Losdatos divulgados por el INEel pasado 9 de mayo expusieron una evidencia dolorosa: la tasa de pobreza en Uruguay se encuentra casi 10 puntos por encima de lo que teníamos como aceptado. Hasta ahora, la Línea de Pobreza (LP) —umbral de ingresos que permite cubrir una canasta de consumo básica para que los integrantes del hogar no sean considerados pobres— se venía calculando en base a la Encuesta Nacional de Gastos e Ingresos de los Hogares (Engih) de 2006. En su reciente publicación, el INE anunció una actualización metodológica basada en la nueva Engih cuya etapa de campo finalizó en 2017.Los datos muestran que en 2024 la tasa de pobreza en personas medida a través del método del ingreso —es decir el porcentaje de personas cuyo ingreso está por debajo de la LP— habría sido de 8,3% según la metodología 2006, un registro que nos hubiera dejado “contentos” por ser la menor marca desde 2018, y apenas 0,4 puntos por encima del mínimo histórico registrado en 2017. Más aún, la tasa de pobreza en hogares habría sido de 6,9%, las más baja en toda la serie (la tasa de pobreza en hogares siempre es inferior a la tasa de pobreza en personas, al ser superior la natalidad en los estratos socioeconómicos bajos; lo cual hace que sea mayor el número de integrantes en los hogares pobres). Sin embargo, la nueva metodología 2017 nos dio un baño de realidad al arrojar un 17,3% de personas pobres (ver gráfico 1).

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¿Por qué la pobreza es más alta con la nueva metodología? El INE expone básicamente tres motivos. En primer lugar, la LP es mayor a la que se venía calculando con la metodología 2006. La LP se define como el valor monetario del consumo del Estrato de Referencia (ER) asociado al primer 20% móvil de hogares donde a lo sumo el 10% tenga dos o más de las siguientes cuatro carencias críticas: hacinamiento; déficit sanitario; carencia en educación; insuficiencia calórica en la alimentación. En la Engih 2017, el ER está dado por el quintil comprendido por los percentiles 6 al 25. Pues bien, la canasta de consumo de dicho quintil resulta ser menos modesta de lo que era la del ER considerado en la Engih 2006 (cuando aún permanecían las secuelas de la crisis de 2002). Lo cual se explica, en parte, debido a la mejora en los ingresos reales entre 2006 y 2017, con el consecuente aumento en el volumen de consumo (incluyendo el de hogares con carencias críticas). La mayor alza se dio en los rubros “prendas de vestir y calzado”, “recreación y cultura”, y sobre todo en “comunicaciones” por el a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) que tuvieron un salto abrumador entre 2006 y 2017. Mal que nos pese, la nueva canasta de referencia refleja de forma más adecuada los patrones de consumo actuales de los hogares.

En segundo lugar, no se incluye el valor locativo de la vivienda propia (ingreso imputado que se asocia al costo del alquiler en el caso hipotético de que no fuera propietario). La metodología 2006 contemplaba el valor locativo, lo cual generó una subestimación de la pobreza en aquellos hogares cuyo valor imputado (actualizado en las Encuestas Continuas de Hogares) es mayor al implícito en la canasta.

En tercer lugar, las cuotas imputadas por Fonasa también dejaron de incluirse en el vector de ingresos. La metodología anterior las incluía, lo cual podía subestimar la pobreza en hogares con cobertura cuando el valor imputado como ingreso fuera mayor al monto implícito de dicho componente en la canasta.

La imputación del ingreso tanto por valor locativo como por Fonasa tienen además una característica fundamental: no son recursos monetarios de libre disponibilidad. Por el contrario, por construcción metodológica, se asocian exclusivamente al consumo de vivienda y salud sin posibilidad de desviarlos al consumo de alimentos. Lo cual, inevitablemente, llevó a que la metodología 2006 subestimara la tasa de indigencia medida como la proporción de los hogares cuyo ingreso no alcanza a cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA). De este modo, la indigencia que era casi inexistente, según la metodología 2006, ahora asciende al 1,5% siendo la brecha entre ambas metodologías incluso más marcada que con la tasa de pobreza (gráfico 2).

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Ambos gráficos muestran una nueva realidad, y es que, si bien se mantienen las tendencias, las tasas de pobreza y de indigencia son significativamente superiores a lo que se venía mostrando. Por los motivos señalados el ajuste metodológico es más realista, y la única crítica válida es el rezago en divulgar las cifras actualizadas. Las buenas prácticas recomendadas sugieren que la Engih debería efectuarse con una frecuencia de cinco años para estar lo más al día posible con los cambiantes patrones de consumo. Por razones de costo, en Uruguay se actualiza cada diez años, lo cual significa que en 2027 debería realizarse una nueva Engih, apenas dos años luego de publicada la metodología actual.

Tanto la vieja como la nueva metodología muestran que la tasa de pobreza disminuyó en los últimos diez años a excepción de 2018, 2019 (años de estancamiento) y 2020, cuando se produjo un fuerte salto por el COVID. Ello evidencia una característica típica de la pobreza monetaria, que es su prociclicidad.

Una medición alternativa que reduce la sensibilidad de la pobreza a la volatilidad del ciclo consiste en el método de las necesidades básicas insatisfechas. Esto fue recientemente abordado por el INE a través de la estimación de la pobreza multidimensional, que mide el porcentaje de personas con privación en al menos 4 de 15 indicadores que integran cinco dimensiones clave: educación; condiciones habitacionales; servicios básicos; protección social y empleo. En 2024 el 18,9% de la población era pobre según este método, lo cual se acerca bastante al registro de 17,3% según la pobreza monetaria. Se ratifica entonces que la gravedad del problema no está en la tendencia sino en el nivel. Tanto más preocupante resulta ser cuando se abre la pobreza monetaria por tramo de edad: el 32,2% de los menores de 6 años son pobres, seguido de cerca por los niños de 6 a 12 años (28,1%) y los adolescentes de 13 a 17 años (27,5%).

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Por su parte, el método multidimensional muestra que el indicador que más contribuye a la pobreza son los años de escolarización, con nada menos que el 46% de las personas viviendo en hogares donde alguno de sus mayores de 18 años no culminó la educación primaria o media (gráfico 4).

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Además de la consideración social, desde el punto de vista económico, tanto la pobreza infantil como el déficit educativo son aspectos fundamentales, pues ilustran un stock de capital humano deteriorado, que afecta el crecimiento de largo plazo. Se trata de cuestiones críticas que deberán ser abordadas por el gobierno recién entrante en su diseño de políticas públicas.

- El autor, economista Marcelo Sibille, es gerente senior del área de asesoramiento económico y financiero de KPMG en Uruguay.