Sentado en la oficina que supo ocupar el excandidato Álvaro Delgado, y cebando mates con un termo que le regaló Luis Lacalle Pou, Alejandro Sánchez, secretario de la Presidencia del gobierno de Yamandú Orsi, adelantó a El País que las leyes de esta período, en donde nadie tiene mayoría parlamentaria, saldrán con “acuerdos puntuales” y con distintos legisladores. La actitud será entonces de mucho diálogo, sin “denigrar a la oposición ni preguntar qué es, como cinco años atrás se preguntó quién era el Frente Amplio”.

-¿Cuáles son las medidas prioritarias para los primeros 100 días?

-Llegamos primero con una impronta no refundacional, por tanto no nos apremia esta idea de qué vamos a hacer en ese tiempo. Venimos a contribuir a un proceso de mejora de la calidad de vida de la gente y de poner foco en la pobreza infantil, que es una de las grandes vergüenzas nacionales. Nuestras prioridades son las que presentamos en Colonia, en donde nos planteamos la creación de 12.000 puestos de trabajo para jóvenes, duplicar el monto de las becas Butiá y multiplicar por cuatro la cantidad de gurises que están becados como un estímulo a la permanencia. Por eso queremos generar las condiciones para que el próximo comienzo de clase podamos dar un bono para que las familias puedan comprar útiles escolares, y que esos gurises arranquen todos con útiles nuevos.

-¿Pero cuándo se va a empezar a aplicar ese bono?

-Se va a tener que aplicar a partir de que aprobemos el Presupuesto quinquenal; o sea, el año que viene.

Foto: Leonardo Maine/El País.

-¿Piensa que es complejo bajar los delitos, sobre todo las rapiñas y los homicidios? ¿Se van a bajar en este periodo?

-El problema de la seguridad es el número uno de todos los uruguayos. Por lo tanto, hay que atacarlo. Primero reprimiendo el delito. Ahora, hay que prevenirlo también. Nuestro Ministerio de Interior viene a conducir una política de seguridad inteligente, que tratará de prevenir al máximo, pero que cuando se cometa el delito, lo va a reprimir. Pero además hay que tener una mirada del problema de la criminalidad que salga de los estereotipos. Porque el problema de las bocas de pasta base en cualquier barrio de Montevideo está asociado con el problema de los cargamentos de droga que salen por el puerto de Montevideo y que quizás esté relacionado con alguien que tiene muchísimo dinero y que genera todo un esquema de lavado de activos para poder darle sustento a todo eso. Y el sistema político tiene que saber que acá se juega una parada gigantesca. Porque si nosotros queremos preservar nuestro modo de vida, nuestro modo de convivencia, tenemos que saber que en esto no podemos errar.

-¿Se va a buscar que la DEA vuelva a instalar sus oficinas en Uruguay, como se intentó en el período anterior?

-No. Vamos a trabajar con la DEA, y vamos a trabajar con distintas agencias, pero no necesariamente tienen que estar acá. No es una cuestión urgente para nosotros.

-En su asunción, Orsi dijo que los contratos se van a respetar. En estos primeros días el gobierno inicia, por lo menos, con dos temas grandes a resolver: el arbitraje de Ferrocarril Central y, sobre todo, la renegociación que plantearon del contrato para la construcción de una nueva planta de agua en Arazatí. ¿Cómo se va a trabajar esto?

-Nosotros queremos renegociar el contrato de Arazatí o proyecto Neptuno. El primer error del gobierno pasado fue que terminaron sus cinco años y nos quedamos sin el pan y sin la torta. Quiero decir: nosotros llegamos al gobierno y no está hecho el proyecto de Casupá y tampoco el de Neptuno. Sobre este último, tengo que reconocer que se fueron haciendo modificaciones y de hecho por eso tiene aprobación ambiental, pero todavía no levantó todas las críticas; entre otras cosas, porque el lugar elegido para la toma de agua es muy problemático, ya que en los meses que más precisamos agua dulce la salinidad es muy alta. El modelo de negocio elegido también es un problema por los altos costos que representa. Y, además, tiene todavía algunos impactos de carácter ambiental.

Foto: Leonardo Maine/El País.

-¿Qué posibilidades de renegociación visualiza?

-Aspiro a tener éxito, lo que pasa es que me voy a sentar con un consorcio que tiene un contrato firmado.

-¿Y el proyecto de Casupá se va a llevar adelante en paralelo?

-Sí, para nosotros Casupá es clave, porque el Estado tiene que generar las condiciones de aprovechar los recursos que ya invirtió la ciudadanía.

-¿Se va a hacer en este período?

-Sí, es lo que pretendemos. El problema es que la prioridad en garantizar el agua potable en el área metropolitana es para ahora.

-¿Se va a bajar a 60 años la edad mínima jubilatoria?

-Nosotros fuimos claros. Vamos a convocar a un diálogo social. Dijimos que lo íbamos a convocar inmediatamente, y la primera orden que dio Yamandú después del primero de marzo fue: “Necesito tener ya en la mesa cuáles serán la metodología y las bases por las cuales vamos a convocar el diálogo social”. ¿El camino de este gobierno es el diálogo? Sí, pero el diálogo tiene que llegar a un producto. Y a veces el diálogo tiene acuerdos y desacuerdos, pero siempre debe llegar a una conclusión.

-¿No necesariamente va a bajar a 60 años la edad mínima jubilatoria?

-No, no. Nosotros tenemos nuestro programa, donde nos hemos comprometido. En todas partes del mundo donde aumentó al barrer la edad jubilatoria, casi la mitad de los trabajadores se quedó sin a la jubilación. Nosotros cuestionamos al gobierno por aumentar al barrer la edad jubilatoria, y nos comprometimos en nuestro programa a que el camino para nosotros es incentivar y postergar la jubilación, pero sin obligar. Por tanto, todos aquellos que necesiten o quieran jubilarse antes, lo tienen que poder hacer. ¿Cuál va a ser el instrumento? ¿De qué manera se va a hacer esto? Es parte de lo que vamos a discutir en el diálogo social.

-¿También el rol de las AFAP y la eliminación de su finalidad de lucro, como planteó usted durante la campaña?

-Está planteado. No lo está en los términos que estaban en el plebiscito. Creemos que hay que discutir algunos incentivos que puede tener el sistema de acumulación y capitalización, para así bajar los niveles de lucro. Va a ser parte obviamente del diálogo social y es lo que está en el programa de Frente Amplio.

-¿Cómo cree que va a ser la oposición en Parlamento? ¿La ve dialogante o dispuesta a trancar?

-Creo que hay dos tipos de actitudes. Hay una actitud beligerante y muy virulenta que he encontrado en algunos dirigentes, y que le hace mucho daño a la propia oposición, y a esos dirigentes. Y hay otros que han seguido un camino distinto, más cauteloso, más de dejar un compás de espera, más de hablar de la necesidad de ver cómo se desenvuelve el gobierno, cómo despliega su política. Nosotros tendremos un gobierno de diálogo; daremos todo el diálogo que sea necesario y posible. Porque además hay una realidad: ninguno de los dos bloques tiene mayoría en la Cámara de Diputados, y por tanto hay una necesidad de acuerdo. Ese es un mandato de la ciudadanía, además de un compromiso: llegar a acuerdos, que los buscaremos, manteniendo la firmeza de lo que eligió la gente, que fue un cambio. Ese cambio implica ver los aspectos negativos que hay en nuestra sociedad para resolverlos. Ahora, lo que nosotros no vamos a hacer nunca es denigrar a la oposición, ni preguntar qué es, como cinco años atrás se preguntó quién era el Frente Amplio.

-¿En la Cámara de Representantes se va a ir en busca de los legisladores o de los partidos?

-Vamos a hablar con los partidos políticos, pero acá hay un escenario que es claro: es cierto que nadie tiene mayoría en Diputados, pero también es cierto que más allá de las mayorías que se puedan construir allí, nadie puede sacar una ley sin el voto del Frente Amplio, porque el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado. Ojalá haya acuerdos globales en algunas líneas generales, pero lo que va a haber son acuerdos puntuales. Es altamente probable que para cada ley, específicamente, las mayorías que se construyan en Diputados sean muy distintas. Yo no aspiro a que haya una mayoría estable para todos los temas, porque además uno mira los partidos, las agendas de sus partidos, y las agendas de las bancadas, y son distintas. Hay bancadas que tienen agendas diferentes dentro de los propios partidos, y hay legisladores que tienen agendas diferentes. Nuestro esquema de negociación es un esquema de negociación amplio, por supuesto. Pero obviamente sabemos que vamos a ir a acuerdos puntuales en cada oportunidad, con cada proyecto de ley y de manera diferente.

-¿Algunas leyes se aprobarán con diputados de Cabildo Abierto y otras con los de Identidad Soberana, por ejemplo?

-Por ejemplo, y otros con algunos del Partido Nacional, y otros con algunos del Partido Colorado, y otros con todos. Ese va a ser el escenario.

-¿Es contemplable la contrapropuesta que hizo la coalición en la negociación por los cargos?

-En Uruguay no hay nada escrito con respecto a la participación de la oposición. Eso es clave: se trata de un acuerdo político. No existe ninguna ley de coparticipación. Y, de hecho, la participación más baja en los momentos que hubo participación ha sido en el último gobierno, que decidió ofrecer en primer lugar 33 lugares al Frente Amplio y originalmente ni siquiera estaba nuestra participación en Antel, para poner un ejemplo, o en Colonización. Ahora la oposición pide un conjunto de cargos más de los que nosotros ofrecimos, que fueron los mismos que ellos ofrecieron. Hay un viejo dicho popular que dice: “No pidas lo que no estuviste dispuesto a dar”. Pero nos vamos a poner de acuerdo, porque a nosotros nos interesa que participen y porque está implicada otra cosa que hay que entender bien. El gobierno de Lacalle Pou terminó en la istración Central, pero continúa en las empresas públicas. Y, por tanto, como parte del acuerdo está la necesidad de votar rápidamente las primeras venias.

-¿Aspira a nombrar un nuevo fiscal de Corte y al resto de los cargos en la Justicia?

-El sistema político tiene que demostrar la capacidad de ponerse de acuerdo, porque ahí sí se necesitan mayorías especiales. Creo que hay que armar un paquete en que se pueda negociar todos esos cargos. Nosotros somos mano.

-¿Qué plazo se trazó el gobierno?

-No quiero poner fechas. Es una negociación que todavía no se sabe cuándo va a terminar, porque todavía ni siquiera empezó. Lo cierto es que pasamos toda una legislatura sin poder ponernos de acuerdo.

-El canciller Mario Lubetkin adelantó esta semana que Uruguay ya no reconoce a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela -aunque tampoco reconoce a Nicolás Maduro. ¿No fue el ganador de las elecciones de su país dada la evidencia presentada?

-Nosotros no reconocemos ni desconocemos a nadie. Ese es el tema. La Unión Europea, ¿a quién reconoce? Donald Trump, ¿a quién reconoce? ¿Cuántos países en el mundo reconocen al señor González Urrutia? Seis. Entonces, evidentemente hay un problema de calidad democrática y de autoritarismo en Venezuela. Pero nosotros queremos ser un centro de solución de controversias. Uruguay, una democracia sólida en un mundo convulsionado, puede ser un espacio para la negociación y la mediación.