Suele decirse que “es más fácil ganar que gobernar”. En Uruguay el Frente Amplio volvió al poder después de un quinquenio en que fue permanente oposición, pero sin "izquierdizarse" mucho, sino focalizado mayoritariamente en el centro político y el votante mediano, sobre todo del interior del país.

Habiendo sido exitosa esa estrategia para ganar las elecciones, hoy la pregunta dominante es cómo será su nuevo gobierno. ¿Qué puede esperarse en materia económica de la presidencia de Yamandú Orsi? ¿Cómo será la segunda mitad de la década para la economía uruguaya?

Las respuestas a estas interrogantes pasan por el contexto externo, los condicionantes internos y la calidad de la política en términos de gobernabilidad y liderazgo para mejorar las políticas públicas, sobre todo con el objetivo de subir el crecimiento económico potencial.

Ya he fundamentado que el contexto externo será complejo, desafiante e incierto. En algún sentido, parece un entorno similar al enfrentado por el presidente Tabaré Vázquez en su segundo gobierno (2015-2020).

Varias de las amenazas se han ido consumando. El viento se percibe en contra, sobre todo el norte (Brasil) y el extrarregional. Por ahora el único viento a favor es el suroeste desde Argentina, pero hay muchas dudas de cuánto pueda durar. A nivel global hay señales de “ciclo maduro” y eso históricamente ha venido secundado por una crisis económica mundial. ¿Rebote de la inflación en Estados Unidos? ¿Crash bursátil? ¿Conflicto geopolítico? ¿Contagio desde alguna crisis regional? ¿O un cisne negro fuera del radar?

Para el desempeño del gobierno de Orsi y su resultado económico-político, será clave si eso ocurre en el quinquenio y en qué momento. Ante la duda e incertidumbre, más vale “pecar por pesimista que por optimista”. Mejor aplicar el principio de prudencia.

Dentro de las condicionantes internas hay esencialmente cuatro que refuerzan el escenario desafiante.

Primero, el desempeño económico está muy limitado por el bajo crecimiento potencial del PIB, ahora probablemente inferior a 2% dada la realidad demográfica mostrada por el último censo de población y la menor tasa de inversión.

La segunda condicionante es la necesidad de un proceso de consolidación fiscal para llevar el déficit fiscal estructural a un nivel consistente con una cifra más prudente de deuda en el largo plazo. Eso se proyecta complejo con el telón de fondo de las demandas y expectativas alimentadas en el ciclo electoral.

En tercer lugar, la política monetaria está volviendo lentamente a una instancia contractiva en un contexto de expectativas inflacionarias en torno a 6% (techo del rango) y necesidad de las nuevas autoridades de ganar credibilidad con la meta de 4,5%.

Por último, están los problemas de competitividad, sobre todo en las dimensiones no cambiarias, donde más allá de “declaraciones de intenciones”, parece improbable se ataquen los problemas de fondo, con enfoques potentes y adecuados.

Todas esas condicionantes, incluyendo las externas, hacen improbable un despegue en el crecimiento económico de Uruguay. Más bien apuntan a un aterrizaje.

Es con la perspectiva de ese escenario que la calidad de la política y los liderazgos volverán a ser claves para atenuar sus impactos adversos. Hay también en este frente varias dimensiones.

Está en el corto plazo la clásica “luna de miel” de la transición política ejemplar y las primeras señales constructivas del nuevo gobierno. Por un tiempo eso juega a favor y suele reflejarse en los precios de los activos, desde el tipo de cambio hasta los bonos soberanos. No habrá en lo inmediato un deterioro en el buen clima de negocios mientras subsiste la tradicional e inicial línea de crédito hacia las nuevas autoridades.

Pero después de ese período, no siempre de igual extensión, vendría “la hora de la verdad”, que en el caso de Uruguay está prematuramente marcada por las negociaciones en los Consejos de Salarios y la aprobación de la Ley de Presupuesto quinquenal. Aterrizar las elevadas expectativas para evitar perder rápidamente aprobación ciudadana y capital político suele ser lo aconsejable, pero por ahora no parece haber ocurrido.

Están, por lo tanto, los clásicos riesgos de choque de deseos, expectativas y buenas intenciones con la desafiante realidad descrita. Eso podría llevar a problemas de gobernabilidad, más a la interna de la coalición que en la negociación con la oposición, respecto de la cual solo necesita el apoyo de dos diputados para tener mayoría en esa cámara.

Será en el arbitraje de las tensiones entre moderados y radicales dentro del propio FA, con el PIT-CNT y con otros movimientos sociales, donde se jugará la calidad del liderazgo del presidente Orsi y parte del desempeño del quinquenio. Será, por cierto, también clave para los resultados económicos y la evolución de ciertas frustraciones la forma de arbitrar la renovada puja distributiva, otra vez tensionada por el bajo crecimiento de “la torta”.

La “Comisión sobre Protección y Seguridad Social” parece destinada a canalizar parte de esos arbitrajes, pero también conlleva los riesgos de sostenidas y regresivas presiones de gasto fiscal. Tanto más cuanto mayor sea la desaceleración y frustración económica. Tanto más si la conclusión de la comisión coincide con el ciclo electoral de 2029.

En fin, parecen ciertas las adversidades externas y las condicionantes internas para el complejo desempeño económico de Uruguay en la segunda mitad de la década. Lo incierto es el liderazgo político para abordarlas. Su calidad será decisiva para atenuarlas o amplificarlas.