La Unión Europea se enorgullecía de ser una "potencia normativa": una región cuya influencia no provenía de la fuerza militar, sino de su capacidad para establecer reglas y normas de comportamiento que el resto del mundo seguía. Durante años, este "Efecto Bruselas", como lo denominó la jurista Anu Bradford, ha sido real y poderoso, incluso en el ámbito digital. El impacto de la UE es particularmente evidente en la protección de datos, dondeel Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) ha inspirado una oleada de legislación similar desde Brasil y México hasta Sudáfrica e India. Pero ahora, mientras Europa se enfrenta a crecientes presiones externas de Washington y Silicon Valley, su liderazgo regulatorio se está resquebrajando. Recientes análisis de alto perfil sobre la competitividad de la UE, incluyendo el informe "El futuro de la competitividad europea" de Mario Draghi y la evaluación del mercado único de Enrico Letta, han generado debates internos y empujado a la UE a considerar la desregulación o la simplificación de sus normas digitales.

Brasil ofrece el caso de estudio perfecto para comprender qué está en juego. El país sudamericano ha seguido el modelo regulatorio europeo, primero con una legislación de privacidad similar al RGPD, y ahora con una propuesta de Ley de Mercados Digitales (DMA) que evoca la Ley de Mercados Digitales de la UE, cuyo objetivo es frenar a los gigantes tecnológicos. Sin embargo, a medida que Europa parece flaquear en su determinación por la regulación, países como Brasil se preguntan: ¿se están uniendo a un movimiento global o se verán obligados a enfrentarse solos a las grandes tecnológicas?

Los legisladores brasileños han dado pasos significativos hacia la armonización regulatoria con la UE, siendo el ejemplo más notable la adopción de la Ley General de Protección de Datos (LGPD), inspirada en el RGPD. El Proyecto de Ley de Plataformas Digitales de Brasil (PL 2768/2022) es un ejemplo contundente del Efecto Bruselas en acción. Actualmente en deliberación en la Cámara de Representantes de Brasil, el proyecto de ley imita intencionalmente la DMA de la UE en su esfuerzo por prevenir prácticas anticompetitivas entre las plataformas digitales dominantes. Se le conoce a menudo como la "DMA brasileña". La congresista Any Ortiz, ponente del proyecto de ley, declaró explícitamente que están "observando cómo se está implementando la DMA en la UE en particular, por lo que contamos con elementos más sólidos para implementar y debatir la regulación".

Sin embargo, al adaptar la normativa de la UE, Brasil ha optado por un camino diferente. Si bien el marco de la UE se aplica a las mayores empresas digitales como Alphabet, Meta y Amazon, con un umbral claro de ingresos (7.500 millones de euros) y base de s (45 millones de s de la UE), la versión brasileña abarca un espectro más amplio. Con un umbral de ingresos significativamente menor, de aproximadamente 14 millones de dólares (aproximadamente 500 veces menor que el de la UE), y sin una definición exhaustiva del término "poder significativo de control de ", la propuesta brasileña impone cargas regulatorias a cientos de empresas tecnológicas, incluyendo startups y unicornios nacionales.

Esta no es una distinción menor. Si bien ambos marcos buscan prevenir prácticas monopolísticas como la autopreferencia y la agrupación desleal, el enfoque de Brasil integra objetivos políticos más amplios, como la protección del consumidor, la descentralización económica y una mayor participación social. Sin embargo, la propuesta brasileña ha sido criticada por carecer de objetivos políticos claramente definidos y por su ambigüedad.

Otra distinción clave reside en la aplicación de la ley: mientras que la UE asigna la supervisión regulatoria a sus autoridades de competencia, Brasil la atribuye a la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (ANATEL). Esta decisión extiende la supervisión regulatoria más allá de la política de competencia, abarcando preocupaciones más amplias sobre la gobernanza digital. El amplio alcance del PL 2768/2022 ha suscitado preocupación por su posible impacto en la naciente economía digital brasileña, ya que no solo se dirige a las grandes tecnológicas estadounidenses, sino que también impone importantes obligaciones de cumplimiento a las empresas brasileñas, lo que genera temores de una regulación excesiva que podría frenar la innovación y afectar a las empresas locales.

El panorama global cambió drásticamente el 21 de febrero de 2025, cuando el presidente Trump emitió una directiva que caracterizaba la regulación digital de la UE como una "explotación injusta de la innovación estadounidense". Las amenazas de su istración con aranceles y otras represalias han puesto de manifiesto las vulnerabilidades geopolíticas de las ambiciones regulatorias de Europa. En respuesta, los funcionarios europeos contraatacaron con la carta de los legisladores de tecnología y competencia de la Comisión Europea dirigida a los funcionarios estadounidenses, en la que refutan las afirmaciones de Trump sobre la erosión del liderazgo tecnológico estadounidense. Enfatizaron que la regulación no afecta únicamente a las empresas estadounidenses, citando investigaciones sobre Booking.com (con sede en Europa) y TikTok (China), y destacaron que varias empresas estadounidenses, como Epic Games, DuckDuckGo, Netflix y Disney, apoyan activamente la aplicación de la DMA porque ayuda a equilibrar las condiciones frente a los gigantes tecnológicos.

Sin embargo, desde la perspectiva de Brasil, estas tensiones transatlánticas ponen de manifiesto la posibilidad de que la UE no sea el socio regulador confiable que esperaba y que, a pesar de haber impuesto multas multimillonarias a importantes empresas tecnológicas, la UE podría estar retrocediendo en sus ambiciones regulatorias en el escenario internacional, un cambio que Brasil no había previsto. Lo que Brasil desea es formar parte de una coalición más amplia de países que impulsen la regulación digital. Si la UE debilita su postura, Brasil teme quedar aislado en sus esfuerzos por regular a las grandes tecnológicas, lo que dificultaría la implementación de su propia "DMA brasileña" y reduciría su influencia en las negociaciones internacionales.

Estas preocupaciones se extienden más allá de la regulación de la competencia y abarcan la gobernanza de la inteligencia artificial, donde el bloque muestra señales de priorizar la innovación sobre la seguridad y la responsabilidad corporativa. Una prueba importante para la determinación de la UE en materia de regulación digital llegó con la fecha límite del 25 de marzo para que Apple, Meta y Google demostraran su cumplimiento con la DMA. Sin embargo, no se ha anunciado ninguna decisión. Según informes recientes del Financial Times, la UE se prepara para imponer multas mínimas a Apple y Meta, lo que indica su intención de evitar una escalada de tensiones con la istración del presidente estadounidense Donald Trump.

La edición más reciente del Diálogo Digital Brasil-UE, celebrada en febrero de 2025, envió señales contradictorias. Si bien ambas partes reafirmaron su compromiso con la cooperación en materia de gobernanza de datos, inteligencia artificial e implementación de regulaciones digitales, el comunicado final adoptó un tono más cauteloso que las declaraciones anteriores e incluyó referencias menos prominentes a la moderación de contenido y la tributación de las grandes tecnológicas.

El Proyecto de Ley de Competencia Digital de Brasil (PL 2768) es un ejemplo directo del Efecto Bruselas, que demuestra cómo las regulaciones de la UE configuran los marcos legales más allá de sus fronteras, a pesar de las diferencias en su alcance y las dificultades de implementación. Sin embargo, si la UE debilita su postura, corre el riesgo de socavar este efecto, generando incertidumbre para los socios que ven a Europa como un contrapeso tanto a las políticas de laissez-faire de EE.UU. como al enfoque estatal de China.

La credibilidad de la estrategia de gobernanza digital de la UE está ahora en juego. La reticencia a mantener la presión regulatoria plantea interrogantes fundamentales sobre si Europa está realmente comprometida con la aplicación plena de su DMA, junto con la legislación clave posterior, como la Ley de Servicios Digitales (DSA) y las regulaciones de IA. Dar marcha atrás ahora no solo socavaría las victorias regulatorias previas, sino que también envalentonaría a las grandes corporaciones tecnológicas y a los actores políticos que buscan debilitar la soberanía digital de la UE.

La UE se enfrenta a una coyuntura crítica: reforzar su liderazgo regulatorio y envalentonar a aliados como Brasil, o retroceder ante la oposición y socavar su propia reivindicación de soberanía digital. Una postura regulatoria firme mantendría el Efecto Bruselas y aseguraría a aliados como Brasil que la cooperación internacional en gobernanza digital, liderada por valores democráticos, sigue siendo viable frente a la creciente ola de aislacionismo y guerras comerciales. La UE también debe resistirse a dejarse intimidar por los aranceles de Trump y la dinámica general de la guerra comercial, manteniendo una legislación independiente de las presiones políticas a corto plazo. Lo que está en juego va más allá de la política de competencia: se trata de configurar el futuro equilibrio de poder en los mercados digitales globales.

- Los autores: Miguel Otero-Iglesias, Profesor de Práctica de Economía Política Internacional y Gonzalo Rodríguez, analista de investigación, IE. El artículofue publicado originalmente en Insights, de IE University.