El déficit fiscal observado del Gobierno Central-BPS (GC-BPS) cerró 2024 en 3,4% del PIB, una décima superior al de 2023 y tres décimas por encima de lo previsto en la rendición de cuentas (RC) de junio 2024. A pesar de que el déficit fue similar al de 2023, su composición evidencia un notorio deterioro en el último año.

Tal como estaba previsto en la Rendición de Cuentas presentada por el gobierno en junio de 2024 el gasto público aumentó un 0,75% del PIB, al tiempo que los ingresos aumentaron en similar magnitud por un incremento en las utilidades (extraordinarias) de las empresas públicas y la recaudación del BPS. Por su parte, la recaudación de la DGI se redujo en 0,2% del PIB frente a 2023 y fue 0,3% del PIB menor a la prevista en la RC de junio 2024.

Más allá del dato observado, lo relevante es evaluar lo ocurrido con el Resultado Fiscal Estructural (RFE), que corrige las cifras por ingresos y egresos extraordinarios (ej. utilidades de empresas públicas, gasto covid, etc.) y por el ciclo económico. El RFE de 2024 se conocerá en los próximos días, pero considerando la proyección realizada por el MEF en la RC (-3,4% del PIB) y que el desvío respecto a lo proyectado parecería responder a fenómenos estructurales y no transitorios (menor recaudación de la DGI como % del PIB), es factible que el RFE haya cerrado el año pasado en torno a 3,7%-3,8% del PIB. Se trataría de un deterioro cercano al 1% del PIB, no muy diferente a lo ocurrido en otros años electorales.

En este contexto, el gobierno saliente finalizará su gestión con un déficit fiscal estructural en torno a 3,7%-3,8% del PIB, inferior al que recibió (4,5% del PIB), pero bastante por encima de lo previsto y del nivel necesario para estabilizar la trayectoria de la deuda pública (en ambos casos, en torno a 2,5% del PIB). A su vez, no debe pasarse por alto que la reducción del déficit respecto a 2019 se explica enteramente por un incremento de los ingresos en relación al PIB (fundamentalmente BPS e IVA) y no por una reducción del gasto público como se planteó al inicio del período, que aumentó cerca de 1% del PIB en el período. Ello no es negativo per se, pero claramente indica lo complejo (al menos políticamente) de corregir el déficit fiscal reduciendo el gasto público.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que la “situación fiscal” no solo contempla el resultado actual sino también su eventual trayectoria. En ese sentido, que el riesgo país se ubique en niveles históricamente bajos y la calificación crediticia haya aumentado probablemente refleje una combinación de: I) un déficit fiscal estructural inferior al de 2019; II) la mejora futura de las cuentas públicas derivada de la aprobación de la reforma de la seguridad social; III) la importancia de la nueva institucionalidad fiscal; IV) la percepción de que la próxima istración reducirá el déficit fiscal a niveles consistentes con una trayectoria estable de la deuda pública.

Foto: Estefanía Leal

En cualquier caso, mantener la calificación crediticia presupone implícitamente que el gobierno entrante deberá retomar la convergencia del déficit fiscal hacia niveles que estabilicen la evolución de la deuda en el mediano plazo. El gobierno saliente asumió con la necesidad -y quizá también el mandato- de reducir el déficit fiscal de 4,5% a 2,5%; el próximo deberá reducirlo de 3,7%-3,8% a 2,5%. En caso de que se consolide un escenario de tasas de interés más altas y considerando que la deuda es superior a la de 2019, es posible que el déficit deba converger hacia niveles más cercanos al 2,0%.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que el presupuesto de 2025 será el de 2024 y ello permitiría, si se asume un crecimiento del PIB en torno a 2,5% y una inflación promedio de 6%, reducir el déficit fiscal estructural al entorno de 3,3%-3,5%. En este contexto, la Ley de Presupuesto que remitirá el próximo gobierno en agosto deberá incorporar una reducción adicional del déficit fiscal hacia 2029 de 1% del PIB.

En la medida en que el riesgo país se mantenga bajo control, el gobierno tendrá margen para que la reducción ocurra de forma progresiva, pero ello requerirá: (I) que las proyecciones delineadas en el próximo presupuesto sean factibles de alcanzar; (II) despejar la incertidumbre que podría generar el eventual “costo fiscal” del diálogo social; (III) que la política monetaria, salarial y fiscal estén alineadas.

Despejar la incertidumbre fiscal es clave porque reduce el esfuerzo necesario para reducir el déficit fiscal. Mayor credibilidad es sinónimo de menor riesgo país y mayores certezas para la inversión privada, necesaria para apuntalar el crecimiento y evitar que el ajuste ocurra mediante recorte de gastos o aumento de impuestos.

Considerando que la coyuntura internacional no nos “impulsará”, lograr una tasa de crecimiento de 2,5% anual en 2026-29 que evite aumentar impuestos para reducir el déficit fiscal requerirá de promover reformas que le permitan alcanzar mayores niveles de competitividad y de crecimiento.

En este contexto, parece evidente que parte de las prioridades del próximo gobierno deberán financiarse mediante una reasignación de gastos dentro del Estado, redireccionando gasto (o subsidios) desde áreas poco productivas hacia políticas enfocadas en la población vulnerable. La evidencia reciente muestra que se trata de reformas complejas de realizar por temas de economía política, pero las alternativas no abundan