El pasado 30 de abril se realizó un evento delCírculo Uruguayo para la mejor Gobernanza de las Organizaciones (CUGO) sobre “Reflexiones para una mejor gobernanza de las empresas estatales”. En esta columna habré de referir a algunas de las reflexiones que realicé, en el que compartí con los ingenieros Alejandro Stipanicic y Marta Jara y con el contador Julio Porteiro.

Basé parte de mi exposición en dos documentos en los que tuve alguna participación años atrás, uno producido por el Observatorio de Energía y Desarrollo Sustentable, de la UCU, que dirigía Omar Paganini, y otro, realizado bajo el paraguas de Ceres por numerosos técnicos de diversas profesiones.

La realización de dicho evento coincidió con la postergación que algunos sectores políticos dispusieron sobre la designación de sus representantes en diversas agencias estatales en el marco del “reparto” que es normal en esa materia. Lo que dejó en evidencia cuál es una de las “canteras” en las que se buscan candidatos para su dirección. Y cuáles son las calificaciones, que en la realidad y contraviniendo al artículo 187 de la Constitución, se le exige a quienes habrán de desempeñar esos cargos.

También coincidió la realización del evento con la difusión de los aportes a las finanzas sectoriales o partidarias (en algunos casos, exorbitantes) que deben realizar quienes son electos o designados para desempeñar cargos políticos o de confianza.

Prácticas, ambas, que se dan de bruces contra cualquier acepción decente de la palabra gobernanza.

Hablar de gobernanza se puede hacer de manera independiente de la naturaleza de la propiedad de la empresa. Nuestro ADN social estatista batllista (o nuestra religión, en este país laico) ha desechado contundentemente la posibilidad de privatizar las empresas estatales, pero eso no implica que aun siendo propiedad del Estado no puedan tener una buena y moderna gobernanza.

Transparentar los subsidios que se le imponen desde la política, desde los gobiernos, a las empresas estatales, constituye otra buena práctica hacia la cual nos debemos conducir. ¿Cuál es la magnitud del subsidio al consumo de super gas, a la producción de cemento portland y a la zona de la localidad de Bella Unión? Seguramente algunos cientos de millones de dólares cada año que son más propios de agencias de desarrollo que de una empresa.

En los hechos, equivale a que Ancap esté obteniendo una ganancia equivalente a ese monto y que el gobierno la esté destinando a esos fines. Pero eso, que así debería ser por una mayor transparencia, se realiza de manera opaca. Los subsidios deben ser establecidos por ley, es decir analizados y aprobados por el Parlamento y financiados de manera explícita por el Tesoro mediante el presupuesto nacional. Si así fuera, Ancap podría destinar parte de su ganancia a reducir los precios, haya monopolio o no. Que aún si no lo hubiera, no podría hacerlo de mantenerse la situación planteada.

La transparencia también debería conducir a que se conocieran los resultados de diversas áreas de las empresas estatales, de naturaleza diversa como la generación, la trasmisión y la distribución de electricidad o ya sea que compitan o no con empresas privadas, como las telefonías fija y móvil.

Las decisiones de fijar sus precios, definir sus inversiones y endeudar a una empresa estatal deberían ser parte del ámbito de su soberanía, dados los marcos regulatorios y entes reguladores profesionales e independientes. Por ley se debería establecer el retorno que deben aportar a sus “accionistas”, que debería ser al menos la tasa de interés a la que se endeuda el Estado, aplicada al patrimonio de la empresa (es decir el capital que la sociedad tiene invertido en ellas). Y esto debería ser lo único de naturaleza fiscal, es decir con incidencia en el resultado fiscal. Pero posiblemente debería ser bastante más que eso, en línea con empresas colegas del resto del mundo. También la información que deberían aportar debería ser al menos la que aportan las empresas que cotizan en las bolsas del mundo.

Por el contrario, actualmente, son los gobiernos los que, por ejemplo, fijan sus precios o “tarifas públicas” y los que aprueban sus planes de inversiones, teniendo en cuenta cuestiones macro como la inflación y el resultado fiscal.

Para lograr todo esto y mucho más, es necesario cambiar el criterio de designación de los directores de estas empresas, la oportunidad de sus designaciones y las condiciones que se les debe exigir.

A modo de ejemplo, se debería desfasar el período de permanencia de los directores, tanto de los períodos electorales, como entre los mandatos de los de un mismo directorio. República AFAP y el Consejo Fiscal Asesor constituyen dos ejemplos de esta forma de funcionamiento de los directores o de un consejo.

Además, se deberían divorciar las carreras política y istrativa, impidiendo que una misma persona pueda transitar por los dos andariveles alternativamente. Yendo y viniendo de cargos electivos según la suerte que obtuvo en cada elección. En el caso del BPS ya existe algo por el estilo en la imposibilidad de ser candidato en las elecciones siguientes a las de su mandato como director. También, en ese nuevo contexto, las remuneraciones de los directores deberían ser “de mercado”.

Suena utópico imaginar que algún día veremos concretado todo esto. Sin dudas es difícil esperar que los políticos se auto limiten en este sentido, perdiendo un “seguro de desempleo de lujo” para ellos mismos, así como amputándose la posibilidad de ganar notoriedad al frente de estas empresas para beneficio de sus carreras políticas y de sus partidos. Lo mismo que perdiendo los aportes a las finanzas partidarias por las remuneraciones obtenidas en el ejercicio de esos cargos.

El inadecuado manejo de las empresas estatales por parte de los políticos constituye una de las tantas malas “políticas de país” que tenemos en Uruguay.