La jueza María Sol Bellomo condenó a cuatro años y cuatro meses de cárcel al hombre que, a mitad de marzo, retuvo a un adolescente que iba al liceo en Punta Carretasy le exigió a su madre que entregara dinero y una consola Play Station para devolverlo sano y salvo. Así surge del registro de la audiencia al que accedió El País.
La condena se concretó producto de un acuerdo abreviado entre la Fiscalía de Flagrancia de 8vo Turno, representada en audiencia por Cecilia Ronco, y la defensora pública del imputado, María Noel Rodríguez Nader. El imputado reconoció que el 14 de marzo, pasadas las 6:30 de la mañana, abordó a la víctima, de 16 años, que se dirigía a la parada del ómnibus. El adolescente había salido de su casa para ir al liceo.
En la calle Echevarría, del barrio Punta Carretas, el ahora condenado le pidió a la víctima que le entregara sus pertenencias. Le revisó la mochila y la riñonera que tenía, mientras pretendía asustarlo diciéndole que hacía dos días que había salido de la cárcel y que estaba enfermo de sida. Como no se conformó con lo que el adolescente llevaba consigo, le preguntó cuánto dinero tenía en la tarjeta de débito y lo obligó a ir hasta un cajero cercano a retirar efectivo.
Lo amenazó en todo momento diciéndole que si no hacía lo que le decía le iba a pegar un tiro, aunque nunca le exhibió un arma. De esa forma, lo llevó hasta el cajero ubicado en un supermercado en la calle Scosería. El condenado ingresó al cajero junto al adolescente y pudo constatar que solo tenía $2.000 en la cuenta bancaria.

Allí fue que lo obligó a llamar a sus padres. Primero llamó a su padre, pero como no atendió, probó con su madre. Ella atendió y escuchó como el imputado le decía que tenía a su hijo secuestrado y que tenía que pagarle para volver a verlo. "Tengo a tu hijo secuestrado, si hacés lo que te digo no le voy a hacer nada, pero si no, le corto una oreja", le dijo, según refirió la fiscal Ronco en la audiencia. Luego de ello, le preguntó cuánto dinero podía reunir para entregarle a cambio de su hijo.
La conversación duró 17 minutos. El imputado le dijo que debía poner el dinero en una bolsa de papel, junto a una muda prolija y la consola Play Station de la víctima si quería volver a verlo. El intercambio ocurriría en el puente Sarmiento.
Una amiga de la madre del adolescente estaba con ella cuando recibió la llamada y avisó inmediatamente a la Policía. Los efectivos montaron un operativo en el lugar del intercambio para intentar capturar al acusado.
Mientras tanto, el imputado y la víctima emprendieron la vuelta del supermercado al que habían ido a sacar el dinero y pasaron por una estación de servicio que está cerca del puente. Allí, inflaron las ruedas de la bicicleta del imputado, dijo la fiscal.
Al llegar al punto de encuentro, la madre de la víctima dejó los objetos que le habían pedido en el suelo y se retiró. El adolescente se acercó al lugar junto al imputado, que comenzó a intentar juntar las bolsas. En ese momento, los policías que habían montado guardia allí, intercedieron y detuvieron al imputado.
En ese momento, el subjefe de Policía de Montevideo, Carlos Rodríguez, celebró la forma en la que actuó la Policía y destacó la importancia de denunciar este tipo de hechos. "La Policía actuó de inmediato (...) (El caso) preocupa, tenemos que estar atentos y necesitamos de la colaboración de las familias", manifestó.
Pese a que la Policía interpretó este episodio como "un caso aislado", Rodríguez afirmó: "No vamos a permitir que este tipo de hechos se hagan costumbre en nuestro país".
El delito de extorsión
El hombre fue condenado por un delito de extorsión. Se le computó como atenuante el haber itido los hechos y como agravante, la reincidencia.
Este delito lo comete "el que con violencias o amenazas, obligare a alguno a hacer, tolerar o dejar de hacer algo contra su propio derecho, para procurarse a sí mismo o para procurar a otro un provecho injusto, en daño del agredido o de un tercero".
La pena mínima de este delito es de cuatro años de prisión y, la máxima, de 10.
En este caso se le impuso una pena de cuatro años y cuatro meses de cárcel. Cuando se celebran acuerdos abreviados, la Fiscalía puede ofrecerle al imputado una pena hasta un tercio menor a la que solicitaría si fueran a ir a juicio oral.