La Fiscalía General de la Nación incorporó a la ex vicepresidenta de Cabildo Abierto, Sandra Chá, para que se desempeñe en el área de Jurídica. Chá ingresó en pase en comisión, puesto que ella es funcionaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, consta en una resolución de la Fiscalía firmada por la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero a la que accedió El País.

La resolución número 388/2025 funda la decisión de incorporar a Chá en que existe "necesidad de reforzar al equipo técnico del Departamento de Jurídica en lo referente a litigios, asuntos contenciosos, disciplinarios, notariales, entre otros".

Ante la consulta de El País, Ferrero dijo que desconocía la filiación política de la abogada y afirmó que mientras no milite, entiende que no existe conflicto de intereses. A su vez, reconstruyó El País, Chá fue consultada sobre si seguía militando activamente y contestó que no.

El texto de la resolución indica que ella "posee amplia experiencia en la labor de asesoría en distintos organismos públicos". Según el registro de profesionales de la Suprema Corte de Justicia, la exdirigente cabildante quedó habilitada para ejercer la procuración en el año 2014 y la abogacía en febrero de 2017. Trabaja en el Ministerio de Transporte desde el año 2008, informó ella misma a través de su red de Linkedin. El País se ó con Chá para conocer otros detalles de su experiencia profesional, pero la abogada contestó que no evacuaba "consultas de particulares".

La resolución de Ferrero dispone que, por la tarea que pasó a cumplir en Jurídica, se le pague una compensación —extra al sueldo que cobra en el ministerio— de aproximadamente $28 mil. El periodo del pase en comisión será, en primera instancia, hasta diciembre de 2025. La fecha de inicio fijada fue el 1 de mayo.

Cuenta de X de Sandra Chá

La abogada estuvo en Cabildo Abierto desde su fundación —ella se definía "cofundadora" en su cuenta de X, pero eliminó su tras la consulta de El País— y ejerció la vicepresidencia desde abril de 2024 hasta julio de ese mismo año. Pertenecía al Espacio de los Pueblos Libres, sector que encabeza Eduardo Radaelli. Fue una de las principales referentes del comando que recolectó las firmas para habilitar el plebiscito llamado "Por una deuda justa".

A fines de noviembre del año pasado, presentó una demanda laboral contra el partido por $4 millones de haberes impagos. El Observador informó en ese entonces que Chá reclamaba ese monto por concepto de salarios impagos, salario vacacional, aguinaldo y despido. Finalmente, la abogada y el partido terminaron acordando el pago de $220 mil, publicó el Semanario Búsqueda en enero.

Aunque Cabildo Abierto es el partido que más ha insistido en que la Fiscalía está "partidizada" o "politizada" a favor del Frente Amplio, Chá no se ha expresado públicamente en forma personal sobre el tema. Sin embargo, en su cuenta de X —que fue eliminada— reposteó una publicación del dirigente cabildante y exministro Raúl Lozano, que decía: "La conclusión es clara… Toda una gran mentira la vida y muerte del Cdor. Saúl Feldman creadas por el juez (Jorge) Díaz y por el fiscal (Ricardo) Perciballe con la complicidad de esa “autopsia sicologica” hecha a la medida. Debería aprobarse el delito de prevaricato y que no prescriba…".

Durante la pasada istración, Cabildo Abierto impulsó un proyecto de ley para ampliar el delito de prevaricato. El primer proyecto presentado pedía que se castigara a jueces y fiscales que "intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal". La pena propuesta era de 18 meses de prisión a siete años de penitenciaria.

Aunque el Departamento de Jurídica realiza diferentes trabajos internos que no están expuestos al gran público, hay otra parte de su labor que sí ha tenido repercusión. Por ejemplo, sus integrantes son los encargados de llevar adelante los sumarios a los fiscales Stella Alciaturi (por la filtración del documento de imputación de Guillermo Besozzi y publicaciones agraviantes para el Partido Nacional), Alicia Ghione (por presuntamente no haber informado a una víctima que no imputaría a los denunciados en su causa, luego de haberle dicho que sí lo haría) y a Raúl Iglesias (por la filtración de un documento interno a la prensa). También han intervenido en las audiencias de conciliación con el gremio de fiscales ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

La directora del Departamento es la abogada Lucía Salvia.