Durante el último quinquenio, Uruguay avanzó en materia de regla e institucionalidad fiscal, pero como he planteado en columnas anteriores lo hizo en forma parcial. ¿Cómo debería seguir ahora? ¿Qué propuestas de mejoras deberían evaluarse?

También desde este espacio algunas sugerencias en esa dirección ya se han realizado. El momento actual abre una gran oportunidad para retomarlas y profundizarlas.

Por un lado, el proyecto de Ley de Presupuesto 2026-30, que empieza a elaborarse, constituye una instancia ideal para plasmar nuevos avances, tanto por el timing político-electoral como por la pertinencia del vehículo legal.

Por otro lado, se acaba de presentar en Montevideo la versión final de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con recomendaciones para continuar fortaleciendo el marco fiscal en Uruguay. Se trata de un estudio elaborado por los economistas Hermann González Bravo y Jorge Rodríguez Cabello, que tienen larga experiencia de trabajo en gobiernos de distinto signo político en Chile y que han sido vicepresidente y presidente, respectivamente, del Consejo Fiscal Autónomo de ese país.

La elaboración de una especie de “hoja de ruta” para el marco fiscal de Uruguay fue recomendada por su Consejo Fiscal Asesor, solicitada al BID por el gobierno de Luis Lacalle Pou y bien acogida por la istración de Yamandú Orsi. Razonablemente, se basó en la revisión de la literatura y experiencia internacional sobre buenas prácticas en la materia, considerando los avances de Uruguay y las adaptaciones necesarias a su realidad.

Esta “hoja de ruta” incluye, en lo esencial, recomendaciones sobre la regla fiscal, la institucionalidad asociada y la transparencia y comunicación de todo ello.

En cuanto a la regla fiscal, la principal sugerencia es estimar y explicitar un nivel prudente de deuda pública (neta) como ancla fiscal de mediano plazo, en consistencia con la sostenibilidad a la larga de las finanzas públicas. Las metas para el resultado estructural deben fijarse (y cumplirse) para tener los niveles proyectados de deuda por debajo de dicho umbral. Las holguras deberían ser calibradas para enfrentar potenciales shocks esperados o inesperados, sin sobrepasar irreversiblemente el nivel prudente de deuda, ni perder el grado inversor.

Si bien la teoría y experiencia internacional muestran que hay metodologías alternativas para definir ese umbral, parece interesante innovar tomando como referencia objetivos de calificación crediticia (BBB+ o A- por ejemplo) o de spread soberano que justamente contemplen esos buffers.

Para mejorar la regla fiscal, también se propone revisar la definición de las cláusulas de escape para hacerlas más objetivas, incorporar la recomendación del Consejo Fiscal sobre su magnitud-temporalidad y complementarlas con mecanismos explícitos de reversión.

Todo eso debería ser complementado con el estudio de la eventual ampliación en el perímetro de la regla hoy circunscrito al gobierno central-BPS y el fortalecimiento de los equipos y las capacidades analíticas del Ministerio de Economía.

En materia de institucionalidad fiscal, también hay claramente espacios de mejora.

Por un lado, como he planteado en columnas previas, es imprescindible transformar el Consejo Fiscal Asesor en Autónomo, con mayores recursos y responsabilidades, sobre todo para evaluar impactos en sostenibilidad de las finanzas públicas de cambios significativos de políticas públicas, interactuar con el Parlamento y acceder a más información para su trabajo. A su vez, debería obligarse al Ministerio de Economía a responder a las propuestas (no vinculantes) del CFA en términos de “cumplir o explicar”, como sugiere el estudio del BID.

Por otro lado, si bien Uruguay tuvo un gran avance al incorporar un Comité de Expertos para cálculo el PIB Potencial y su crecimiento, esto podría potenciarse con la incorporación de más técnicos a título personal (en vez de institucional) y de mejores metodologías para estimar dichas variables.

Finalmente, tanto el MEF como el CFA deberían avanzar en fortalecer la comunicación sobre responsabilidad fiscal hacia diferentes estamentos de la sociedad, desde la profundización en la interacción con los técnicos pasando por el Parlamento y el resto del sistema político, hasta la pedagogía del tema a nivel ciudadano. En esto el estudio del BID también detalla un conjunto de medidas específicas siguiendo las mejores prácticas internacionales.

En fin, es evidente que “la hoja de ruta” para continuar fortaleciendo el marco fiscal en Uruguay no se agota en todas estas propuestas. Podría haber más. Pero al menos es una lista necesaria para pasar de la etapa de fundación del nuevo enfoque a uno de consolidación.

En el trabajo para el BID los economistas González y Rodríguez sugieren que la implementación sea gradual, pero dados los ritmos uruguayos y las vulnerabilidades fiscales en el contexto global de incertidumbre, quizás habría que ser más ambicioso en los tiempos. Sobre todo por la ventana de oportunidad asociada al ciclo político-electoral y el (mega) instrumento de la Ley de Presupuesto.

En ese sentido, también sería una gran señal que estos avances, en pro de mayor responsabilidad fiscal, se concreten con un amplio consenso, para que perduren y se consoliden dentro de la política de estado.

Y adicionalmente no debería ser una reforma parcial, porque las mejoras a la regla y la institucionalidad van intrínsecamente de la mano. Se potencian. Por ejemplo, un CFA autónomo y con alto reconocimiento técnico actúa como "guardián confiable" que vela mejor por el funcionamiento de la regla y el cumplimiento de las metas.

Claramente “la agenda está”. Veremos si también está el liderazgo técnico y político para ir rápido en esa dirección.