaola, Bruno Bertolio, Robert Marcelo Martínez, Carlos Larrosa, Juan Ortiz y Víctor Rivero. Se entendió que “defraudaron la confianza que puso el gremio en ellos”. Un dato curioso es que las expulsiones fueron resueltas por la cúpula sindical, sin llamar a una asamblea, lo que suele ser lo regular para tomar este tipo de decisiones: es decir, el Sunca resolvió antes de que lo hiciera la Justicia.

Además de estos siete sindicalistas que forman parte de la causa, según supo El País por parte de fuentes del caso, entre los otros siete involucrados hay varios “amigos o familiares” de estos.

Esta semana Búsqueda difundió un escrito del dirigente sindical Pedro Porley, uno de los principales referentes de la oposición en el Sunca, que circuló en mensajes de WhatsApp de los obreros. Según el semanario, el texto es para explicar los motivos por los que la agrupación Manuel Barrios se retiró de la comisión en la que se está tratando esta denuncia por presuntos desvíos de fondos.

El País accedió al texto en el que Porley manifestó que desde 2011 su corriente ha sido barrida "arbitrariamente y en estilo dictatorial de la participación, elaboración política e integración de las directivas".

"Hay quienes se manejaron y se manejan como dueños del sindicato", expresó, y cuestionó las afirmaciones que "califican y adjetivizan sobre la calidad de los involucrados". A su entender, se está "tratando de ocultar el sol con un dedo".

Si bien aclaró que lo que más preocupa de esta situación es la "apropiación indebida" y la "asociación para delinquir" que presuntamente se armó, se retiran de la comisión pero con el anuncio de que no permitirán "la falta de respeto" a integrantes de su corriente sindical.

El País consultó al presidente del Sunca, Richard Ferreira, integrante de la corriente mayoritaria, la lista 658, que es cercana al Partido Comunista. Aseguró que "la mayoría de los expulsados" corresponden a la lista mayoritaria y "otro implicado" a la Manuel Barrios.

Además afirmó que "todas las decisiones que se han tomado han sido en el ámbito de la dirección del ejecutivo", órgano en el cual "el compañero Porley participa". "La información que ha surgido de la investigación que está desarrollando la Justicia la hemos trasladado a los ámbitos que corresponden. Si hay compañeros que entienden que falta información sería bueno que se especificara en los ámbitos correspondientes", apuntó.

Ferreira fue consultado sobre la posible vinculación del desvío de fondos con el Partido Comunista —al que pertenecen varios de los sindicalistas involucrados— algo que investiga la Fiscalía, y respondió que "no hay hasta ahora ninguna documentación ni evidencia que compruebe" que haya algún tipo de vínculo.

El sindicalista dijo querer saber "cuál es el destino" del dinero desviado, pero reiteró que "no surge de la etapa de investigación" que haya vinculación con el partido.