“El actual gobierno y el anterior contraponen supuestos relatos sobre anuncios y déficit”, expresaba el titular de primera plana de la edición de Búsqueda del 24 de abril, con relación a las controversias entre unos y otros acerca de la gestión del nuevo gobierno y de la situación fiscal heredada. Me voy a concentrar en la parte fiscal, dado que allí los relatos deben allanarse ante la realidad, ya que los números no pueden dar lugar a relatos u opiniones contrapuestas. Salvo que quienes los analizan los presenten de manera sesgada, lo que es fácil de verificar por la propia naturaleza de los números.

Los números, y otros datos de la realidad, muestran varias cosas.

Primero, que el gobierno anterior llegó con el mandato de bajar el gasto público como forma de sanear las finanzas públicas, sin subir impuestos, y de hacerlo con contundencia en el primer año de gobierno (hablaron de casi mil millones de dólares de reducción de gasto público en el primer año), de modo de llegar al fin del período con un déficit de 2,5% de un PIB que luego se reestimó casi 10% superior, lo que hubiera implicado ajustar la meta de 2024 a 2,2% del PIB.

Segundo, que, a poco de asumir, dicho gobierno se encontró con una pandemia que lo llevó a perder ingresos, a aumentar gastos y a acrecer la deuda pública, como sucedió en todo el mundo. El MEF estimó que el “efecto fiscal Covid” fue de 3,3% del PIB entre 2020 y 2022.

Tercero, que para enfrentar esa situación se contuvo el gasto público, induciendo caídas en términos reales en salarios y jubilaciones, que el gobierno aseguró que serían transitorias, y que se recuperaron más que totalmente hacia el final del período de gobierno.

Cuarto, que, a septiembre de 2022, cuando se cumplía la mitad del período de gobierno, el déficit fiscal, excluido el “efecto fiscal COVID”, alcanzaba a sólo 2,2% del PIB.

Quinto, que a partir de entonces el resultado fiscal comenzó a deteriorarse, cerrando el período en -4,2% del PIB. A diferencia de lo ocurrido en la primera mitad del período de gobierno, en la segunda todos los rubros de gastos subieron, especialmente las pasividades y los salarios públicos, tal como había sido anticipado al inducirse su deterioro inicial.

Sexto, que la regla fiscal creada en la LUC, fue incumplida en 2024 en sus tres pilares y que no impidió que, como es habitual desde siempre, el ciclo electoral afectara a las finanzas públicas.

Séptimo, que, según el análisis de este economista, dicha regla ya había sido incumplida en sus tres pilares en el año 2023, según fue expuesto en la columna del 4 de marzo de 2024, titulada “Hablemos de la regla fiscal: el próximo gobierno deberá introducir mejoras”.

Octavo, que las autoridades del actual gobierno calcularon en torno a 0,5% del PIB la magnitud en la que el déficit de 2024 habría sido subestimado por la postergación de pagos para 2025. Se puede alegar que es posible que sea habitual que ello ocurra entre gobiernos sucesivos, pero también es cierto que nunca antes se había expuesto el detalle de tales postergaciones como se hizo en esta oportunidad.

Hasta aquí los números y otros datos de la realidad. El déficit fiscal de 2024, que en nada fue incidido por la crisis sanitaria, la sequía u otras cuestiones extraordinarias, terminó duplicando, aproximadamente, al que se planteó en el Presupuesto de 2020. El mandato de bajar el gasto sólo fue cumplido transitoriamente, ya que en la segunda mitad del período creció más de lo que bajó en la primera y terminó un punto del PIB por encima del de 2019. Y se lo bajó reprimiéndolo y no reduciéndolo.

En ese contexto, el pronunciamiento del Consejo Fiscal Asesor (CFA) sobre la gestión fiscal de 2024 fue correcto y preciso. Increíblemente, fue controvertido por las anteriores autoridades del MEF, antes de dejar sus posiciones de gobierno, que reclamaron al CFA tener en cuenta consideraciones políticas, lo que no está en su naturaleza. Por cierto, el CFA volvió a actuar con corrección al desestimar aquella crítica y al ratificar su dictamen.

Como vimos en nuestra columna anterior, es razonable que, dada la experiencia de estos años, sea revisada la regla fiscal y la institucionalidad fiscal en general, de modo de incorporar elementos que puedan mejorarlas.

En términos de políticas de país, fue positivo que el gobierno anterior diseñara la regla vigente y que la cumpliera por tres años. Que después haya sucumbido ante la política, no es culpa de la regla sino de nuestra idiosincrasia. Será positivo que el gobierno actual la mejore, a la luz de la experiencia transcurrida desde su creación. Y será más positivo si logra cumplirla en todo el quinquenio.

Sin pretender agotar el temario, dejo a continuación algunos elementos a tener en cuenta a la hora de proceder a mejorar la regla fiscal vigente.

Uno, ampliar al máximo posible su “perímetro”, que hoy incluye al Gobierno Central y al BPS y deja por fuera al resto del sector público, incluso a agencias relevantes en la ejecución del gasto o las inversiones, como la CND y la CVU.

Dos, mientras que la meta sobre el resultado fiscal se define en términos “estructurales”, la referida al tope del gasto se define en términos contables. Para ganar coherencia, al evaluar el cumplimiento de esta meta, se deben deducir del gasto los factores extraordinarios que se consideraron para ajustar el resultado fiscal observado. Y fijar el tope de gasto por debajo del crecimiento “de largo plazo”.

Tres, con relación a la meta sobre endeudamiento, en los últimos dos años se abusó de la posibilidad de ampliarla. En 2023, se puso como excusa a la crisis hídrica, que “costó” sólo US$ 52 millones, y en 2024 se esgrimió una variación del IPC menor a la prevista porque habría dado lugar a una menor recaudación. En este caso, la mejoría a la regla podría venir por la autorización de un aumento de la deuda “a rendir cuentas”.

Cuatro, las metas fiscales, una vez establecidas no deberían ser ajustadas, en lo que algunos colegas definieron como “correr el arco”.